Resolución 951/2025: Impacto en las Obras Sociales y tensiones con el sector gremial

Contexto de la Resolución 951/2025

La Resolución 951/2025, publicada el 11 de junio de 2025 por la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) en el Boletín Oficial (Infogremiales, Página/12), introduce un nuevo Procedimiento General de Denuncias, Faltas Formales y Sanciones que regula las respuestas de obras sociales y empresas de medicina prepaga ante denuncias de afiliados. Firmada por el exsuperintendente Gabriel Oriolo y aplicada bajo la gestión de Claudio Stivelman, esta normativa busca agilizar los procesos administrativos y garantizar los derechos de los beneficiarios, pero ha generado fuertes críticas gremiales por considerarse parte de una “estrategia de asfixia” del sistema solidario de salud (Infogremiales,).

Principales disposiciones de la Resolución 951/2025

1. Plazos reducidos para respuestas:

• Las obras sociales y prepagas deben responder a los requerimientos de la SSS en un plazo máximo de 5 días corridos, con posibilidad de plazos más cortos en casos de riesgo de vida (Página/12).
• Las denuncias deben resolverse en un máximo de 30 días hábiles, frente a los hasta dos años que podían demorar anteriormente (Infobae).

1. Inversión de la carga de la prueba:

• Según el Artículo 2, la falta de respuesta, respuestas insuficientes, evasivas o sin fundamento, o la no acreditación del cumplimiento de obligaciones genera una presunción de incumplimiento, otorgando verosimilitud a las denuncias de los afiliados (Infogremiales).

1. Régimen sancionatorio:

• Las multas se cuantifican en módulos equivalentes al haber mínimo jubilatorio ($304.723,93 en junio de 2025), oscilando entre 5 módulos ($1.523.619,65) y 100 módulos ($30.472.393) (El Cronista).
• Las sanciones se gradúan según la gravedad, el impacto en los beneficiarios, y la reincidencia, incluyendo incumplimientos como mora en pagos a prestadores o rescisión contractual indebida (cadime.com.ar).
• Se elimina el sistema de pago voluntario que permitía evitar sanciones sin resolver los reclamos (El Cronista).

1. Ranking Público de Cumplimiento:

• El Artículo 7 establece un ranking público que evaluará el desempeño de las entidades, accesible para los beneficiarios (Infobae).

1. Marco normativo:

• La resolución se basa en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023, que modifica las Leyes 23.660, 23.661, y 26.682, promoviendo la simplificación administrativa y la transparencia (Boletín Oficial).

Perspectiva del Gobierno

El Gobierno nacional, liderado por Javier Milei, y el Ministerio de Salud, a cargo de Mario Lugones, justifican la resolución como una medida para mejorar la eficiencia y transparencia del sistema de salud. Fuentes de la SSS argumentan que la normativa reemplaza una resolución de 1998 (readaptada en 2024 por la Resolución 711/2024) que no se cumplía, permitiendo demoras excesivas que afectaban a los beneficiarios (Infogremiales). La creación del Ranking de Cumplimiento y las sanciones progresivas buscan incentivar el cumplimiento de las obligaciones legales, garantizando un acceso oportuno a las prestaciones (Infobae).

Reacciones gremiales

Los gremios, representados por sindicatos como el de Empleados de Comercio, consideran la resolución una herramienta para “encorsetar y asfixiar” el sistema solidario de salud (Infogremiales,). Sus principales críticas incluyen:

• Plazos inviables: Los 5 días corridos para responder denuncias son insuficientes para obras sociales con grandes volúmenes de afiliados, como la de Empleados de Comercio, con más de 1 millón de aportantes. Resolver casos complejos, que requieren revisar historiales médicos, es particularmente difícil en este plazo (Infogremiales).
• Impacto económico: Las multas, que pueden llegar a $30,4 millones, representan una carga significativa, especialmente en un contexto de inflación del 250% (INDEC) y aumentos salariales limitados al 1%, lo que reduce los ingresos por aportes (Infogremiales).
• Falta de recursos: Las obras sociales enfrentan dificultades para contratar personal adicional para cumplir con los plazos, lo que podría derivar en más sanciones (Infogremiales).
• Presión política: Los gremios perciben la resolución como parte de una estrategia del Gobierno libertario para debilitar a los sindicatos, en línea con medidas como el traspaso compulsivo de aportes a prepagas (La Política Online) y la eliminación de intermediaciones (Infobae).

Los sindicalistas han solicitado un encuentro con Mario Lugones, pero las comunicaciones con el Ministerio de Salud están en “estado de intermitencia” (Infogremiales,).

Contexto en el Chaco

En el Chaco, la resolución agrava las tensiones en un contexto de crisis económica y social:

• Crisis económica: La caída del 4,2% en la coparticipación federal (Ámbito) y el aumento de combustibles (3,5% por YPF, Infobae) limitan los recursos para financiar servicios esenciales, incluyendo las obras sociales que atienden a trabajadores chaqueños, como los beneficiarios de los sueldos del 1 y 2 de julio (Diario Chaco).
• Demanda social: La entrega de 60 títulos de propiedad en Sáenz Peña (Chaco Día por Día) y proyectos como el frigorífico de Pampa del Infierno (Diario Norte) reflejan esfuerzos por mejorar las condiciones de vida, pero las obras sociales enfrentan dificultades para cubrir necesidades médicas debido a la presión financiera.
• Ola polar: Las temperaturas de -2,8°C en Sáenz Peña (Chaco Día por Día) incrementan los costos de calefacción, afectando a hogares vulnerables que dependen de obras sociales para tratamientos médicos.
• Femicidio de Leonela Giménez: La movilización en Sáenz Peña (Diario TAG) resalta la necesidad de servicios de salud mental y apoyo social, que podrían verse comprometidos por la presión sobre las obras sociales.
• Infraestructura vial: El deterioro de la Ruta Nacional 89, evidenciado por el accidente de Oscar Muller (Diario Norte), complica el acceso a centros de salud, aumentando la carga sobre las obras sociales.
• Tarifa eléctrica diferencial: La propuesta de Julio Ferro para aliviar los costos energéticos en el NEA (Sur24) podría liberar recursos para las obras sociales, pero su implementación depende de negociaciones con el Gobierno nacional, estancadas tras la reunión con Carlos Guberman (La Nación).

Implicaciones y desafíos

La Resolución 951/2025 busca mejorar la atención a los afiliados, pero enfrenta varios desafíos:

• Capacidad operativa: Las obras sociales, especialmente las más grandes, requieren más recursos humanos y tecnológicos para cumplir con los plazos, lo que podría derivar en costos adicionales o multas (Infogremiales).
• Tensiones gremiales: La percepción de una “estrategia de asfixia” ha elevado la conflictividad, con gremios preparando denuncias penales por abuso de autoridad y defraudación (La Política Online,).
• Impacto en los beneficiarios: Si bien la resolución busca proteger a los afiliados, las multas podrían desestabilizar financieramente a las obras sociales, afectando la calidad de las prestaciones (Infogremiales).
• Contexto político: La salida de Gabriel Oriolo y la llegada de Claudio Stivelman, cuestionado por los gremios, suman incertidumbre a la implementación de la normativa (Infogremiales,).

En el Chaco, la resolución podría exacerbar las dificultades de las obras sociales locales, que atienden a una población con alta pobreza (38,1%, INDEC) y necesidades médicas urgentes, como en el caso del femicidio de Leonela Giménez (Diario TAG). La tarifa eléctrica diferencial propuesta por Ferro (Chaco Día por Día) y la regularización dominial (Diario Norte) son pasos positivos, pero insuficientes sin un sistema de salud sólido.

Perspectivas

El PJ chaqueño, liderado por Jorge Capitanich y Juan Carlos Ayala, podría aprovechar las críticas a la resolución para fortalecer su oposición al Gobierno libertario de cara a las elecciones de octubre 2025 (CIUDAD TV). La Superintendencia, bajo Claudio Stivelman, enfrenta el desafío de implementar la normativa sin desestabilizar el sistema de salud, mientras que Mario Lugones debe mediar entre las demandas gremiales y la agenda de ajuste fiscal de Javier Milei (La Nación). La comparación con la crisis de violencia en Sinaloa, México (CNN), resalta la importancia de mantener la estabilidad social en el Chaco, donde las obras sociales son un pilar clave.

Participa en el debate

¿Qué opinas de la Resolución 951/2025 y su impacto en las obras sociales del Chaco? ¿Crees que los plazos y multas son razonables para garantizar los derechos de los afiliados, o representan una presión excesiva para el sistema de salud? ¿Cómo debería el gobierno provincial abordar las necesidades médicas de la población en este contexto? Compartí tus reflexiones en los comentarios y discutamos el futuro del sistema de salud en Argentina y el Chaco.,,,