Construcciones sobre la Ruta 11: el Concejo analiza una excepción para «perdonar» viviendas antiguas que no respetaron la distancia legal

El Concejo Municipal de Resistencia abrió una audiencia pública para analizar un proyecto que busca regularizar decenas de construcciones levantadas hace décadas a escasos metros de la Ruta 11, en el tramo comprendido entre avenida Martina y calle Charata. La propuesta: reducir de 15 a 10 metros la línea de edificación obligatoria para esos terrenos específicos, desafectarlos del dominio público y pasarlos al dominio privado para luego venderlos a sus ocupantes.

La concejala Analía Verón explicó el origen del proyecto: «Está relacionada a una medida de excepción, dado que todas las construcciones datan de mucho tiempo y el Código de Planeamiento Urbano quedó bastante a destiempo». En criollo: las casas están donde no deberían estar, pero ya están, y la normativa actual las considera ilegales.

El área de Planeamiento Urbano realizó un relevamiento y detectó numerosas construcciones de vieja data que en su momento no respetaron la línea de edificación (la distancia mínima que debe haber entre una construcción y la ruta). Hoy, el código exige 15 metros. Pero esas casas se hicieron cuando la ruta era otra, o cuando nadie controlaba, o simplemente porque sí. El proyecto propone bajar la distancia exigida a 10 metros para ese sector específico, como una excepción a la regla general.

El mecanismo es el siguiente: una vez que el proyecto sea aprobado en segunda lectura por el Concejo, el Municipio desafectará los terrenos del dominio público (es decir, dejarán de ser considerados parte de la ruta o de su zona de seguridad) y los convertirá en dominio privado. Luego, les venderá las parcelas a los actuales ocupantes. La condición: a partir de ahora, cualquier obra nueva que se haga en esos terrenos deberá respetar la nueva línea de edificación de 10 metros.

El debate de fondo es si el Estado debe «perdonar» décadas de incumplimiento normativo o si, por el contrario, debe hacer cumplir la ley aunque eso implique medidas más drásticas. Los defensores del proyecto argumentan que se trata de una regularización necesaria para dar seguridad jurídica a familias que viven ahí desde antes de que existiera la normativa actual. Los críticos, en cambio, ven un retroceso en materia de seguridad vial y planificación urbana.