«Extrema gravedad» en Entre Ríos: hallan cámaras y micrófonos ocultos en la oficina del gobernador Frigerio

El gobierno provincial denunció penalmente un caso de espionaje interno. Inició una investigación para determinar posibles complicidades dentro del Estado. «Son prácticas del pasado que se terminaron», afirmaron.

Un hecho de «extrema gravedad» conmociona al gobierno de Entre Ríos. Este jueves, la administración de Rogelio Frigerio denunció penalmente el hallazgo de dispositivos de espionaje —cámaras y micrófonos— ocultos en la oficina del propio gobernador y en la de la secretaría General de la Gobernación.

¿Cómo los descubrieron? La pesquisa comenzó de manera casi casual. Funcionarios notaron que en ambas oficinas había sensores de movimiento instalados, pero sin alarmas asociadas. La anomalía despertó sospechas y derivó en una inspección técnica del Ministerio de Seguridad provincial. El hallazgo fue alarmante: detrás de los sensores, había cámaras capaces de grabar video y audio.

«Una interferencia en un ámbito privado, que es una oficina pública», declaró el secretario de Gobierno, Mauricio Colello, a LN+. Y agregó: «Es una situación desagradable para nosotros, pero de una gravedad institucional muy grande». Aclaró que desconocen desde cuándo estaban operativos los aparatos y quiénes los instalaron, pero afirmó con contundencia: «No fueron conectadas con nuestra voluntad».

Doble investigación y un mensaje político contundente
Frente al hecho, el gobierno provincial activó dos vías de investigación:

  1. Una denuncia penal, para que la Justicia federal determine autores, finalidades y el destino de la información obtenida.
  2. Una investigación administrativa interna, para detectar posibles complicidades o responsabilidades dentro de la estructura estatal.

El comunicado oficial fue duro y tuvo un claro tinte político: «Durante muchos años, en Entre Ríos se naturalizaron prácticas oscuras, de control, espionaje y persecución política. Ese tiempo se terminó». Hicieron referencia a un «proceso de saneamiento profundo» iniciado en diciembre de 2023, tras «20 años de prácticas mafiosas enquistadas en el Estado».

El propio Frigerio subió el tono en redes: «En Entre Ríos se terminaron las prácticas oscuras del pasado. La transparencia, la legalidad y la libertad no se negocian».

Apoyos y condenas
El PRO, partido al que pertenece Frigerio, salió rápidamente a respaldarlo, calificando el hecho de «gravísimo» y asegurando que «remite a las peores prácticas del pasado». Exigieron que la Justicia investigue y sancione a los responsables.

Las preguntas que quedan flotando
El caso abre un abanico de interrogantes que la Justicia deberá responder:

  • ¿Quién ordenó el espionaje?
  • ¿Cuánto tiempo estuvieron activos los dispositivos?
  • ¿Qué información se recolectó y a dónde fue a parar?
  • ¿Hubo funcionarios internos que facilitaron la instalación?

Por ahora, solo hay certezas de un hecho que mancha la institucionalidad provincial y promete una investigación de alto voltaje político.