Crisis salarial en el Chaco: trabajadores públicos denuncian un recorte del 95% en sus ingresos
El gobierno provincial eliminó el Fondo Estímulo Productivo del Ministerio de Producción, un adicional vigente desde 2015. Los 600 empleados afectados aseguran que pierden hasta el 75% de su salario, mientras la administración de Zdero argumenta que el mecanismo era «irregular» y promete «ordenar» el esquema.
Una medida drástica del gobierno de Leandro Zdero desató un conflicto laboral de grandes proporciones en la Administración Central chaqueña. La eliminación casi total del Fondo Estímulo Productivo (FEP) que percibían los 600 empleados del Ministerio de Producción —un adicional salarial vigente desde 2015— generó una ola de protestas y asambleas, con los trabajadores denunciando una quita de hasta el 95% en sus ingresos totales y el Ejecutivo defendiendo la decisión como una corrección de un mecanismo «contrario a la ley».
El conflicto estalló cuando los empleados advirtieron que el fondo no se estaba cargando dentro de los plazos habituales. «Empezamos a movilizarnos cuando vimos que no había ninguna resolución firmada y los plazos estaban venciendo», explicó Raúl Cantero Garcilazo, trabajador e integrante del gremio UPCP. «Ayer nos movilizamos más de 200 trabajadores», agregó, pese al receso administrativo y las vacaciones.
El impacto concreto: de un salario digno a la línea de pobreza
Los números exponen la gravedad del reclamo. Según Cantero Garcilazo, «el Fondo Estímulo representa hasta el 75% del salario». Sin este ingreso, un empleado de planta con años de antigüedad pasa a cobrar «alrededor de 600 o 700 mil pesos de bolsillo», un monto que, en el contexto inflacionario actual, los trabajadores consideran insuficiente para cubrir necesidades básicas.
La situación se agrava por otro frente: el deterioro en la cobertura del INSSSEP (obra social provincial), que obliga a los afiliados a afrontar «plus médicos de entre 40.000 y 50.000 pesos» por atención, según denunciaron. Esto significa que el poder adquisitivo neto se reduce aún más.
La batalla legal: ¿derecho adquirido o irregularidad?
El núcleo del conflicto es la interpretación legal del Fondo Estímulo Productivo.
- 📜 Postura de los TRABAJADORES: Sostienen que es un «derecho adquirido», reconocido primero por decreto y luego por la Ley 2398-I, aprobada por la Legislatura y promulgada por el Ejecutivo en 2015. Afirman que «nunca hubo cuestionamientos del Tribunal de Cuentas ni de la Contaduría General» en casi una década. Además, desmienten que el fondo se financiara con multas: «Todo va a Rentas Generales. El fondo se paga con recursos del Estado».
- ⚖️ Postura del GOBIERNO: La secretaria general de la Gobernación, Carolina Meiriño, defendió la decisión. Explicó que el fondo se creó por una resolución ministerial de la gestión anterior que «iba en contra de una ley provincial que establece la intangibilidad de esos recursos». Según ella, «los dictámenes de los órganos de control determinaron que ese uso del dinero no correspondía» y que los fondos de multas debían ir a las arcas del Estado, no directamente a los empleados.
«No puede ser que en concepto de fondo estímulo algunos cobren el 300% del sueldo y otros no», argumentó Meiriño, anunciando la intención de «modificar la ley y establecer reglas claras», aunque admitió que la nueva fórmula «no va a ser lo mismo» que el esquema anterior.
Un procedimiento cuestionado y un diálogo de sordos
Los trabajadores cuestionan no solo el fondo, sino cómo se tomó la decisión:
- 🗓️ En pleno receso administrativo, dificultando la organización de la respuesta.
- Con «celeridad llamativa», según Cantero Garcilazo.
- Tras una reunión de «mesa técnica» que describieron como un «monólogo», donde les dijeron que «cobrábamos mal», que eran «‘bendecidos'» y que «deberían agradecer» que no se les reclame lo percibido en el pasado.
«No es un ordenamiento, es un ajuste sobre trabajadores activos y jubilados», sostienen los empleados en sus comunicados, anticipando que continuarán las medidas gremiales y no descartan acciones legales.
El trasfondo: desigualdad interna y ajuste fiscal
El conflicto del FEP toca dos sensibles nervios de la administración pública:
- Desigualdad salarial interna: La existencia de «adicionales» o «fondos» que distorsionan la escala salarial única, creando grandes diferencias entre empleados de similar categoría en distintos ministerios.
- Ajuste del gasto público: En un contexto de restricción fiscal severa, los gobiernos provinciales revisan cada ítem de gasto. Los fondos salariales discrecionales suelen estar entre los primeros en la mira.
«Este es el clásico conflicto entre la racionalización administrativa y los derechos adquiridos», analizó un especialista en derecho administrativo. «El gobierno argumenta que debe corregir una irregularidad y unificar criterios. Los trabajadores ven un recorte salvaje que desmantela sus ingresos. La solución, si la hay, requerirá una negociación muy fina y probablemente una transición, porque pasar de cobrar ‘X+75%’ a solo ‘X’ de un mes para otro es inviable para cualquier hogar».
¿Puede el gobierno provincial «ordenar» las finanzas públicas recortando ingresos que fueron ley durante una década, o está violando derechos adquiridos y condenando a sus empleados a la pobreza? La línea entre la corrección de irregularidades y el ajuste salvaje es muy delgada. ¿Encontrará la administración de Zdero una fórmula que sanee las cuentas sin arrojar a 600 familias chaqueñas a una crisis económica personal? Por ahora, la consigna de los trabajadores es clara: no se moverán, y la batalla será tanto en la calle como en los tribunales.
