El gobierno propone garantía constitucional a quienes vengan a invertir al Chaco
El proyecto establece la prohibición de crear nuevos tributos o aumentar los existentes que afecten a inversiones productivas, así como la nulidad de cualquier medida que contradiga esta garantía. Además, contempla la devolución inmediata de montos percibidos indebidamente, evitando procesos judiciales prolongados.
El Ejecutivo provincial presentó este jueves en la Legislatura un Proyecto de Ley de Reforma Constitucional que busca incorporar el artículo 40 bis a la Carta Magna, con el objetivo de garantizar estabilidad fiscal a quienes inviertan en la provincia y prohibir la creación o el aumento de impuestos sobre actividades productivas. «Queremos que el inversor sepa que si viene al Chaco, las reglas no se van a cambiar en el medio del partido. Eso es seguridad jurídica», explicó a este medio un funcionario provincial.
La iniciativa, anunciada por el gobernador Leandro Zdero en la apertura de sesiones ordinarias, fue formalizada por el secretario general de la Gobernación, Julio Ferro, junto al ministro de la Producción, Oscar Dudik, y acompañados por los legisladores: Iván Gyoker, Carina Botteri, Carlos Salom y Maida With.
«Un mensaje claro al mundo»
Según explicó Ferro, la propuesta apunta a enviar «un mensaje claro al mundo» sobre la seguridad jurídica en el Chaco, estableciendo que no se modificarán las reglas de juego fiscales para quienes desarrollen inversiones productivas en el territorio provincial. «El objetivo es garantizar que ningún inversor vea incrementada su carga tributaria, ni a nivel provincial ni municipal. Queremos generar condiciones para atraer inversiones, promover el desarrollo económico y crear empleo genuino», sostuvo Ferro durante la presentación. «El Chaco tiene mucho para ofrecer, pero necesita confianza. Esto es un paso gigante en esa dirección», señaló.
Resguardo de la soberanía fiscal
Otro de los puntos centrales es la incorporación de una cláusula que resguarda la soberanía fiscal de la provincia ante eventuales cambios en el esquema tributario nacional, asegurando que el Chaco pueda percibir tributos que le sean transferidos sin generar una doble carga para los inversores. Asimismo, se plantea un ordenamiento del esquema impositivo municipal, estableciendo que las tasas locales no podrán afectar de manera indirecta a las inversiones alcanzadas por la protección constitucional, con el fin de eliminar distorsiones y brindar mayor previsibilidad. «No queremos que lo que garantiza la provincia lo desmienta un municipio. Todos tienen que remar para el mismo lado», afirmó el funcionario.
«El Chaco ya dio señales concretas»
Por su parte, el presidente del bloque oficialista «Chaco Puede», Iván Gyoker, destacó que la provincia «ya dio señales concretas al reducir impuestos y avanzar en medidas que favorecen la actividad privada», y remarcó la importancia de consolidar estas políticas mediante una norma de máximo rango. «Buscamos generar consenso para avanzar en una herramienta clave para el desarrollo. No debería haber objeciones cuando se trata de garantizar seguridad jurídica, atraer inversiones y generar oportunidades para los chaqueños», afirmó. «Reducir impuestos está bien, pero si no hay confianza en la continuidad, no sirve. La reforma constitucional es la garantía definitiva», señaló Gyoker.
Una política de Estado a mediano y largo plazo
Desde el Ejecutivo provincial señalaron que la reforma apunta a consolidar una política de Estado a mediano y largo plazo, orientada a posicionar al Chaco como una provincia competitiva y confiable para la radicación de capitales. «Esto no es para un gobierno. Es para los próximos 30 años. Un inversor necesita saber que más allá de quién gobierne, las reglas no van a cambiar», concluyó el funcionario.
En primer lugar, el proyecto de reforma constitucional incorpora el artículo 40 bis, que prohíbe crear o aumentar impuestos a las inversiones productivas. A continuación, establece la nulidad de cualquier medida que contradiga esta garantía y la devolución inmediata de montos percibidos indebidamente. Además, resguarda la soberanía fiscal provincial ante cambios en el esquema tributario nacional. Por último, ordena el esquema impositivo municipal para evitar distorsiones.
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