Salta llevó ante la Corte Suprema el reclamo por la baja de pensiones por discapacidad
Salta, 13 de septiembre de 2025. La Provincia de Salta, a través de la Fiscalía de Estado a cargo de Juan Agustín Pérez Alsina, presentó una Acción de Amparo ante la Corte Suprema de Justicia contra el Estado nacional y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
La medida, instruida por el gobernador Gustavo Sáenz, también incluye el pedido de una Medida Cautelar y la realización de una audiencia pública.
Reclamo por pensiones suspendidas
El escrito busca el restablecimiento inmediato del pago de las pensiones no contributivas por invalidez, suspendidas en la provincia durante el mes de julio, cuando se dio de baja a 129 beneficiarios.
Desde la Provincia se sostiene que el procedimiento fue “arbitrario, carente de sustento normativo y violatorio de derechos fundamentales”, afectando a personas en situación de extrema vulnerabilidad.
Asimismo, se exige el pago retroactivo de las pensiones suspendidas y la adopción de un nuevo esquema de auditoría, con criterios transparentes, profesionales y accesibles, que respete el debido proceso y los derechos de las personas con discapacidad.
Críticas a la ANDIS
La presentación denuncia que la Agencia Nacional de Discapacidad se negó a proporcionar información nominal de los beneficiarios y detalles de los procedimientos aplicados.
Entre las irregularidades señaladas figuran:
- La falta de notificación previa a los beneficiarios.
- El uso de criterios dispares en las evaluaciones médicas.
- Auditorías realizadas por personal sin habilitación profesional.
- Destrato institucional, que obligó a muchas personas a recorrer largas distancias para trámites que nunca se concretaron.
Derechos vulnerados
La Fiscalía de Estado remarcó que las acciones del Gobierno nacional incumplen la obligación de proteger a los grupos vulnerables y, por el contrario, agravan su situación.
“Se trata de una medida con fines fiscalistas que atropella los derechos de los ciudadanos, afectando directamente su derecho a la vida, la salud y la dignidad humana”, subraya el escrito presentado ante la Corte.
