Procesaron a Diego Spagnuolo y a otros 18 acusados por el caso de corrupción en la Agencia de Discapacidad
El juez Casanello los imputó por asociación ilícita, cohecho y defraudación agruenada. Denunció un «entramado de corrupción» que desvió fondos destinados a personas con discapacidad.
El juez federal Sebastián Casanello procesó este viernes al ex titular de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo, y a otros 18 acusados por su presunta participación en una asociación ilícita que desvió fondos públicos mediante sobreprecios en la compra de medicamentos y un sistema de retornos a funcionarios. La resolución judicial calificó el caso como un «entramado de corrupción institucional» que perjudicó directamente a las personas con discapacidad.
Los delitos imputados
A Spagnuolo se lo acusa de ser el presunto jefe de la asociación ilícita, además de negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación agravada y cohecho pasivo. Según Casanello, la organización «tenía por objeto generar recíprocamente millonarias ganancias a partir de la adjudicación indebida de contrataciones públicas».
Cómo operaba el esquema
La investigación reconstruyó que droguerías vinculadas vendían medicamentos a la ANDIS con sobreprecios significativos, y a cambio realizaban «retornos» a funcionarios de la agencia. Este mecanismo permitió el enriquecimiento ilícito de los imputados, mientras se desfinanciaba la política pública de discapacidad.
Un daño a los más vulnerables
El juez fue contundente al señalar que la ANDIS «fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad».
Próximos pasos
Además de los procesamientos, Casanello ordenó nuevas declaraciones indagatorias para seguir profundizando en la trama. El caso –que estalló en 2025 con la filtración de audios donde se escuchaba a Spagnuolo negociando presuntamente coimas– se ha convertido en uno de los escándalos de corrupción más graves de los últimos años, por afectar directamente a un sector de alta vulnerabilidad.
La resolución judicial marca un avance significativo en la causa, pero también expone la fragilidad de los sistemas de control en organismos que manejan presupuestos sensibles y deben garantizar derechos esenciales.
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