«Lijo y García Mansilla en la Corte representan un peligro para los derechos humanos»
La coordinadora de Litigios Estratégicos de Católicas por el Derecho a Decidir planteó a NORTE una preocupación que considera federal.
Católicas por el Derecho a Decidir es una de las tres organizaciones que cuestiona la postulación de los jueces Ariel Lijo y Manuel García Mansilla para ocupar un lugar en la Suprema Corte.
Junto al Grupo de Investigación en Derechos Sociales (Gides) y la Fundación para el Desarrollo de Políticas Sustentables (Fundeps) pidieron al Ministerio de Justicia de la Nación exponer sus motivos.
Rocío García Garro es la coordinadora de Litigios Estratégicos de la organización y expuso a NORTE por qué considera que hay riesgo en caso de que obtengan respaldo del Senado.
«Soy de Córdoba y con provincias como el Chaco nos preocupa que falten integrantes de las provincias. Por la importancia de las decisiones que se toman no solo resuelven para Buenos Aires, son la última instancia de revisión para las causas que afectan a todo el país», enfatiza.
Las mujeres
García Garro agrega que también le parece clave que a la hora de integrar el máximo tribunal de la Nación no haya mujeres, con lo cual espera que se propongan candidatas a los fines de garantizar la equidad.
«Hay tres acciones en la Corte Suprema tratando de sostener la inconstitucionalidad de la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Una de ellas fue retrasada hace muy poco por la actual conformación», ejemplifica.
Cuestionamientos
Al juez Ariel Lijo se le cuestiona que enfrenta serias acusaciones en el Consejo de la Magistratura, incluyendo negligencia en la investigación de casos de corrupción, retrasos injustificados en procesos legales y acusaciones de enriquecimiento ilícito, además de cargos penales por asociación ilícita, lavado de dinero, cohecho y tráfico de influencias. Además, carece de méritos profesionales o académicos que respalden su candidatura.
De García Mansilla se objetan sus manifestaciones abiertas en contra de acuerdos internacionales en materia de derechos humanos. Para Católicas lo preocupante es el caso puntual de su rechazo a la Ley 27.610 de Interrupción del Embarazo, una norma que la abogada recuerda fue «ampliamente debatida y aprobada por el Congreso».
«Representa un riesgo, un peligro, en relación con los derechos humanos en general y ni que hablar de los derechos sexuales y reproductivos en particular», remarca la especialista.
Los rechazos
En un documento difundido esta semana Católicas y otras dos organizaciones del país subrayan un mismo rasgo.
«García Mansilla ha cuestionado la jerarquía de tratados internacionales de derechos humanos firmados y ratificados por Argentina. También expresó su oposición al derecho al aborto, incluso en casos donde el embarazo es producto de una violación. Su incorporación implica un serio riesgo para la garantía de derechos de mujeres y personas gestantes», se explicita.
La última instancia
García Garro sostiene que en los cinco meses de gobierno de La Libertad Avanza en líneas generales se advierte cierto viso de retroceso en algunos tribunales de las provincias. «Por eso es clave que la Corte Suprema garantice la vigencia de la Constitución y de los Tratados Internacionales», dice.
A la pregunta sobre el tipo de acciones que lleva adelante Litigios Estratégicos, García Garro indica que en líneas generales se aboca a la defensa de la Ley 27.610 y de los derechos sexuales y reproductivos. «Lamentablemente sabemos que hay muchos sectores que se presentan ante la justicia para obstaculizar el cumplimiento de la ley. Entonces, nos toca muy de cerca que la Corte sea la última instancia a la que recurrimos para resolver este tipo de contienda judicial.
