Universidades: el oficialismo busca reactivar la reforma de la ley de financiamiento tras el revés judicial
20 de abril de 2026
En un movimiento estratégico destinado a mitigar el impacto fiscal de la ley de financiamiento universitario, el oficialismo libertario ha decidido reactivar un proyecto de reforma presentado en febrero pasado en la Cámara de Diputados. La iniciativa surge en paralelo a la apelación ante la Corte Suprema de Justicia por los fallos que ordenan al Poder Ejecutivo el desembolso de $2,5 billones para actualizar salarios docentes y programas presupuestarios de las casas de altos estudios.
La norma vigente, sancionada por el Congreso el año anterior (ley 27.795), obliga al Estado a compensar la pérdida salarial por inflación desde diciembre de 2023 y a recomponer recursos para funcionamiento, hospitales universitarios y ciencia y técnica. Dos fallos judiciales —el de primera instancia del juez Martín Cormick y la confirmación de la Sala III de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Contencioso Administrativo Federal— han ordenado su inmediato cumplimiento, lo que el Gobierno considera un riesgo para el equilibrio fiscal.
Contexto político e interna oficialista
El proyecto de reforma fue ingresado durante las sesiones extraordinarias de febrero, momento en que el bloque libertario contaba con mayor control del recinto. Sin embargo, no recibió tratamiento prioritario, ya que los esfuerzos se concentraron en la aprobación de la reforma laboral. Fuentes cercanas al asesor presidencial Santiago Caputo señalan que existían negociaciones discretas con rectores universitarios para obtener apoyo parlamentario y desactivar el frente judicial, pero la demora en el tratamiento ha generado reproches internos.
En el entorno de Caputo se atribuye parte de la responsabilidad al presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, quien responde a Karina Milei. “Antes del fallo de segunda instancia había margen para negociar una reforma que convenía tanto al Gobierno como a las universidades. Ahora, con la Justicia a favor de las casas de estudio, resulta más complicado”, afirman fuentes oficiales. Desde el sector de Menem responden que “no estaban los votos” y evitan entrar en polémica.
Hasta el momento no se ha fijado fecha de convocatoria a comisiones, aunque fuentes del bloque libertario confirmaron que el impulso se concretará en los próximos días.
Detalles del proyecto de reforma
La iniciativa no deroga la ley 27.795, sino que la modifica parcialmente para reducir su impacto presupuestario. Los principales puntos de diferencia son los siguientes:
- Salarios docentes y no docentes: La ley actual exige reconocer la pérdida inflacionaria desde el 1° de diciembre de 2023. El proyecto oficialista solo contempla la recomposición correspondiente a 2025, omitiendo 2024. Dicha actualización se realizaría en tres tramos (marzo, julio y septiembre de 2026) con incrementos del 4,1 % sobre los básicos vigentes al 31 de diciembre de 2025. Se prevé la convocatoria a paritarias cada tres meses, sin obligación automática de ajuste por inflación.
- Gastos de funcionamiento: La norma vigente obliga a recomponer lo perdido por inflación en 2024 y 2025 en diversos programas (incluidos hospitales universitarios y ciencia y técnica). El proyecto del Ejecutivo no menciona esos años y, para 2026, establece una actualización solo si la inflación anual supera el 14,5 % previsto en el presupuesto.
- Adición presupuestaria: Incorpora una recomposición específica de más de $80.000 millones para el sistema de salud universitario, rubro no contemplado en la ley actual.
Implicancias institucionales
Esta reactivación parlamentaria representa un intento del oficialismo por recuperar iniciativa en un tema sensible que ha generado tensión con el sector universitario y la oposición. El Gobierno sostiene que el cumplimiento pleno de la ley sancionada por el Congreso afectaría gravemente las cuentas públicas, mientras que las universidades argumentan la necesidad de preservar el financiamiento esencial para el funcionamiento del sistema.
¿Cuál es su posición respecto de esta iniciativa?
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- ¿Considera que el Gobierno debe priorizar el cumplimiento estricto de la ley de financiamiento universitario o buscar una reforma que preserve el equilibrio fiscal?
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- a) Sí, es necesario proteger el equilibrio fiscal
- b) No, debe cumplirse íntegramente la ley sancionada por el Congreso
- c) Debería negociarse un acuerdo con las universidades
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