Capitanich presenta un proyecto de ley para transparentar y unificar el control de la deuda pública

El senador nacional por el Chaco, Jorge Capitanich, ingresó un proyecto de ley con un objetivo ambicioso: terminar con la fragmentación de la información sobre la deuda del Estado argentino. La iniciativa, denominada “Ley de Integridad, Transparencia y Control de la Deuda Pública Consolidada”, busca unificar el registro, la información, la autorización y el control de todos los pasivos estatales.

¿Qué problema viene a resolver? Según explicó el propio Capitanich, actualmente la información está dispersa: el Banco Central registra por un lado, la Secretaría de Finanzas por otro, y no se incorporan todos los conceptos que deberían consolidarse. Por eso, el proyecto crea el concepto de “Deuda Pública Consolidada”, que obligará al Estado a informar de manera unificada no solo la deuda directa del Tesoro, sino también:

  • Los pasivos remunerados del Banco Central (BCRA).
  • Los pasivos contingentes: obligaciones potenciales que aún no son deuda efectiva, pero que representan un riesgo fiscal si se materializan. Por ejemplo: garantías, avales, juicios, arbitrajes y derivados financieros.

Además, la iniciativa obliga a cuantificar, registrar y publicar estos pasivos contingentes en el Informe de Riesgos Fiscales, con el objetivo de evitar que se utilicen instrumentos financieros que eludan los controles presupuestarios tradicionales.

El contexto que menciona Capitanich es el siguiente: al cierre de marzo de 2026, la deuda pública alcanzó el equivalente a USD 469.597 millones, y dentro de ese total, la deuda en moneda extranjera ascendía a USD 258.926 millones. A eso se suma una dependencia del FMI: la Argentina registra 41.789 millones de DEG de crédito pendiente (aproximadamente USD 57.300 millones), lo que la mantiene como su principal deudor.

El senador cuestionó además la política fiscal actual: «Mientras el Gobierno exhibe un superávit primario de $6,8 billones en el primer trimestre de 2026, hay 12,2 billones de intereses capitalizables. En otras palabras: el ajuste fiscal que se presenta como fortaleza convive con un endeudamiento masivo. Nos mienten con el superávit, nos mienten con la deuda».

¿Qué cambios propone el proyecto en concreto?

1. Más control del Congreso. Determinadas operaciones de especial relevancia (reestructuraciones, endeudamientos con organismos multilaterales por encima de ciertos umbrales, operaciones que afecten activos estratégicos o compromisos en moneda extranjera con cláusulas gravosas) deberán contar con autorización expresa del Congreso mediante ley especial previa, acompañada de un informe técnico completo y público.

2. Un límite prudencial para la deuda externa. Se propone un parámetro del 30% del PBI para deuda denominada, indexada o pagadera en moneda extranjera. Si se supera ese porcentaje, el Poder Ejecutivo deberá presentar ante el Congreso una senda de convergencia para reducir la vulnerabilidad externa en un plazo máximo de diez años.

3. Un registro público único. Se crea el Registro Nacional de Deuda Pública Consolidada, de acceso público, con actualización trimestral. También se incluye la obligación de registrar y tasar los activos inmobiliarios del Estado, para evitar que el patrimonio público sea utilizado como garantía sin trazabilidad.

4. Respeto por la autonomía provincial. El proyecto aclara que las provincias mantienen su autonomía para endeudarse. La intervención del Ministerio de Economía de la Nación se limitará a un control técnico cuando se afecten recursos federales o se soliciten avales nacionales, reemplazando la discrecionalidad política por reglas objetivas.

El senador fue claro sobre este punto: «Sabemos que existen limitaciones en donde el endeudamiento provincial es una moneda de cambio y forma parte de las negociaciones políticas para conseguir votos en el Congreso. Nosotros creemos que es necesario tener equilibrio fiscal, pero que se respete la Constitución provincial».

🗣️ La frase de Capitanich

«No se trata de impedir que el Estado se financie cuando sea necesario. Se trata de impedir que vuelva a endeudarse sin control, sin información suficiente y sin rendir cuentas ante la representación popular».

¿Qué opinás vos?

  • ¿Creés que la deuda pública en Argentina se administra con suficiente transparencia?
  • ¿Este proyecto fortalecería realmente el control del Congreso o sería una declaración más?
  • ¿Es razonable fijar un límite del 30% del PBI para la deuda en moneda extranjera?
  • ¿Cómo afecta la deuda provincial a las negociaciones políticas nacionales?

Dejá tu comentario más abajo. La discusión sobre la deuda no es solo técnica: es política, es federal y afecta el futuro de todos los argentinos. Seguiremos ampliando esta nota cuando el proyecto comience su tratamiento en comisiones.