Grieta empresaria: tres cámaras clave rechazan puntos centrales de la reforma laboral
La Cámara de Comercio, CAME y Adimra se unieron para cuestionar artículos que eliminan el financiamiento sectorial y priman acuerdos por empresa. Advierten sobre fragmentación del mercado laboral y mayor conflicto.
En un movimiento que expone una fisura inesperada en el frente de apoyo al gobierno, tres de las principales cámaras empresarias del país –la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) y la Asociación de Industriales Metalúrgicos (Adimra)– manifestaron un rechazo formal a artículos clave del proyecto de reforma laboral oficial. Su advertencia es grave: de aprobarse tal como está, podría «fragmentar el mercado laboral» y generar «conflictividad jurídica y social».
El núcleo del rechazo: cinco artículos bajo la lupa
Las entidades, que representan a medio millón de comercios y fábricas y a unos 1,5 millones de trabajadores, elevaron una nota a senadores pidiendo la eliminación de cinco artículos (126, 128, 130, 131 y 132). Su principal preocupación gira en torno a dos ejes:
- Financiamiento sectorial en jaque: El artículo 126 elimina las «cláusulas obligacionales» de los convenios colectivos. Estas cláusulas son vitales para financiar instituciones de cada sector, como:
- El Instituto de Capacitación Profesional y Tecnológica para el Comercio (Inacap), sostenido por un aporte del 0,5% del salario en el ámbito mercantil.
- La propia estructura de Adimra, financiada con un 1% de aporte patronal en la industria metalúrgica.
Sin este mecanismo, quebraría el modelo de financiamiento de la capacitación y los servicios sectoriales.
- Fragmentación y desigualdad: Los artículos 128, 130 y 131 convierten en voluntarios los aportes a las cámaras empresarias y, más crítico aún, otorgan primacía a los acuerdos de empresa por sobre los convenios de actividad. Para las cámaras, esto sería catastrófico:
- Fragmentaría el marco normativo, creando un «mosaico» de condiciones distintas en cada empresa.
- Debilitaría el principio de «igual remuneración por igual tarea», abriendo la puerta a diferencias salariales injustificadas.
- Erosionaría el poder de negociación tanto de los sindicatos nacionales como de las cámaras empresarias de alcance sectorial.
- Injerencia estatal e inseguridad: El artículo 132 otorga a la autoridad administrativa amplia discrecionalidad para intervenir en convenios vencidos. Esto, advierten, desnaturaliza la ultraactividad (la vigencia de un convenio hasta que se firme uno nuevo) y genera inestabilidad e inseguridad jurídica para las empresas.
Un golpe estratégico al proyecto oficial
Este rechazo coordinado es un duro revés político para el gobierno, que presentaba la reforma como un paquete pro-mercado y de simplificación que contaría con el respaldo del sector productivo. Demuestra que hay límites claros en ese apoyo cuando la reforma toca intereses consolidados y modelos de organización sectorial que el propio empresariado defiende.
Las cámaras ya han comenzado una intensa lobby, reuniéndose con «la mayoría de los legisladores» de la comisión de trabajo y con varios gobernadores para que contemplen sus reparos antes de la votación.
El escenario ahora: un proyecto acorralado
La reforma laboral ya enfrentaba la férrea oposición de la CGT (como adelantó Luis Barrionuevo) y de gran parte de la oposición. Ahora, pierde un pilar clave de apoyo: el de un segmento mayoritario del empresariado pyme e industrial.
El gobierno se encuentra en una encrucijada compleja: ¿cederá a las presiones de sus propios aliados naturales en lo económico, debilitando aún más el proyecto? ¿O insistirá con los artículos cuestionados, arriesgando una fractura mayor y una posible derrota legislativa? El debate en el Senado promete ser una batalla en múltiples frentes, donde el oficialismo deberá negociar no solo con la oposición, sino también con un sector empresario que le dice «hasta aquí».
