La grieta desembarca en Ushuaia: intervención del puerto, protestas y empleo en caída libre
El gobierno nacional tomó el control del puerto fueguino, desatando un conflicto político y laboral. En una provincia donde el turismo convive con la recesión industrial, la pelea entre el proteccionismo y el libre mercado se vive en las calles.
Era casi medianoche del 20 de enero cuando el puerto de Ushuaia comenzó a llenarse de fuerzas de seguridad. Entre efectivos de Prefectura y equipos antimotines, los trabajadores portuarios vieron llegar a un representante de la Agencia Nacional de Puertos. Horas después, el gobierno de Javier Milei oficializaba la intervención federal del puerto, desatando un conflicto que condensa la grieta política, el declive industrial y la incertidumbre laboral en Tierra del Fuego.
Desde entonces, unos 30 empleados de la Dirección Provincial de Puertos (DPP) se apostan cada día a la entrada del puerto, con bombos y carteles, reclamando por su reincorporación. Solo 20 personas –según una lista oficial– tienen permitido el ingreso. El resto espera afuera, bajo un sol inusual para el verano austral, mientras los cruceros descargan turistas que a menudo ignoran la protesta, pero que se llevan esa postal como bienvenida a la ciudad.
“¿Por qué tenían que hacer esto en temporada alta? La gente llega y ve un grupo con bombos. Capaz que en sus países no están acostumbrados”, comenta una empleada de un restaurante de la avenida San Martín, a dos cuadras del puerto. Sin embargo, muchos vecinos apoyan la intervención. “El puerto se estaba cayendo a pedazos”, resume Ana, que trabaja en un local gastronómico.
¿Por qué intervino la Nación?
El gobierno nacional alega graves fallas en la infraestructura y irregularidades financieras. Según la resolución de intervención, más del 85% del gasto del puerto se destinaba a sueldos y préstamos a otros organismos, mientras solo el 1,3% se invertía en obras. Además, en julio de 2025 la Legislatura fueguina –con apoyo de todos los bloques, incluidos los libertarios– aprobó una ley que permitía usar fondos del puerto para pagar deudas de la obra social provincial, algo que incluso los trabajadores portuarios pidieron vetar.
“Esto no es una disputa partidaria. Es para garantizar condiciones mínimas de seguridad”, argumentan desde La Libertad Avanza en Tierra del Fuego. En la DPP reconocen algunos problemas estructurales, pero aseguran que no ponen en riesgo las operaciones actuales.
El temor a la desaparición de la fuente laboral
Para los trabajadores, la intervención no es solo una cuestión política: es una amenaza a sus puestos de trabajo. Desde que la Nación tomó el control, los pagos de cruceros y buques se derivan a una cuenta del Banco Nación, y la provincia perdió el manejo de esos fondos. “Nos están echando encubiertamente”, afirma Franco Castillo, director administrativo del puerto.
La preocupación salarial se agudiza en una provincia con problemas financieros crónicos. A fines de 2025 renunció el ministro de Economía fueguino, y el año pasado docentes y estatales protestaron reiteradamente por salarios atrasados. En el centro de Ushuaia, locales vacíos o en venta reflejan una economía que se contrae.
La industria electrónica, en terapia intensiva
Tierra del Fuego también sufre la caída de su principal sector industrial: la electrónica. Vecinos y trabajadores denuncian que, desde hace años, las fábricas ofrecen “contratos basura” –temporales, de pocos meses–, lo que genera una gran inestabilidad laboral. La situación empeoró con la quita de aranceles a la importación de celulares, vigente desde el 16 de enero, que dejó a la industria local sin protección.
“Ya no hay trabajo en Río Grande, donde todo se asociaba a la electrónica. Los contratos terminaron a fin de año y están todos con la incógnita de si los van a volver a llamar”, relata Laura, una vendedora ambulante que migró a Ushuaia para la temporada turística. Según datos municipales, los empleos industriales pasaron de casi 15.000 a unos 6.000 en los últimos años.
Dos modelos en pugna
El conflicto del puerto es solo la punta del iceberg de una colisión ideológica entre el modelo proteccionista que históricamente sostuvo Tierra del Fuego y la agenda de apertura comercial de Milei. Un día después de la intervención, el gobierno nacional anunció la eliminación de los aportes empresariales al Fondo de Ampliación de la Matriz Productiva (FAMP), una de las principales fuentes de financiamiento provincial.
“Eliminar el FAMP es frenar proyectos, inversión y empleo. No son medidas aisladas: es un plan contra Tierra del Fuego”, denunció la senadora Cristina López, aliada del gobernador peronista Gustavo Melella. En la municipalidad de Ushuaia, cuadros de Cristina y Néstor Kirchner refuerzan la simbología peronista que domina la política local.
La vida al pie de la montaña
Mientras la grieta se profundiza, los vecinos enfrentan un costo de vida elevado, alquileres inaccesibles y empleos precarios. En las laderas de Ushuaia han proliferado asentamientos informales donde el acceso a agua y gas es limitado. Para muchos, la discusión entre proteccionismo y libre mercado suena lejana frente a la urgencia de llegar a fin de mes.
El puerto intervenido, las fábricas que cierran y los turistas que pasan sin mirar resumen la paradoja de una provincia rica en belleza natural, pero ahogada por la crisis económica y una batalla política que decide su futuro sin consultarla.
¿Creés que la intervención del puerto mejorará su infraestructura o profundizará la crisis laboral? ¿Cómo impacta en tu provincia la puja entre proteccionismo y apertura económica? Dejanos tu opinión.
