Denuncian penalmente a Caputo, Sturzenegger y Adorni por el presunto desvío de $400.000 millones de Vialidad Nacional
La presentación judicial fue realizada ante el Juzgado Federal N° 7 por el gremio de profesionales del organismo. Acusan a los funcionarios de malversación de fondos, fraude a la administración pública y descapitalización inducida para favorecer intereses privados.
Los principales miembros del gabinete económico y de gestión del Gobierno nacional fueron denunciados penalmente ante el Juzgado Federal en lo Criminal y Correccional N° 7. La acusación apunta de forma directa al ministro de Economía, Luis Caputo; al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; al vocero presidencial (con rango de secretario), Manuel Adorni; y a la cúpula directiva de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV).
La demanda, impulsada por la Asociación Gremial de Profesionales y Personal Superior de Vialidad Nacional, denuncia la presunta comisión de los delitos de “malversación de fondos públicos, fraude a la administración pública, falsedad ideológica e incumplimiento de los deberes de funcionario”. La trama central de la acusación gira en torno al presunto desvío de 400.000 millones de pesos que, por ley, debían destinarse de forma exclusiva al mantenimiento y desarrollo de las rutas federales.
El origen del conflicto: la retención del Impuesto a los Combustibles
De acuerdo con el texto judicial publicado por Página/12, el argumento central de los ingenieros de carrera radica en la retención indebida de partidas con asignación específica.
Según lo establecido por la Ley 23.966, el 28,58% de la recaudación total del Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) debe transferirse de forma automática al Fideicomiso de Infraestructura de Transporte para la Red Vial Federal. Sin embargo, la denuncia detalla que el Palacio de Hacienda retuvo cerca de 400.000 millones de pesos de dicho fondo para utilizarlos en la compra de letras y bonos destinados a sostener las cuentas del Tesoro Nacional.
Alerta por quiebre técnico: Como resultado directo de la falta de transferencia de estas partidas, Vialidad Nacional arrastra una deuda equivalente al 90% de todo su presupuesto anual, situación que los profesionales del sector definen como una «parálisis administrativa que induce a una quiebra técnica».
Los cargos específicos contra el gabinete
La presentación judicial delimita las responsabilidades de cada uno de los funcionarios denunciados en lo que consideran un «vaciamiento planificado»:
- Luis Caputo (Ministro de Economía): Se lo acusa de retener y desviar los recursos específicos del fideicomiso vial y de provocar la pérdida de financiamiento externo de organismos internacionales debido a la falta de ejecución de las obras y el corte de pagos a las empresas contratistas.
- Federico Sturzenegger (Ministro de Desregulación): La denuncia sostiene que el funcionario «ha falseado los informes de gestión de Vialidad Nacional para sostener el desmembramiento institucional que ejecuta desde 2024», con el supuesto objetivo de justificar un achicamiento de la planta estatal en favor de operadores privados.
- Cúpula y RR.HH. de Vialidad: Se denuncia penalmente la confección de informes técnicos «ideológicamente falsos» que alteraban las métricas operativas del inventario —como abultar ficticiamente el ratio de maquinaria por empleado— para demostrar una supuesta ineficiencia del personal. Asimismo, denuncian persecución y traslados compulsivos para silenciar las objeciones de los inspectores de campo frente a la entrega de corredores públicos a concesionarias privadas.
El impacto en las provincias y el riesgo vial
La ingeniería civil vial estipula que cada unidad monetaria que deja de invertirse en mantenimiento preventivo (bacheo, sellado de fisuras, perfilado de banquinas) demandará en el corto plazo un gasto de entre cuatro y diez veces superior para reconstruir la calzada una vez que el pavimento colapse.
A nivel federal, la desinversión afecta de forma directa a las provincias, ya que la legislación vigente indica que el 60% de los recursos coparticipables viales debe transferirse a las direcciones viales de los estados provinciales para el mantenimiento de las redes secundarias que conectan con los corredores productivos del país.
Desde el Comité Nacional de Defensa del Usuario Vial (Conaduv), su coordinador Ricardo Lasca confirmó el acompañamiento a la denuncia y anticipó que presentaron un proyecto en el Congreso de la Nación para crear una comisión bicameral de seguimiento del impuesto a los combustibles, con participación directa de los usuarios afectados.
