Polémica medida del gobierno: no renovarán contratos a estatales mayores de 65 años sin 30 años de aportes
El gobierno de Javier Milei dio un nuevo paso en su política de reducción del Estado. A través del Ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, ordenó no renovar los contratos de trabajadores estatales mayores de 65 años que no alcancen los 30 años de aportes previsionales. La medida, calificada como «cruel e inhumana» por el gremio ATE, dejaría a estos empleados sin trabajo, sin obra social y sin posibilidad inmediata de jubilarse.
El dilema forzado: PUAM o la calle
Rodolfo Aguiar, secretario general de ATE Nacional, explicó el brutal efecto de la decisión: «El Gobierno presiona a trabajadores con 29 años de aportes para que elijan entre una PUAM o la calle». La Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) hoy ronda los $279.443, un monto muy inferior a una jubilación común.
La resolución, firmada por el secretario Maximiliano Fariña, establece que para solicitar la renovación de un contrato (con un plazo máximo de 6 meses) para alguien en esta situación, el organismo deberá adjuntar «obligatoriamente la constancia de intimación» a jubilarse. Según ATE, la medida no contempla excepciones por «criticidad», es decir, casos donde el trabajador sea indispensable por su conocimiento específico o porque el organismo tenga dotación por debajo del mínimo.
Una medida sin precedentes y advertencia de conflicto
Aguiar aseguró que «no existen precedentes» de una medida así y que «vulnera el derecho constitucional a la previsión social». Exigió su derogación inmediata y vinculó esta decisión con otras amenazas, como un posible recorte del 20% en la Jefatura de Gabinete y la falta de paritarias.
«Es el Gobierno el que sigue acumulando medidas contrarias a los intereses de los trabajadores y será el responsable de acelerar la conflictividad», concluyó el dirigente gremial, anticipando un incremento en la tensión laboral.
El objetivo: acelerar la salida y reducir la planta
La medida se enmarca en la estrategia oficial de reducir el empleo público y los gastos del Estado. Al no renovar a quienes están en edad jubilatoria pero no cumplen con el requisito de 30 años de aportes, el gobierno busca:
- Acelerar la reducción de la planta permanente sin incurrir en despidos directos (que podrían generar indemnizaciones).
- Transferir el costo de estos trabajadores al sistema previsional (a través de la PUAM, que es menor a una jubilación), o directamente a la asistencia social.
- Enviar un mensaje de inflexibilidad en la gestión de los recursos humanos del Estado.
Consecuencias humanas y laborales
Más allá del ahorro fiscal, la medida plantea un drama personal para cientos de trabajadores que, tras décadas de servicio, se quedarán sin ingresos laborales y sin una jubilación digna en el corto plazo. Para muchos, la PUAM será la única opción, profundizando su situación de vulnerabilidad en la tercera edad.
La pulseada entre el gobierno y los gremios estatales, lejos de apaciguarse, se recalentará con esta nueva medida.
