Rosario: Primera ciudad en aplicar la Ley Antimafias para combatir el crimen organizado

El 16 de julio de 2025, la Justicia Federal de Rosario, liderada por el juez Eduardo Rodríguez Da Cruz, autorizó por primera vez la aplicación de la Ley de Organizaciones Criminales (27.786), conocida como Ley Anti Mafias, en barrios críticos de la ciudad, en respuesta a un pedido conjunto del Ministerio de Seguridad de la Nación y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR). Esta medida, respaldada por la Resolución 572/2025, marca un hito en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado en Rosario, una ciudad golpeada por la violencia asociada al narcomenudeo y las disputas territoriales.
Contexto y aplicación de la Ley Antimafias
Promulgada en marzo de 2025 mediante el Decreto 177/2025, la Ley 27.786 busca dotar al Estado de herramientas avanzadas para investigar y sancionar organizaciones criminales, definidas como grupos de tres o más personas que, de forma concertada y en áreas geográficas específicas, cometen delitos graves como narcotráfico, lavado de dinero, extorsión y trata de personas. La normativa introduce medidas excepcionales, como infiltración de agentes, seguimientos encubiertos, intervenciones telefónicas ampliadas y decomiso anticipado de bienes, además de penas más severas que igualan la responsabilidad penal de todos los miembros de una banda, independientemente de su rol.
La resolución judicial habilita una investigación especial en barrios como 7 de Septiembre, Santa Lucía y Emaús, identificados por su alta incidencia de violencia narco. Un Equipo Conjunto de Investigación (ECI), integrado por fiscales federales (Juan Argibay Molina, Diego Iglesias, Javier Arzubi Calvo y Matías Scilabra) y provinciales, coordinará acciones para compartir información directamente, optimizando recursos y evitando trabas burocráticas. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, celebró la medida en redes sociales, afirmando: “Cae uno, caen todos. Se castiga el delito y la pertenencia a la estructura mafiosa”.
Violencia en Rosario y antecedentes
Rosario enfrenta desde hace más de una década una escalada de violencia vinculada al narcotráfico, con 93 homicidios en el primer semestre de 2025, según el Observatorio de Seguridad Pública de Santa Fe. Aunque los homicidios han disminuido significativamente desde 2023 (de 120 a 59 en el primer trimestre), persisten balaceras y crímenes selectivos, especialmente en barrios como 7 de Septiembre, donde opera la banda Los Menores, vinculada a la barra brava de Rosario Central. El caso del laboratorio Apolo, que explotó en 2016 en Tablada, ejemplifica las fallas judiciales previas, con acusados absueltos sin condenas efectivas, lo que subraya la necesidad de herramientas más robustas como la Ley Antimafias.
La aplicación de la ley se enmarca en el Plan Bandera, iniciado en diciembre de 2023, que combina fuerzas federales y provinciales. En 2025, este plan reportó 1.390 procedimientos, 1.273 detenciones, más de 1.000 kilos de droga incautados y el desmantelamiento de redes criminales, aunque el surgimiento de una nueva generación de narcos más jóvenes y organizados motivó esta intervención focalizada.
Críticas y desafíos
Organizaciones como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y Copaju han advertido que la ley podría estigmatizar barrios pobres, enfocándose en actores de menor rango (como “soldaditos” o “mulas”) mientras deja de lado las conexiones con poderes económicos, políticos y judiciales que sostienen el crimen organizado. La vaguedad en la definición de “organización criminal” y el término “verosímilmente” en la normativa podrían derivar en arbitrariedades, según expertos como el profesor de Derecho Penal Daniel Erbetta.
Implicancias para el Chaco
Aunque la aplicación inicial de la Ley Antimafias se centra en Rosario, su implementación podría sentar un precedente para otras provincias, incluido el Chaco, donde el crimen organizado, aunque menos visible, también impacta en la seguridad. La cooperación interjurisdiccional y las herramientas de investigación podrían replicarse en zonas como Resistencia o Sáenz Peña, donde el narcomenudeo y la inseguridad son preocupaciones crecientes. ¿Cómo podría el Chaco beneficiarse de estas estrategias? ¿Qué medidas preventivas podrían adaptarse a la región? Invitamos a los lectores a compartir sus perspectivas en los comentarios.
Fuentes: Infobae, El Argentino Diario, La Nación, Ámbito, Ministerio de Seguridad de la Nación