Justicia de EE.UU. ordena a Argentina entregar el 51% de las acciones de YPF: Impacto y controversia
Un fallo de alto impacto económico y político
El 30 de junio de 2025, la jueza Loretta Preska, del Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, ordenó al Estado argentino transferir el 51% de las acciones Clase D de YPF a los beneficiarios del fallo por la expropiación de la petrolera en 2012, como parte del cumplimiento de una sentencia que condena al país a pagar US$16.100 millones. Esta decisión, que otorga un plazo de 14 días para depositar las acciones en una cuenta de custodia global en el Bank of New York Mellon (BNYM), ha generado una fuerte reacción en Argentina, con un desplome superior al 5% en las acciones de YPF en Wall Street y una caída del 6% en el mercado local, según reportes de medios como Clarín y TN.
El fallo, difundido por Sebastián Maril, CEO de Latin Advisors, a través de su cuenta de X, responde a una moción presentada por los demandantes, liderados por el fondo Burford Capital y Eton Park, que buscan ejecutar la sentencia de 2023, aún impaga, por la expropiación de YPF durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, con Axel Kicillof como viceministro de Economía. El presidente Javier Milei anunció que el Gobierno apelará la decisión en todas las instancias necesarias para “defender los intereses nacionales”.
Detalles del fallo y argumentos legales
La jueza Preska fundamentó su decisión en la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras (FSIA) de EE.UU., que permite ejecutar activos de un Estado extranjero utilizados para actividades comerciales en territorio estadounidense. Según el fallo, las acciones de YPF cumplen este criterio, ya que el Estado argentino las ha utilizado para dirigir actividades comerciales de la petrolera, como su cotización en la NYSE, el programa de ADR, el registro en la SEC y la emisión de deuda a inversores estadounidenses. Preska argumentó que las acciones Clase D son “libremente transferibles” bajo la ley de Nueva York, a pesar de las restricciones del Artículo 10 de la Ley de Expropiación de YPF, que exige aprobación del Congreso argentino para su transferencia.
El tribunal desestimó la existencia de un “verdadero conflicto” entre la legislación argentina y el pedido de los demandantes, señalando que Argentina tiene opciones legales para cumplir, como obtener autorización del Congreso, modificar la ley o negociar un acuerdo. Además, Preska destacó el “fuerte interés de los Estados Unidos en hacer cumplir sus sentencias”, priorizando la ejecución del fallo sobre consideraciones de cortesía internacional.
Contexto del litigio
El conflicto se remonta a la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, cuando el Estado argentino adquirió la participación mayoritaria de Repsol, que recibió una compensación de US$5.000 millones en 2014. Sin embargo, los accionistas minoritarios, representados por Petersen Energía (propiedad de la familia Eskenazi) y Eton Park, no recibieron una oferta pública de adquisición (OPA), como establecía el estatuto de YPF para compras superiores al 15%. Esto motivó una demanda iniciada en 2015 en Nueva York, liderada por Burford Capital, que adquirió los derechos de litigio de Petersen por US$16,6 millones tras su quiebra en España.
En septiembre de 2023, Preska condenó a Argentina a pagar US$14.385 millones a Petersen y US$1.714 millones a Eton Park, más intereses del 5,42% anual. La sentencia se basó en la violación del estatuto de YPF y en declaraciones de Kicillof, quien en 2012 calificó la OPA como una “trampa” que el Estado no debía cumplir, lo que fue citado por Preska para justificar el fallo. Argentina apeló la condena en 2023, pero no depositó la garantía requerida, lo que habilitó a los demandantes a solicitar el embargo de activos, incluyendo las acciones de YPF.
Impacto económico y reacción en los mercados
El anuncio del fallo provocó una reacción inmediata en los mercados. Según el finance card, el precio actual de las acciones de YPF es US$31.145, con una caída desde los US$31.45 del cierre previo, reflejando una baja de aproximadamente el 1,4% al 1 de julio de 2025. Durante la jornada del 30 de junio, las acciones cayeron más del 5% en Wall Street y hasta un 6% en Buenos Aires, impactando también al Merval, que pasó de un inicio positivo a una caída superior al 3%. Este desplome refleja la incertidumbre sobre el control de YPF, una empresa estratégica para Argentina, especialmente en el contexto del desarrollo de Vaca Muerta.
El impacto económico es significativo, dado que Argentina enfrenta restricciones financieras severas, con reservas internacionales en niveles críticos y una deuda pública que supera el 85% del PBI. La sentencia de US$16.100 millones, equivalente a casi un tercio de las reservas del Banco Central, representa un desafío adicional en un contexto de negociaciones con el FMI y un aumento de los costos de vida, como los combustibles (Decreto 441/2025) y la energía, según el proyecto de tarifa diferencial del Chaco.
Reacciones políticas y perspectivas legales
El presidente Javier Milei criticó duramente el fallo, responsabilizando al kirchnerismo y a Axel Kicillof, actual gobernador de Buenos Aires, por lo que calificó como una “gestión desprolija” durante la expropiación. “Esta situación es responsabilidad directa del inútil soviético”, escribió Milei en X, intensificando sus ataques contra Kicillof, uno de los principales referentes de la oposición.
El Gobierno argentino confirmó que apelará el fallo ante la Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York, un proceso que podría extenderse hasta 18 meses. Sin embargo, la falta de una garantía depositada tras la condena de 2023 debilita la posición de Argentina, ya que la legislación estadounidense permite embargar activos en caso de incumplimiento. En noviembre de 2024, el Departamento de Justicia de EE.UU., bajo la administración de Joe Biden, había recomendado a Preska rechazar el embargo de las acciones, argumentando que violaba las normas de inmunidad soberana. No obstante, el fallo de Preska contradice esta recomendación, generando críticas por su carácter “inédito”.
Desde el entorno de Burford Capital, se señaló que la transferencia efectiva de las acciones enfrenta obstáculos legales, ya que requiere la aprobación del Congreso argentino o una modificación de la Ley de Expropiación. Esto podría abrir la puerta a negociaciones para un acuerdo extrajudicial, aunque el fondo apuesta por mantener la presión para maximizar su compensación, que podría alcanzar el 38% de la sentencia total.
Implicaciones para Argentina y el Chaco
La orden de Preska pone en riesgo el control estatal de YPF, una empresa clave para la economía argentina y el desarrollo energético, especialmente en regiones como el Chaco, donde el sector petrolero impulsa el crecimiento económico, según el IPA. La pérdida del 51% de las acciones podría limitar la capacidad del Estado para influir en decisiones estratégicas, afectando proyectos como Vaca Muerta y la competitividad de los combustibles, cuyos impuestos son centrales para iniciativas como la tarifa eléctrica diferencial propuesta por Julio Ferro.
En el Chaco, la situación se agrava por el contexto de ajuste económico, con el cierre de sucursales del Banco Nación en localidades como San Bernardo, la ola polar que incrementa los costos de calefacción, y las dificultades de los jubilados para cubrir la canasta básica ($400.000 según INDEC). La incertidumbre sobre YPF podría generar un impacto indirecto en las provincias productoras, que dependen de las regalías petroleras y de la estabilidad económica para financiar programas sociales y de infraestructura.
Una controversia con raíces históricas
El fallo resalta las consecuencias de la expropiación de 2012, que buscaba recuperar la “soberanía energética” pero dejó un legado de litigios internacionales. La estrategia de los Eskenazi, quienes adquirieron su participación en YPF sin inversión inicial mediante un esquema de autopago con dividendos futuros, y la decisión de no realizar una OPA para los accionistas minoritarios, abrieron la puerta a demandas como la de Burford, un fondo especializado en comprar litigios de empresas quebradas. La condena de US$16.100 millones, una de las más altas en la historia reciente de Argentina, expone las vulnerabilidades del país frente a tribunales internacionales y fondos especulativos.
Participa en el debate
¿Qué opinas del fallo de la jueza Preska que ordena a Argentina entregar el 51% de YPF? ¿Crees que el Gobierno debería negociar un acuerdo con los demandantes o apelar hasta las últimas instancias? ¿Cómo podría impactar la pérdida de control de YPF en la economía del Chaco y otras provincias? Compartí tus reflexiones en los comentarios y discutamos las implicaciones de esta decisión para el futuro energético y económico de Argentina.
