La defensa de Tito López rechaza la acusación y asegura que «no hay pruebas del delito precedente»

En el marco del juicio por presunto lavado de activos contra el dirigente social Tito López y su familia, la defensa salió a cuestionar con firmeza el pedido de penas formulado por la fiscalía y anticipó que buscará demostrar la licitud de los bienes y recursos en discusión.

El abogado defensor, Marcelino Leiva, expresó su desacuerdo con el alegato del fiscal y sostuvo que «no existen elementos suficientes y contundentes» que permitan acreditar el origen ilícito del dinero, un punto clave para sostener la acusación de lavado de activos. «Para que exista lavado de activos, es esencial probar el delito precedente, es decir, que el dinero tenga un origen espurio. Eso no está demostrado», afirmó. «Sin delito previo, no hay lavado. La Fiscalía no pudo probar de dónde salió la plata. Por eso vamos a ganar», explicó a este medio una fuente cercana a la defensa.

Origen de los fondos: préstamos, subsidios y financiamiento

Según explicó Leiva, la defensa argumentará que los bienes adquiridos por la familia López provienen de fuentes legales, entre ellas préstamos, subsidios estatales y financiamiento de entidades como mutuales y organismos provinciales. En ese sentido, detalló que desde fines de la crisis de 2001 se impulsaron proyectos productivos destinados a integrantes de movimientos sociales, los cuales eran otorgados de manera individual ante la falta de personería jurídica de esas organizaciones. «En el Chaco se entregaron cientos de proyectos productivos: ladrillería, costura, panadería y también cría de animales. A la familia López le tocó la producción porcina, como a muchos otros beneficiarios», indicó. «No fue un favor. Fue una política pública. Cientos de familias recibieron esos proyectos. La familia López fue una de ellas», señaló la fuente.

Desarrollo productivo y tierras en El Impenetrable

El abogado relató que, tras iniciar la actividad con cría de cerdos, la familia fue creciendo en su producción hasta solicitar tierras en la zona de El Impenetrable para desarrollar ganadería. De acuerdo a su versión, en 2008 el Estado provincial les otorgó en concesión parcelas de unas 290 hectáreas a cada integrante del grupo familiar, alcanzando cerca de 1.800 hectáreas en total. Leiva remarcó que se trata de una zona de baja productividad, donde debieron realizar inversiones en infraestructura básica como alambrados, perforaciones de agua y apertura de caminos. «El Impenetrable no es la pampa húmeda. Es una zona difícil, donde producir es costoso y requiere mucha inversión. Eso no es un regalo», explicó la fuente.

Con el tiempo —agregó— los campos fueron puestos en producción ganadera, con registros ante organismos sanitarios y actividad sostenida durante más de una década. Posteriormente, esas tierras fueron adjudicadas en venta y, según la defensa, adquiridas mediante créditos que fueron cancelados. «Todo está documentado. No hay nada escondido. Por eso confiamos en la absolución», afirmó.

Cuestionamientos a la acusación

El defensor también respondió a los cuestionamientos sobre la magnitud de las tierras y el patrimonio de la familia, señalando que la asignación se realizó por unidad productiva y de manera individual a cada integrante. Además, sostuvo que hubo otros beneficiarios de programas similares que lograron progresar, aunque reconoció que no todos corrieron la misma suerte. «No es culpa de la familia López que otros no hayan podido salir adelante. Ellos trabajaron, invirtieron y les fue bien. Eso no es delito», señaló la fuente.

Una lectura política del proceso judicial

Por otra parte, planteó una lectura política del proceso judicial. «Esto tiene que ver con que López, por su rol como dirigente social, es considerado un enemigo del gobierno actual», afirmó. En esa línea, aseguró que la investigación lleva varios años sin haber logrado comprobar un delito concreto. «No hay una sola prueba de corrupción. Es una persecución política, pura y dura», denunció la fuente.

Lo que sigue: alegato de defensa el 6 de mayo

El alegato de la defensa está previsto para el próximo 6 de mayo. Tras esa instancia, el tribunal podría avanzar rápidamente hacia una definición. Consultados sobre las expectativas, Leiva fue categórico: «Confiamos absolutamente en la absolución». El caso se encuentra en una etapa clave, con posiciones enfrentadas entre la acusación y la defensa en torno a un punto central: si existió —o no— un origen ilícito del dinero que permita sostener el delito de lavado de activos. «La Fiscalía tiene que probar. Nosotros solo tenemos que demostrar que lo que hicimos fue legal. Y podemos hacerlo», concluyó la fuente.

En primer lugar, la defensa sostiene que no hay pruebas del delito precedente, necesario para acreditar lavado de activos. A continuación, los bienes de la familia López provendrían de préstamos, subsidios y proyectos productivos legales. Además, las tierras en El Impenetrable fueron otorgadas por el Estado provincial en concesión y luego adquiridas mediante créditos cancelados. Por último, la defensa anticipa un alegato de absolución el 6 de mayo.

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