Caso G.C.: El juez investiga y salen a la luz sorprendentes revelaciones
El magistrado revisa el escandaloso procedimiento de internación forzada de una mujer. Dictó una resolución cargada de datos llamativos.
El caso de G.C., la abogada y trabajadora del Poder Judicial que en octubre fue brutalmente retirada de su casa para ser internada por la fuerza en la sala de Salud Mental del Hospital Perrando, perdió visibilidad pero no intensidad.
El juez a cargo viene manejando información delicada y, en algunos puntos, sorprendente. Juan Pablo Lubary, titular del Juzgado de Familia 3 de Resistencia, dictó la semana pasada una resolución que impactó fuerte en el ambiente judicial y que, entre otras cosas, vuelve más incómoda la posición en el caso de la titular de la Defensoría General del Poder Judicial, Alicia Alcalá.
ACCESOS NO AUTORIZADOS
La resolución es la 1350, que se dictó el 31 de octubre pasado. Allí el juez cita que uno de los abogados de G.C. (en el mismo instrumento se dispone que se guarde la identidad de la mujer), Alejandro La Regina, manifestó que había ocurrido un acceso digital no autorizado a información confidencial del expediente relacionado con la trabajadora avasallada en el barrio Provincias Unidas.
La Regina presume que se debió a una relación muy estrecha entre la jueza de Familia que llevaba el caso, Vilma Liliana Almirón (titular del Juzgado de Familia 4), y Alcalá , quien había sido la responsable de pedir la «evaluación» psiquiátrica de G.C.
La trabajadora, a su vez, había denunciado tiempo atrás una situación de acoso laboral en la Defensoría, órgano del cual era personal. Por eso no se descarta que la manera en que fue prácticamente secuestrada de su domicilio haya sido una represalia por aquella denuncia.
Almirón se apartó del expediente, que pasó a manos de Lubary, quien quedó así a cargo del control de legalidad de lo actuado. El juez, desde entonces, dio señales de un fuerte sentido de defensa de su independencia, aunque en el ambiente judicial se afirma que viene siendo, por ello, víctima de fuertes presiones.
En los considerandos de su decisión, el juez comenta que La Regina objetó un posteo de Alcalá en sus redes sociales, donde subió un enlace para acceder a un artículo publicado en «Litigio» , un portal local poco conocido que se dedica a temas judiciales.
Se titulaba «Salud Mental, procedimiento policial y operación mediática : 15 preguntas sobre el caso G.K.C.», y era un intento de reivindicar a Alcalá, en medio de los fuertes cuestionamientos que recibía la Defensora General.
Algo grave que se menciona en esa contextualización de la resolución es que, además, el artículo «expondría información privada (de G.C.), vulnerando el derecho a la intimidad que la Justicia y, en especial, la Defensoría deberían resguardar». Es decir, la propia Alcalá contribuía, con la difusión de esa nota, a vulnerar la privacidad de una ciudadana.
CONEXIONES
La Regina sumó que «poco después de la internación de la Sra. C., el empleado del Fuero Federal Dr. Paulo Pereyra, quien colabora con la misma revista «L» (por Litigio), envió audios intentando obtener detalles del expediente» .
Al momento de resolver, el juez considera liminarmente acreditado que el juzgado de Almirón «se incluyó a sí mismo y a la Defensoría General (que no es parte en este proceso) como «oficina colaborativa», permitiéndole acceso indebido a actuaciones reservadas» .
El juez cuenta que luego de eso, La Regina «señaló múltiples intentos de obtener información por vías alternativas, incluyendo al director de la revista «L»«.
Y agrega: «Se presentó también documentación que sugiere que el Dr. Paulo Pereyra, empleado del Fuero Federal y colaborador frecuente de la revista «L», habría enviado audios intentando acceder a detalles del expediente reservado».
El texto dice que Pereyra ya tiene antecedentes por la divulgación parcializada de información reservada en perjuicio de menores, siendo objeto de un proceso sancionatorio en la Sala II de lo Contencioso Administrativo (Exp. 13558/2023-I-A)». Y dice que «también se adjuntaron fotografías de este empleado federal junto con la jueza Almirón».
Pero además, la resolución menciona que «desde la orden de este Juzgado (de impedir el acceso de la oficina de Alcalá al expediente), funcionarios de este fuero han recibido llamadas de un alto funcionario del Ministerio Público de la Defensa, quien habría intentado obtener información de manera irregular sobre el estado de las actuaciones procesales reservadas».
«En este contexto, al declararse abstracta la internación (por el alta de la Sra. C), y tras notificar a un órgano de la Defensoría General, la revista digital «L» publicó nuevamente detalles del expediente, en línea con la posición de la Defensora General, exponiendo información sobre la salud de la Dra. C. Además, se realizó un incorrecto paralelismo con otro expediente (28161/2024-1), accesible únicamente para el Ministerio Público de la Defensa», se agrega.
«Queda claro que la Sra. Defensora General no es parte de las actuaciones, lo cual refuerza la tesis de una actuación indebida, atribuible a una posible relación amistosa entre la jueza Almirón y la Defensora (Alcalá)», dice Lubary.
En el final, insta «a todos los funcionarios y especialmente al Ministerio Público de la Defensa a observar estrictamente el carácter reservado de las actuaciones y a abstenerse de difundir o publicar artículos con información sensible de la Sra. G.C.»
