El éxito de Vaca Muerta le sale caro al Estado: por un recorte de subsidios, la Justicia le ordenó pagar más de $2500 millones a Tecpetrol

Paradojas de la vida. Tecpetrol invirtió fuerte en Vaca Muerta, perforó más pozos, triplicó su productividad, y cuando el gas empezó a fluir, el Estado le recortó los subsidios. ¿El argumento? Que producía más de lo proyectado. Ahora, la Justicia le dio la razón a la empresa del grupo Techint y le ordenó al Estado que le pague más de $2553 millones en concepto de compensaciones adeudadas, más intereses. El fallo todavía puede ser apelado, pero el número duele.

El lío viene de 2017, cuando el gobierno de Mauricio Macri creó la resolución 46, un esquema de subsidios para incentivar la producción de gas no convencional en Vaca Muerta. La idea era simple: el Estado garantizaba un precio mínimo para que las empresas invirtieran sin miedo. Tecpetrix se subió al barco y desembolsó alrededor de US$1700 millones en Fortín de Piedra.

Para fines de 2018, la empresa ya producía 14 millones de metros cúbicos de gas por día. O sea, el 12% de la producción nacional de ese entonces. El yacimiento confirmó que Vaca Muerta era una bestia. Pero el éxito tuvo un costo: tanta oferta de gas hizo caer el precio de mercado, la brecha con el precio mínimo se amplió, y el gasto fiscal se disparó. En ese contexto, el gobierno de Macri (con Nicolás Dujovne al frente del ministerio de Economía) buscaba cumplir con la meta de déficit cero exigida por el FMI. Algo tenía que ceder.

En diciembre de 2018, la Secretaría de Energía, a cargo de Gustavo Lopetegui, dictó resoluciones que limitaron retroactivamente los pagos a Tecpetrol. El argumento: las compensaciones se calcularían sobre la producción proyectada originalmente («curva original»), no sobre la producción real. La diferencia era abismal. Mientras la proyección original estimaba un pico de 8,5 millones de metros cúbicos diarios, la producción real llegó a casi el doble.

El juez Enrique Lavié Pico, del Juzgado Contencioso Administrativo Federal 6, rechazó ese argumento de plano. La resolución 46 definía a la «producción incluida» como «la totalidad de la producción mensual de gas no convencional», sin establecer ningún tope. El fallo señaló que hasta el dictado de las resoluciones impugnadas, el propio Estado había liquidado los pagos sobre la producción real. Incluso el entonces jefe de Gabinete, Marcos Peña, había descrito las compensaciones en informes al Senado como una función «del nivel de inyección de gas natural de origen no convencional alcanzado».

La conclusión del juez fue directa: el Estado contradijo sus propios actos y modificó unilateralmente las condiciones de un programa de fomento que había generado derechos adquiridos para la empresa. Además, desmontó el argumento sobre supuestos sobrecostos. Una pericia judicial determinó que Tecpetrol perforó 114 pozos en el período, por debajo de los 121 proyectados originalmente. El salto de producción se explicó por la mayor productividad por pozo, que se triplicó.

El Estado aún puede apelar. El recurso va a la Cámara Contencioso Administrativa Federal, lo que podría extender la disputa varios años más. Pero mientras tanto, la cifra ya está sobre la mesa, che. Más de 2500 millones de pesos que el Estado tendrá que pagar si la sentencia queda firme.

¿el Estado se equivocó al recortar los subsidios o Tecpetrol se aprovechó de una norma mal redactada para facturar más? Porque una cosa es fomentar la producción y otra muy distinta es que la factura final la paguemos todos. Y mientras tanto, los precios del gas en los hogares no bajan, las empresas se frotan las manos y la Justicia define. ¿Viste?