Denuncian desvío de fondos de combustibles: piden cuentas a Nación por la crisis vial «crítica»
El Defensor del Pueblo de Formosa y cámaras del transporte carguero exigieron informes sobre el destino del Impuesto a los Combustibles, que por ley debe usarse para rutas. Advierten una «emergencia nacional» y sostienen que el dinero se usó para operaciones de mercado.
Mientras la red vial nacional se desmorona, una denuncia de peso acusa al Gobierno nacional de desviar los fondos del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL), destinados por ley al mantenimiento de rutas, para financiar operaciones de mercado y cumplir con la meta de déficit cero. El Defensor del Pueblo de Formosa, José Leonardo Gialluca, y la Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (FADEEAC) elevaron un pedido formal de explicaciones al Jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y al secretario de Infraestructura, Carlos Frugoni.
La acusación concreta:
Las quejas no son nuevas, pero ahora tienen respaldo en denuncias penales. El Sindicato de Trabajadores Viales (STVyARA) ya había denunciado al secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por incumplimiento de deberes al no transferir los fondos del ICL a Vialidad Nacional, tal como lo establece la ley. A esto se suma una denuncia de la Federación del Personal de Vialidad (FEPEVINA) contra el administrador de Vialidad, Marcelo Campoy, por malversación y desvío de recursos.
Los números son elocuentes: en el primer bimestre de 2025 se recaudaron $600.000 millones por este impuesto. A Vialidad Nacional debían ingresarle $86.000 millones, pero solo recibió $18.000 millones.
El sector que más paga, en las peores rutas
La FADEEAC, que agrupa a 42 cámaras de transporte, señaló que el sector carguero es el principal aportante del ICL, al consumir el 45% del gasoil del país (unos 6.000 millones de litros anuales). Sin embargo, son quienes más sufren el estado “verdaderamente crítico” de las rutas: “llenas de cráteres, sin señalización, con banquinas deterioradas y puentes al borde del colapso”.
Según datos del sistema SIG VIAL citados en el reclamo:
- 60% de las Rutas Nacionales están en estado crítico.
- 23% en condiciones malas.
- 22,1% en situación regular.
Un plan a largo plazo que no soluciona la emergencia
Aunque el gobierno anunció la Nueva Red Federal de Concesiones para licitar 9.100 km, los denunciantes advierten que son procesos largos y burocráticos, mientras las rutas no pueden esperar. Este esquema, además, implica una privatización total sin subsidios, donde las empresas mantendrán las rutas a cambio de instalar peajes y generar negocios secundarios.
La solicitud: transparencia y obras urgentes
El pedido formal exige:
- Información detallada sobre el uso de los fondos del ICL.
- Medidas paliativas urgentes para atender la emergencia vial inmediata, más allá de las concesiones a futuro.
La advertencia es económica y de seguridad: cada peso no invertido en mantenimiento hoy, obliga a gastar entre 3 y 5 veces más en rehabilitación mañana, sin contar los costos humanos y logísticos de los accidentes.
El contexto: Vialidad, con un presupuesto insignificante
Esta denuncia llega cuando se conoce que el presupuesto 2026 de Vialidad Nacional para obra pública es de apenas US$ 249 millones, una cifra ínfima para la magnitud del problema. La acusación de desvío explicaría, en parte, por qué el organismo clave para las rutas opera con una caja tan escuálida, mientras los argentinos pagan un impuesto específico en cada litro de combustible que, aparentemente, no llega a su destino. La crisis vial, así, parece tener responsables con nombre, apellido y denuncia penal.
