El ajuste en discapacidad no tiene fin: denuncian situación «terminal» por las deudas de Incluir Salud

Las instituciones de apoyo denuncian que la obra social del Estado dejó de pagarles, en algunos casos, desde octubre del año pasado. En paralelo, el Gobierno ya lleva acumulado un recorte de más del 30 por ciento en el presupuesto para el área. La ex Andis hasta cerró su pileta por falta de fondos. Habrá una nueva marcha este martes.

«La situación es cada vez más crítica. Si antes pagaban poco, ahora directamente no pagan», le dice a Página/12 Pablo Molero, referente del Foro Permanente por los Derechos de las Personas con Discapacidad. Molero describe la situación de los centros de día, las escuelas especiales y los transportistas como «terminal». Pese a que la Ley de Emergencia está vigente, el bucle temporal del ajuste y la precarización del sector se sigue profundizando. «Hay instituciones que están al borde del colapso. Si no cobran, no pueden abrir sus puertas», explicó a este medio un trabajador del sector.

Deudas desde octubre de 2025

El problema, desde hace meses, pasa por las deudas que está acumulando el programa Incluir Salud – la obra social pública de las personas con discapacidad, donde se descubrió la cueva de las coimas – con los prestadores, sobre todo del interior del país. Según Molero, que representa a la sociedad civil frente al Estado en este tema, hay instituciones que no cobran desde octubre del año pasado. Si se suma también al PAMI, hay más de 1.200 expedientes con deudas acumuladas en el Ministerio de Salud, un número inusualmente alto. «Ocho meses sin cobrar. ¿Cómo querés que una institución se sostenga con eso?», cuestionó el referente.

Cierres semanales

«Todas las semanas cierra sus puertas alguna institución», explica Molero. Este martes, en ese marco, las organizaciones del colectivo convocan a marchar al Ministerio de Economía, de la mano de una movilización más amplia convocada por intendentes contra el plan motosierra. «No podemos seguir así. Vamos a marchar porque es la única forma de que nos escuchen», señaló Molero.

Ley de Emergencia reglamentada, pero incumplida

Luego de largos meses de lucha de las familias y los profesionales, la Ley de Emergencia en Discapacidad entró en vigencia a principios de este año. El Gobierno la reglamentó obligado por un fallo judicial. Los fondos inicialmente aparecieron, y las instituciones y sus profesionales pudieron actualizar el «nomenclador» (así se define técnicamente al valor de los servicios de salud, educación y otros rubros) a partir del número de inflación del INDEC. Pero enseguida aparecieron nuevos problemas. Uno de los desacuerdos tuvo que ver con las deudas acumuladas con el sector desde 2023, que la ley también dice que se deben compensar. Los prestadores dicen estar facturando casi un 40 por ciento por debajo de lo que dicta la Emergencia. A lo que se sumaron las deudas que el propio Estado comenzó a acumular hacia adelante, a partir de la crisis del Incluir Salud. «La ley está vigente, pero no se cumple. Es papel mojado», denunció un profesional.

Falta de voluntad política

«No hay voluntad política de aplicar la ley y sostener nuestro sector», explica Molero. En concreto, dice, el ajuste redunda en que los profesionales que se dedican a atender a personas con discapacidad renuncien y busquen otros rumbos, por los bajos salarios y los atrasos en los pagos; las instituciones recorten servicios o los brinden con una menor calidad. Un ejemplo claro son las comidas: en algunos casos las obras sociales pagan 45 pesos por persona por día; el endeudamiento con entidades privadas y otros rebusques, como los aportes solidarios o lo que ponen las propias familias, para sostener la prestación; se rechaza el ingreso de nuevas personas con discapacidad a los dispositivos, porque no hay vacantes disponibles; y el cierre definitivo, que comienza con menos días de puertas abiertas en la semana. «Con 45 pesos por día no se le da de comer a nadie. Es una vergüenza», afirmó Molero.

El caso de Promover: riesgo de cierre

Esta semana trascendió uno de los casos más graves, el de la institución Promover, del barrio de Flores, que es el hogar de unos 18 chicos con distintas patologías y que brinda unos 35 puestos de trabajo. La deuda del Incluir Salud data de diciembre de 2025. «Si no entra dinero antes del fin de mes, tenemos que empezar a pensar en el cierre», dijo su directora Marisa Agis. «Son 18 chicos que se quedarían sin el único lugar que los contiene. Eso es una tragedia», lamentó Molero.

No hay plata ni para la pileta de la ex Andis

Al cierre intempestivo de la Andis el último día hábil del año pasado le siguió una subejecución de las partidas presupuestarias destinadas al sector. Los fondos ahora destinados a la flamante Secretaría de Discapacidad, que pasó a depender del Ministerio de Salud, retrocedieron un 31,3 por ciento en el primer trimestre de 2026 respecto al mismo período de 2023, según un relevamiento que realizó el Centro de Economía Política (CEPA) para Página/12. Ese ajuste vía subejecución no es nuevo en la gestión libertaria y afecta principalmente a todas las funciones de integración social y laboral en materia de discapacidad, pero esta vez alcanza también al funcionamiento cotidiano del organismo: en la sede de la ex Andis en Núñez tuvieron que cerrar la pileta climatizada porque no hay plata ni para arreglar las calderas. «No hay plata para mantener la pileta, pero tampoco para pagar los sueldos. El desastre es total», denunció un empleado.

Sueldos en cuotas

En ese marco, además, trabajadores del organismo denunciaron que están cobrando el sueldo en cuotas. «De los 800 que somos, hay 300 que no cobraron abril. Los 500 restantes vienen en conflicto desde enero, algunos no cobraron y otros se les depositó solo 190 mil de sueldo. También se están pagando con retraso los aportes sociales», denunció a este diario una fuente gremial. «No se puede vivir con 190 mil pesos. Y si encima no cobrás a término, es directamente imposible», señaló la fuente.

El mismo sistema vulnerable de la era de las coimas

Mientras todo dentro del sector cruje, Página/12 pudo comprobar que además sigue vigente el mismo mecanismo digital para la carga de los expedientes para las licitaciones dentro del Incluir Salud, es decir, el sistema que la banda encabezada por Pablo Atchabahian manejaba desde afuera de la Andis para direccionar las compras con sobreprecios. Se trata del sistema SIIPFIS, que sigue siendo igual de vulnerable: a uno de los empleados que prestaba sus claves desde adentro hasta se le renovó el contrato. «No solo no arreglaron la corrupción, sino que encima dejaron el mismo sistema que la facilitaba. Es increíble», denunció Molero.

En primer lugar, las instituciones de discapacidad no cobran desde octubre de 2025 en muchos casos. A continuación, el presupuesto para el área se redujo un 31,3% en el primer trimestre de 2026. Además, la ex Andis cerró su pileta climatizada por falta de fondos y los trabajadores cobran sus sueldos en cuotas. Por último, el sistema SIIPFIS, el mismo de la época de las coimas, sigue vigente.

¿Trabajás en el sector de discapacidad, tenés un familiar con discapacidad o conocés alguna institución afectada? ¿Cómo está afectando esta crisis a las personas con discapacidad en tu provincia? Compartí tu experiencia. La discapacidad no puede ser un ajuste más.