Fallo histórico: la Justicia ordena aplicar YA la Ley de Emergencia en Discapacidad y tumba el veto encubierto del Gobierno
Un juez federal declaró inválido el decreto que mantenía congelada la ley y obligó al Estado a ponerla en marcha de inmediato. El fallo beneficia a millones de personas y prioriza los derechos sobre argumentos fiscales. Una victoria judicial para las familias que esperaban tratamientos y cobertura.
CRÓNICA DE UN FALLO QUE DESBLOQUEA DERECHOS
CAMPANA. — En un fallo contundente que marca un antes y un después, el Juzgado Federal de Campana dio un fuerte golpe sobre la mesa y ordenó la aplicación inmediata e integral de la Ley de Emergencia en Discapacidad (27.793). La decisión del juez Adrián González Charvay deja sin efecto el Decreto 681/2025, firmado por el Presidente, que mantenía en un limbo legal la norma aprobada por el Congreso, y suspende también el artículo que la condicionaba a una futura definición de fondos.
El veredicto es una respuesta directa al amparo colectivo presentado por padres de niños y niñas con Certificado Único de Discapacidad (CUD), que visibilizó el drama humano detrás de la puja política: la falta de implementación dejaba sin cobertura, tratamientos y derechos básicos a miles de personas, vulnerando su dignidad y proyectos de vida.
El tortuoso camino de la ley: entre el Congreso y el veto
La ley, que declara la emergencia en el sector hasta fines de 2027, fue aprobada en julio pasado. Tras un veto presidencial por “motivos fiscales”, el Congreso insistió con su sanción, lo que constitucionalmente obligaba a su promulgación. Sin embargo, el Poder Ejecutivo encontró una fórmula para congelarla: dictó un decreto que la mantenía suspendida hasta que se especificara su financiamiento, un movimiento que el fallo judicial acaba de tachar de inconstitucional.
Los argumentos del fallo: un jaque al Ejecutivo
El juez González Charvay fue taxativo en sus fundamentos, que son un alegato a favor de la división de poderes:
- Exceso de facultades: El artículo 2 del decreto presidencial es inválido porque el Ejecutivo “excedió sus facultades al suspender una ley vigente”, contradiciendo el mandato de promulgación que manda la Constitución.
- Fiscalmente rebatible: Descartó los argumentos del Ministerio de Salud –que defendía el decreto alegando riesgo para la “estabilidad financiera del Estado”– al recordar que el Congreso ya autorizó al Jefe de Gabinete a reorientar recursos para cumplir la ley. El magistrado enumeró múltiples antecedentes de reasignaciones presupuestarias desde 2023, demostrando que el mecanismo es viable y conocido.
- El foco en las personas: El fallo subraya el “impacto directo y grave” sobre las personas con discapacidad, cuya protección no puede estar sujeta a dilaciones administrativas o disputas políticas. “La necesidad de garantizar su protección es inmediata”, sentenció.
Una victoria con rostro humano
Detrás de la acción legal están las historias de familias que vieron postergados terapias, medicaciones, apoyos educativos y elementos ortopédicos por la parálisis de la ley. El amparo contó con el acompañamiento estratégico de numerosas organizaciones de la sociedad civil del sector, que celebraron el fallo como un triunfo colectivo.
¿QUÉ CAMBIA A PARTIR DE AHORA?
El Estado Nacional está judicialmente obligado a:
- Derogar el efecto suspensivo del Decreto 681/2025.
- Poner en marcha todos los mecanismos previstos en la Ley 27.793.
- Comenzar la reasignación de fondos a través del Jefe de Gabinete para financiar las políticas de emergencia en discapacidad, sin más excusas.
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- Para familias y organizaciones: ¿Qué política urgente de la ley necesitan que se active primero? ¿Cómo impactará este fallo en su día a día?
- Para todos: ¿Crees que la Justicia debe tener este papel de “garante último” cuando los otros poderes se estancan en derechos básicos?
- #JusticiaPorLaDiscapacidad: Compartí este fallo. Es un precedente crucial que afirma que los derechos no se negocian ni se postergan.
CONTEXTO: La Ley 27.793 declara la Emergencia Nacional en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2027, con el objetivo de asegurar el pleno goce de derechos, mejorar los servicios y garantizar los apoyos necesarios para la autonomía e inclusión de las personas con discapacidad.
SEGUIMOS: La respuesta del Gobierno nacional y el mecanismo concreto de implementación serán los próximos pasos a observar. Este medio realizará un seguimiento exhaustivo.
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Con información de TN. Redacción de [https://abnotiweb.com.ar/], periodismo con impacto social.
