Radiografía del ajuste: jubilaciones y programas sociales, el blanco de una motosierra que recortó u$s38.000 millones en dos años
*Un informe del IARAF detalla que el gasto estatal real cayó 27% entre 2023 y 2025. Los mayores recaen en transferencias a provincias (-94%), inversión (-74%), subsidios y programas sociales. Mientras, la AUH creció 70% y la deuda pública aumenta.*
La «motosierra fiscal» del gobierno de Javier Milei no solo es un eslogan: entre 2023 y 2025, el Estado nacional redujo su gasto real en un 27%, lo que equivale a unos 38.000 millones de dólares o 50 billones de pesos constantes, según un detallado informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF). El ajuste, que permitió llevar el gasto público consolidado (Nación, provincias y municipios) a niveles cercanos a 2008, tuvo un rostro social claro: sus principales víctimas fueron las jubilaciones, los programas sociales, los subsidios a la energía y el transporte, y la inversión pública.
El estudio, que toma datos hasta noviembre y proyecta el cierre del año, revela una redistribución drástica del gasto y una transferencia de responsabilidades hacia las provincias, que no lograron (o no quisieron) recortar al mismo ritmo que la Nación. Mientras el gasto nacional cae del 15,3% al 14,6% del PBI en 2025, el de provincias y municipios aumenta del 16,2% al 16,8%.
Los números del desmantelamiento
El informe del IARAF desglosa dónde impactó con más fuerza el ajuste:
- Transferencias de capital a provincias: Caída real del 93,8% entre 2023 y 2025. En la práctica, en 2025 la Nación destinó solo el 6% de lo que enviaba dos años antes para obras e infraestructura.
- Inversión real directa del Estado nacional: Contracción del 73,5%. La obra pública nacional se redujo a una cuarta parte de su nivel previo.
- Programas sociales (incluyendo bonos a jubilados): Caída real del 52,3%, equivalente a u$s7.800 millones. Esto explica gran parte del deterioro del poder adquisitivo de los haberes previsionales.
- Subsidios a la energía: -59%.
- Subsidios al transporte: -32,8%.
- Gasto salarial estatal nacional: -25,8%, por reducción de planta y pérdida de poder adquisitivo.
- Transferencias corrientes a provincias: -60,8%.
- Transferencias a universidades nacionales: -33,2%.
La única excepción al recorte: la AUH
En este panorama de tijera generalizada, solo una partida social cerró con un aumento real significativo: la Asignación Universal por Hijo (AUH), que creció un 70,3% (unos u$s1.900 millones). El informe señala que esta mejora le permitió al Gobierno «contener parte del descontento» de los sectores más vulnerables, aunque se dio en paralelo a la eliminación o licuación de otras políticas complementarias.
El costo fiscal de la reforma laboral y el futuro
El estudio también advierte sobre el impacto provincial de la reforma laboral, que reduce las alícuotas del impuesto a las Ganancias para las grandes empresas (del 35% al 31,5% en el tramo más alto). Según cálculos del diputado Guillermo Michel, las 144 empresas más grandes del país dejarían de pagar $1,75 billones en impuestos, con un costo fiscal total de $3,1 billones (0,3% del PBI).
Como este impuesto es coparticipable, las provincias verían nuevamente mermados sus ingresos. Esto ocurre en un contexto donde el Presupuesto 2026 ya proyecta un aumento del 20,6% en el gasto por Deuda Pública, priorizando el pago a acreedores sobre otras partidas.
El objetivo declarado del Gobierno de llevar el gasto público al 25% del PBI —un nivel solo visto en crisis profundas— aún no se alcanza, según el IARAF, incluso después de este ajuste histórico y concentrado en el Estado nacional.
¿Usted qué opina?
El ajuste de u$s38.000 millones, concentrado en inversión, provincias y programas sociales, ¿fue una «motosierra» necesaria para sanear las cuentas y dejar de emitir, o un desmantelamiento del Estado que trasladó el costo a los más vulnerables y a las jurisdicciones subnacionales? El debate sobre el rol del Estado está en los números. Participe en los comentarios.
