Polémico fallo judicial: levantan las millonarias multas al gobierno de Zdero por incumplimiento con comunidades indígenas
La Justicia revocó una sanción de $85,9 millones diarios, pero exigió al gobernador presentar un «plan serio y detallado» para asistir a las comunidades. El fallo da un respiro financiero pero mantiene la presión sobre la gestión.
RESISTENCIA, Chaco.– En una decisión que alivia las cuentas públicas pero mantiene la presión judicial, la Sala Primera de la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial del Chaco revocó las millonarias multas que pesaban sobre el gobierno de Leandro Zdero por el incumplimiento en la asistencia a comunidades indígenas. El fallo, sin embargo, le exige al Ejecutivo provincial arbitrar medidas concretas y presentar un «progresivo y detallado plan de acción» para resolver la problemática.
Las juezas Eloisa Araceli Barreto y Wilma Sara Martínez consideraron que las sanciones –que ascendían a $85.900.000 diarios– no eran el mecanismo adecuado para resolver un problema estructural. Argumentaron que la provincia ya mantiene conversaciones con el Instituto del Aborigen Chaqueño (IDACH) en busca de una solución, lo que justificaría levantar la medida coercitiva.
Un alivio condicionado
Aunque la decisión representa un importante alivio financiero para la afectada caja provincial, el fallo es claro al no eximir de responsabilidades al gobierno. Las magistradas fueron enfáticas al subrayar la obligación del Estado de «efectivizar el cumplimiento de las sentencias firmes» mediante un plan concreto.
En la práctica, el gobierno de Zdero logra sortear una carga económica insostenible, pero queda «bajo la lupa judicial», con la exigencia de demostrar una «voluntad real» para resolver una deuda histórica con las comunidades originarias que se extiende por décadas.
La balanza judicial: entre la presión económica y la obligación de cumplir
El fallo refleja un equilibrio entre dos necesidades: por un lado, evitar un estrangulamiento financiero del Estado provincial mediante multas acumulativas; por el otro, mantener la presión institucional para que el gobierno avance en el cumplimiento de sus obligaciones legales y constitucionales. La pelota queda ahora en el tejado del gobierno, que deberá traducir las conversaciones con el IDACH en acciones tangibles y un plan creíble.
¿Vos qué opinás?
Este fallo judicial genera un debate entre la necesidad de hacer cumplir la ley y la realidad financiera del Estado.
- ¿Creés que fue correcto levantar las multas para darle una oportunidad al diálogo, o deberían haberse mantenido como presión?
- Qué medidas concretas debería incluir el plan de acción que exige la Justicia?
- Confías en que este respiro lleve a una solución real o creés que se postergan nuevamente los derechos de las comunidades?
Dejanos tu comentario y debatamos sobre este fallo que busca equilibrar la presión judicial con la posibilidad de una solución dialogada.
