Quimilí: allanamientos en una causa por pornografía infantil que involucraría a un policía y a un comerciante
La Justicia de Santiago del Estero está realizando este jueves una serie de allanamientos en la ciudad de Quimilí, en el marco de una grave investigación por tenencia, producción y distribución de pornografía infantil que, según las primeras informaciones, involucraría como presuntos «financistas» a un comerciante y a un efectivo policial.
La investigación: una red que captaba adolescentes
La causa, a cargo de la fiscal Vanina Aguilera y avalada por la jueza de control Carolina Salas, se inició hace aproximadamente tres semanas tras la denuncia de una madre. Esta descubrió que su hija de 16 años había enviado fotos desnudas a cambio de $5.000, un monto que se habría pagado sistemáticamente a varias jóvenes y adolescentes por el material.
La investigación apunta a desbaratar una presunta red donde, según la denuncia:
- Una administradora de un grupo de WhatsApp actuaba como intermediaria entre los adultos y las menores.
- A las adolescentes no solo se les pagaba por el material, sino que también se las presionaba para tener encuentros sexuales con los «clientes».
Los allanamientos y los sospechosos
En este momento, se están allanando tres viviendas en Quimilí. Aunque la información es reservada, fuentes extraoficiales indican que hay solicitudes de detención y que los principales investigados como presuntos financistas de este «book» de fotos y videos serían:
- Un comerciante local.
- Un efectivo de la policía provincial.
Se busca secuestrar teléfonos celulares, computadoras y cualquier otro elemento que sirva como prueba para determinar el alcance de la red, la cantidad de víctimas y la identidad de todos los involucrados.
Un delito que sacude a la comunidad
Este caso pone en evidencia una forma de explotación sexual digital que, mediante el pago de sumas de dinero relativamente pequeñas, capta a adolescentes en situación de vulnerabilidad económica. La utilización de grupos de mensajería instantánea para el intercambio agrava la difusión del material.
La comunidad de Quimilí y el departamento Moreno esperan con preocupación los resultados de los allanamientos, que podrían develar una red de mayor magnitud. La Justicia busca actuar con celeridad para rescatar a las víctimas, cortar la distribución del material y llevar a los responsables ante la ley.
