Jubilaciones en Argentina: Un 32% más bajas debido al cambio de fórmula de Milei, según CEPA
El Centro de Economía Política de Argentina (CEPA) publicó un informe el 16 de julio de 2025 que señala que las jubilaciones en Argentina serían un 32% más altas si el presidente Javier Milei no hubiera modificado la fórmula de movilidad jubilatoria mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) en marzo de 2024. Según los cálculos, la jubilación mínima sin bono alcanzaría los $403.302 en lugar de los $304.726 actuales, lo que representa una pérdida significativa de poder adquisitivo para los jubilados. Este dato se suma a la controversia por el veto anunciado por el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, a una iniciativa parlamentaria para recomponer haberes, en un contexto de crecientes tensiones económicas y sociales, especialmente en provincias como el Chaco.
Contexto del cambio en la fórmula jubilatoria
En marzo de 2024, el DNU de Milei reemplazó la fórmula de movilidad anterior, que combinaba la evolución de los salarios y la recaudación tributaria, por una indexación mensual basada en el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del INDEC, con un retraso de dos meses, más una recomposición única del 12,5%. El gobierno presentó esta medida como una garantía para evitar mayores pérdidas frente a la inflación, pero el informe de CEPA argumenta que el cambio se implementó en un momento clave, cuando la inflación comenzaba a desacelerarse (proyectada en 20,8% para 2025 según el REM-BCRA) y la fórmula anterior habría generado mayores aumentos debido a la recuperación de salarios y recaudación.
El análisis de CEPA, basado en datos del INDEC y ANSES, indica que desde septiembre de 2024 los jubilados habrían percibido haberes más altos con la fórmula derogada. Por ejemplo, la jubilación mínima sin bono habría alcanzado $403.302 en junio de 2025, frente a los $304.726 actuales, una diferencia del 32%. Esta pérdida afecta no solo a la mínima, sino también a jubilaciones medias y máximas, profundizando la precariedad económica de los adultos mayores.
El impacto del bono congelado
El informe también destaca el impacto del bono previsional, congelado en $70.000 desde marzo de 2024, a pesar de una inflación acumulada del 127% hasta junio de 2025. Si el bono se hubiera indexado al IPC, debería alcanzar los $158.000, lo que implica una pérdida mensual de $88.000 por jubilado. El gobierno ha confirmado que no actualizará el bono en lo que resta de 2025, lo que agrava la situación. En términos de poder adquisitivo, las jubilaciones con bono en el segundo trimestre de 2025 están un 15,7% por debajo del último trimestre de 2023, y sin bono, un 3,1% por debajo, situando los haberes en niveles comparables a los de la década de 1990.
Litigiosidad y tensiones políticas
El cambio en la fórmula jubilatoria ha generado críticas por su impacto económico y legal. Expertos como Osvaldo Giordano, ex titular de ANSES, han advertido que regular la movilidad por DNU, en lugar de mediante una ley aprobada por el Congreso, contraviene la Constitución Nacional y fallos judiciales, lo que podría incrementar la litigiosidad. Los juicios previsionales representan un riesgo fiscal significativo, potencialmente superior al costo de mantener la fórmula anterior o aprobar el aumento del 7,2% propuesto por el Congreso, que el gobierno planea vetar, según Francos.
Un legislador dialoguista citado por Ámbito sugirió que el aumento del 7,2% sería una “salida barata” frente a los costos de la litigiosidad o la continuidad de la fórmula derogada. Sin embargo, el veto refuerza la postura del gobierno de priorizar el equilibrio fiscal, en línea con las políticas de ajuste criticadas por gremios como la CGT Chaco, que denuncian la pérdida de poder adquisitivo y despidos en el sector público.
Implicancias para el Chaco
En el Chaco, donde el déficit financiero acumulado alcanza el 8,5% según Politikón Chaco, la pérdida del 32% en las jubilaciones agrava las dificultades de los adultos mayores, quienes enfrentan costos de vida elevados, como los reportados por el INDEC para la Canasta de Crianza ($411.201-$517.364 mensuales). La jubilación mínima de $304.726 (o $374.726 con bono) resulta insuficiente frente a la Canasta Básica Total de $1.135.331 para una familia tipo, lo que limita el consumo y aumenta la dependencia de programas como el del InSSSeP, que enfrenta sus propios desafíos financieros.
Iniciativas como Ver para Ser Libres y Manos Argentinas reflejan esfuerzos locales para mitigar necesidades, pero no compensan la pérdida de poder adquisitivo de los jubilados. Además, la creciente morosidad en créditos al consumo (4,5% en mayo, según el BCRA) indica que las familias chaqueñas recurren a deudas para cubrir gastos esenciales, lo que podría incluir el apoyo a adultos mayores.
Reflexión y debate
El informe de CEPA subraya una decisión política que prioriza el equilibrio fiscal sobre el bienestar de los jubilados, en un contexto de inflación y recortes federales que afectan al Chaco. ¿Qué alternativas podría implementar el gobierno para recomponer los haberes sin comprometer el superávit fiscal? ¿Cómo puede el Chaco, con su déficit financiero, apoyar a sus jubilados frente a esta pérdida? Invitamos a los lectores a compartir sus perspectivas en los comentarios y a debatir sobre el futuro de la seguridad social en la provincia y el país.
Fuentes: Ámbito, CEPA, Infobae, @NAagencia (X), @LClipping19203 (X)
