Batalla por el presupuesto: el costo fiscal de las indemnizaciones (FAL) iguala al de las leyes de discapacidad y universitaria
Un informe del IARAF detalla que ambas partidas representan alrededor del 0,45-0,5% del PBI. Mientras el Gobierno prioriza fondos para despidos y baja de impuestos, el Congreso defiende el gasto en educación y discapacidad.
Buenos Aires, 28 de diciembre de 2025. — La pulseada entre el Gobierno y el Congreso por la asignación de recursos fiscales tiene ahora un parámetro concreto: según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo estimado de los Fondos de Asistencia Laboral (FAL) –que buscan aliviar a las empresas el costo de los despidos– sería de unos $4,5 billones (0,45% del PBI), un impacto similar al que tendrían las leyes de financiamiento universitario y de discapacidad (en conjunto, 0,5% del PBI).
Estos datos ponen en números el debate político de fondo: hacia dónde se orienta el «ahorro fiscal» logrado con el fuerte ajuste del gasto primario (que cayó 6,5 puntos del PBI entre 2023 y 2025).
Los dos bloques de gasto en disputa
- Lo que prioriza el Congreso (en riesgo): Mantener el financiamiento de universidades y programas de discapacidad, que suman 0,5% del PBI y fueron incorporados al Presupuesto por los legisladores.
- Lo que prioriza el Gobierno: Destinar recursos a la creación de los FAL (0,45% del PBI) y a una reducción del Impuesto a las Ganancias para empresas (costo de 0,22% del PBI, pero con efecto recién en 2027).
La lógica del Ejecutivo: flexibilizar para «formalizar»
El argumento oficial es que los FAL y la baja de impuestos son herramientas para reducir el «costo laboral» y fomentar la formalización y contratación. Sin embargo, el diputado Guillermo Michel advierte una posible contradicción: el FMI, que en 2023 exigió rigor fiscal para una moratoria previsional (costo: 0,4% del PBI), «seguramente reclamará el mismo rigor para financiar despidos».
Un juego de suma cero en medio del ajuste
El informe del IARAF señala que, para incorporar las leyes de discapacidad y universitaria sin aumentar el déficit, el Gobierno debería reducir el gasto primario flexible en 0,5 puntos del PBI. Es decir, se trata de una disputa por la misma «torta» fiscal que se achicó drásticamente: o se financia la educación y la discapacidad, o se financian los despidos y la baja de impuestos a empresas.
La disyuntiva como reflejo de un proyecto
Más allá de los números, la polémica expone dos visiones opuestas sobre el rol del Estado. Mientras el Poder Legislativo (con apoyo transversal) defiende la inversión social en sectores vulnerables y en educación pública, el Ejecutivo apuesta a destinar esos recursos a incentivos para el sector privado, argumentando que eso dinamizará la economía a largo plazo.
¿Cuál es la prioridad?
¿Cree que el «ahorro fiscal» del ajuste debe destinarse a proteger la educación y la discapacidad, o a generar incentivos para las empresas mediante menores costos laborales e impositivos? La respuesta define no solo las cuentas públicas, sino el tipo de país que se quiere construir en medio de la crisis.
El Presupuesto 2026 ya está sancionado, pero esta batalla por la ejecución y la definición de prioridades continuará en cada partida durante todo el año próximo.
