Análisis del ajuste universitario en Argentina: Crisis presupuestaria y salarial en 2025

Contexto general

El sistema universitario público argentino enfrenta una crisis sin precedentes en 2025, marcada por una significativa reducción presupuestaria y un deterioro sostenido de los salarios docentes, según diversos informes especializados. La política de ajuste implementada por el gobierno de Javier Milei ha generado un impacto profundo en la educación superior, comprometiendo su capacidad para garantizar el acceso gratuito y de calidad, así como el desarrollo científico y tecnológico del país. Los datos reflejan una caída histórica en la inversión por estudiante y en el presupuesto asignado a las universidades, acompañado de una pérdida de poder adquisitivo de los docentes que agrava las condiciones de funcionamiento del sistema educativo.

El ajuste presupuestario universitario

Caída del presupuesto universitario

Reducción en términos reales: Según la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el presupuesto universitario para 2025 es el más bajo desde 2006, con una caída real del 32% respecto a 2023. En términos de participación en el PBI, el presupuesto para el Programa de Desarrollo de la Educación Superior pasó de 0,72% en 2023 a un estimado de 0,43% en 2025, reflejando una disminución drástica en la prioridad asignada al sector (Tiempo Argentino, Cuestion Entrerriana).
Inversión por estudiante: La inversión por alumno en 2025 alcanza los $2,1 millones, el nivel más bajo desde 2005, frente a un promedio de $4 millones entre 2010 y 2023. Ajustada por inflación, esta cifra es un 53% inferior a la registrada hace una década, lo que limita el acceso a recursos esenciales para la enseñanza, infraestructura y servicios estudiantiles (ACIJ, Tiempo Argentino).
Transferencias a universidades: En los primeros cinco meses de 2025, las transferencias a universidades fueron un 22,5% menores en términos reales que en el mismo período de 2023, según el Instituto de Estudios y Capacitación (IEC-CONADU). La inversión en capital (infraestructura y equipamiento) fue prácticamente nula en 2024 y solo alcanzó un 4% de lo invertido en 2023 en lo que va de 2025 (IEC-CONADU).

Impacto en ciencia y tecnología

Caída en el presupuesto de ciencia y tecnología: El presupuesto asignado a Ciencia y Tecnología en universidades se redujo un 87,5% en términos reales respecto a 2023, afectando gravemente la investigación y el desarrollo tecnológico (IEC-CONADU). En términos generales, el presupuesto de Ciencia y Tecnología cayó un 30% en el mismo período (Página/12).
Frenazo a la investigación: Los programas de investigación y extensión universitaria están prácticamente paralizados, con fondos para estas actividades reducidos a niveles insignificantes, lo que pone en riesgo el rol estratégico de las universidades en la producción de conocimiento (UNSAM, UNRN).

Decreto 425/25 y ampliación presupuestaria

El Decreto 425/25 otorgó un aumento nominal del 29% a las partidas universitarias, pero en términos reales, el presupuesto para 2025 es un 9% inferior al de 2024, según ACIJ. La ampliación de 941 mil millones de pesos para universidades nacionales no compensa la inflación proyectada para 2025 (42% efectiva frente al 30% estimado por el gobierno), lo que resulta en una caída real del 8,6% en la masa salarial universitaria (Ciicti).
La prórroga del presupuesto de 2023 por segundo año consecutivo, combinada con una inflación acumulada del 211% en 2023 y 268% en 2024, ha desactualizado gravemente las partidas, limitando la capacidad operativa de las universidades (Infobae, IEC-CONADU).

Crisis salarial docente

Pérdida de poder adquisitivo

Caída histórica: Los salarios docentes universitarios han perdido un 28% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, según CONADU, y un 29% respecto al mismo mes, de acuerdo con el Ciicti. Comparado con noviembre de 2015, la pérdida alcanza el 44,7%, situando los salarios por debajo de los niveles de 2002 (IEC-CONADU).
Impacto de la devaluación: La devaluación de diciembre de 2023 (118%) generó una pérdida inicial del 30% en el poder adquisitivo en los primeros dos meses de la gestión libertaria. A pesar de una recuperación parcial en 2024, los salarios volvieron a caer, con una disminución del 22,1% entre febrero y noviembre de 2024 (IEC-CONADU).
Ejemplo concreto: Un docente con dedicación simple (nueve horas semanales) y diez años de antigüedad percibía $132.035,51 en diciembre de 2023, pasando a $232.531,90 en agosto de 2024, lo que representa una caída real del 23,7% (CONADU).
Comparación regional: Los salarios docentes argentinos son los más bajos entre 11 países de la región, según un estudio comparativo citado por Chequeado (Chequeado).

Paritarias y aumentos unilaterales

Las paritarias universitarias han sido reemplazadas por aumentos unilaterales del gobierno, que no han seguido la inflación. Por ejemplo, en marzo de 2024, la inflación fue del 3,7%, mientras que el aumento salarial fue del 1,3% (El Destape).
En octubre de 2024, se otorgó un aumento del 6,8% para docentes y no docentes, pero este fue considerado insuficiente por los gremios, ya que no compensa la pérdida acumulada del 50% desde diciembre de 2023 (Chequeado, Infobae).

Condiciones laborales

Precarización laboral: El 70% de los trabajadores universitarios tienen salarios por debajo de la línea de pobreza, según el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) (Cuestion Entrerriana).
Pérdida de docentes: La situación salarial ha llevado a una fuga de docentes, incapaces de sostenerse con ingresos que no cubren las necesidades básicas, lo que afecta directamente la calidad educativa (La Izquierda Diario).

Impacto en los estudiantes

Becas y abandono estudiantil

Becas Progresar: Estas becas han perdido un 43,5% de su poder adquisitivo desde noviembre de 2023, pasando de representar el 100% de su valor real a solo el 56,5% en 2025. A pesar de un aumento de $20.000 a $35.000 en septiembre de 2024, el monto sigue siendo insuficiente frente a la inflación (IEC-CONADU).
Reducción de fondos: Los fondos para becas estudiantiles cayeron un 75% en términos reales desde 2023, lo que ha restringido el acceso y la permanencia de estudiantes de sectores vulnerables (Cuestion Entrerriana).
Abandono estudiantil: La falta de recursos y el congelamiento de becas han generado una pérdida sostenida de estudiantes, especialmente de primera generación, que no pueden continuar sus estudios debido a las condiciones económicas (Página/12).

Infraestructura y servicios

Parálisis de obras: Las obras de infraestructura universitaria están paralizadas, con una inversión en capital de solo el 4% de lo ejecutado en 2023 (IEC-CONADU).
Hospitales universitarios: A pesar de un aumento del 300% en fondos para hospitales universitarios en 2024, la asignación sigue siendo insuficiente para cubrir las necesidades, afectando la atención gratuita a la población (Infobae).
Servicios básicos: Las universidades enfrentan dificultades para pagar servicios como luz, agua y gas, lo que compromete el funcionamiento de comedores, albergues y laboratorios (Tiempo Argentino).

Respuesta de la comunidad universitaria

Movilizaciones y protestas

Marchas federales: En 2024, se realizaron dos Marchas Federales Universitarias (23 de abril y 2 de octubre) que movilizaron a cientos de miles de personas en defensa de la educación pública. La marcha de abril logró un aumento del 270% en gastos de funcionamiento y del 300% en fondos para hospitales universitarios, pero no resolvió la crisis salarial ni el desfinanciamiento general (Infobae).
Tomas y clases públicas: En 2025, cerca de 100 facultades permanecen tomadas, con clases públicas en las calles y paros docentes para visibilizar la crisis (El Diario de la Educación).
Rechazo al veto: La Ley de Financiamiento Universitario, aprobada en septiembre de 2024, fue vetada por Milei, generando una fuerte reacción de gremios, estudiantes y rectores. Aunque el Congreso no logró los votos para revertir el veto, la comunidad universitaria continúa exigiendo su promulgación (France24).

Proyectos legislativos

Proyecto de Ley de Financiamiento Universitario 2025: Presentado el 28 de mayo de 2025, propone incrementar progresivamente el presupuesto universitario hasta alcanzar el 1,5% del PBI para 2031, garantizar la recomposición salarial, ampliar becas y fortalecer la infraestructura y la investigación (El Destape).
Emergencia Presupuestaria: El diputado Christian Castillo (Frente de Izquierda) impulsa un proyecto para declarar la emergencia presupuestaria en universidades y ciencia, asegurando un financiamiento mínimo del 1,5% del PBI (La Izquierda Diario).
Debate parlamentario: El 8 de julio de 2025, las comisiones de Educación y Presupuesto y Hacienda de la Cámara de Diputados tratarán siete proyectos de financiamiento universitario, aunque el oficialismo busca frenar la discusión (Página/12).

Perspectiva del gobierno

Justificación del ajuste: El gobierno de Javier Milei defiende los recortes como parte de su política de déficit cero, argumentando que las partidas educativas deben ajustarse a la inflación proyectada y no a la real. Además, sostiene que la educación pública beneficia principalmente a las clases medias altas, una afirmación rechazada por el 88% de los argentinos, según encuestas (Pulsar-UBA).
Aumentos discrecionales: El Decreto 425/25 y los incrementos salariales del 6,8% en octubre de 2024 son presentados como esfuerzos para mitigar la crisis, pero son considerados insuficientes por los gremios (Chequeado).
Propuesta de privatización: El gobierno ha sugerido transferir universidades nacionales a las provincias o introducir aranceles, propuestas que han generado un rechazo masivo por amenazar el modelo de educación pública gratuita (El Diario de la Educación).

Contexto en el Chaco

En el Chaco, la crisis universitaria se suma a desafíos socioeconómicos locales:

Infraestructura limitada: La Universidad Nacional del Nordeste (UNNE) enfrenta dificultades para mantener sus instalaciones, agravadas por la ola polar (-2,8°C en Sáenz Peña) y el aumento de tarifas energéticas (Chaco Día por Día).
Impacto económico: La caída de la coparticipación federal (-4,2%) y la inflación del 250% (Ámbito, INDEC) limitan los recursos para educación, afectando a estudiantes y docentes en zonas vulnerables como Fonavi y Alborada (Diario Norte).
Propuesta de tarifa eléctrica diferencial: La iniciativa de Julio Ferro para reducir costos energéticos en el NEA podría aliviar la presión sobre las universidades, pero su implementación sigue en negociación (Sur24).
Movilizaciones locales: La comunidad universitaria en el Chaco participa en las protestas nacionales, exigiendo mayor financiamiento y mejoras salariales, en un contexto de alta pobreza (38,1%, INDEC) y tensiones sociales, como las movilizaciones por el femicidio de Leonela Giménez (Diario TAG).

Implicaciones y desafíos

Riesgo de cierre de facultades: La reducción presupuestaria y la falta de fondos para investigación y salarios podrían llevar al cierre de facultades, especialmente en universidades del interior (El Diario de la Educación).
Pérdida de calidad educativa: La disminución de la inversión por estudiante y la fuga de docentes amenazan la calidad académica y el acceso equitativo, afectando particularmente a estudiantes de primera generación (Tiempo Argentino).
Impacto en la ciencia y tecnología: La caída del 87,5% en los fondos para investigación universitaria compromete el desarrollo científico del país, un pilar clave para la innovación y el crecimiento económico (IEC-CONADU).
Tensiones políticas: La amenaza de veto a nuevos proyectos de financiamiento y la limitación del derecho a huelga (La Izquierda Diario) intensifican el conflicto con gremios y estudiantes, con movilizaciones que podrían escalar en 2025 (France24).

Comparación con la desigualdad educativa

La crisis universitaria se conecta con la desigualdad educativa señalada por el informe de la Universidad Austral sobre las pruebas PISA 2022. Mientras las universidades enfrentan recortes que limitan el acceso a la educación superior gratuita, los resultados de PISA muestran que el 73% de los estudiantes secundarios no alcanza competencias básicas en matemática, y las brechas socioeconómicas y de género persisten (La Nación). La falta de inversión en educación básica y superior perpetúa un ciclo de desigualdad, afectando especialmente a los sectores más vulnerables, como en el Chaco, donde la plataforma ELE y la infraestructura escolar insuficiente no logran compensar las carencias (Chaco Día por Día).

Perspectivas

La comunidad universitaria, liderada por el CIN, CONADU, y la FUA, insiste en la necesidad de un presupuesto que alcance el 1,5% del PBI para 2031, junto con paritarias que recuperen el poder adquisitivo perdido (El Destape). En el Chaco, el gobierno de Leandro Zdero enfrenta el desafío de coordinar con el gobierno nacional para mitigar el impacto del ajuste, mientras iniciativas como la tarifa eléctrica diferencial y la regularización dominial podrían liberar recursos para educación (Diario Norte, Sur24). Sin embargo, la postura del oficialismo, respaldada por aliados como el PRO, sugiere que los recortes continuarán, priorizando el equilibrio fiscal sobre la inversión educativa (France24).

Participa en el debate

¿Qué opinas del impacto del ajuste universitario en el Chaco y en Argentina? ¿Crees que los proyectos de ley en el Congreso pueden revertir la crisis presupuestaria y salarial? ¿Qué medidas debería tomar el gobierno provincial para apoyar a la UNNE y a los estudiantes vulnerables? Compartí tus reflexiones en los comentarios y discutamos cómo garantizar el acceso a una educación superior pública, gratuita y de calidad en este contexto de crisis.