Rescatan a 9 hermanos abusados, desnutridos y analfabetos en el interior santiagueño: «Los trataban como animalitos»
Un operativo policial-judicial desarticuló una red de horror en el departamento Figueroa, Santiago del Estero. En una casa del paraje El Cruce, a 90 kilómetros de la capital, rescataron a 9 hermanos que vivían en condiciones infrahumanas: desnutridos, analfabetos, hacinados en camas sin colchones y víctimas de extrema violencia sexual y física. Tres de ellos son discapacitados. Dos pesaban apenas 30 kilos. Una persona discapacitada estaba atada a una cama.
El allanamiento, ordenado por el juez de Control y Garantías Sergio Guillet, fue comandado por las fiscales Yésica Lucas y Vanina Aguilera, con la División Trata de Personas de la Policía de Santiago del Estero, el Punto Focal de Trata de Personas y la Dinaf. Tres personas fueron detenidas: una pareja (padres de los menores) y uno de sus yernos.
La denuncia partió en abril pasado de dos asociaciones civiles: Caring For Children y Madres Víctimas de Trata. Vecinos sabían, pero callaban. «Es la casa de los primos», «de una familia rara», «gente que vive como indios pobres», describían con ironía. Pero no era pobreza: era terror.
Los fiscales calificaron los delitos como «abuso sexual gravemente ultrajante con acceso carnal agravado por el vínculo, la convivencia preexistente, corrupción de menores, lesiones calificadas por el vínculo, abandono de persona, todo ello en concurso real en perjuicio de múltiples víctimas menores de edad y personas en situación de discapacidad».
En la práctica, los testigos describieron que «mujercitas eran ofrecidas y entregadas a vecinos por dinero». Un tío habría aceptado la transacción a cambio de vinos. Los discapacitados eran golpeados y grabados con celulares por diversión. «Los trataban como animalitos», resumió un funcionario.
Uno de los discapacitados no habla, solo succiona. Los adultos llegaron a usarlo para que les practique sexo oral, y algún padre recibió plata. Varias de las menores habrían sido abusadas por sus tíos (uno hermano de su padre). Una de ellas es madre.
El sistema funcionaba como una «militar tirano»: se hacía lo que el jefe de familia digitaba. Un pacto de silencio infranqueable, vigilancia sobre quienes asistían a la familia y control para impedir que los niños revelaran las atrocidades. Los que osaban poner mala cara eran castigados con cuchillos y palos, en especial los discapacitados.
Las víctimas rescatadas: un hombre de 28 años (discapacitado), su hermano de 26 (discapacitado), otro de 25 (discapacitado), una adolescente de 16 (discapacitada), y otros hermanos de 12, 8 y 4 años, golpeados y desnutridos. En total, la familia está compuesta por 13 hijos. 9 vivían con los padres. Los otros cuatro (de 18, 10, 5 y una mujer de 24) estaban fuera de la casa.
Los funcionarios formularon muchas preguntas. La respuesta fue silencio total.
¿Cómo es posible que vecinos supieran y nadie hiciera nada durante años? ¿Debe haber penas más severas para este tipo de delitos o las actuales son suficientes? ¿El Estado falló al no detectar antes esta situación? Qué rol deberían tener las escuelas (los chicos no iban) y los controles de salud (los discapacitados no estaban bajo ningún programa de asistencia)?
