Milei eliminó los subsidios a los pasajes gratuitos para personas con discapacidad
El Gobierno nacional oficializó la eliminación del régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, trasplantadas, en lista de espera y niños con cáncer. La medida quedó establecida en la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte.
El Gobierno nacional eliminó el régimen de compensaciones económicas que el Estado otorgaba a las empresas de transporte automotor de pasajeros de larga distancia por la entrega de pasajes gratuitos a personas con discapacidad, personas trasplantadas o en lista de espera, y niños, niñas y adolescentes con cáncer.
La medida quedó establecida en la resolución 28/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada hoy en el Boletín Oficial. «Déjase sin efecto el régimen de compensaciones económicas destinadas a las empresas de transporte automotor de pasajeros de carácter interjurisdiccional por los pasajes gratuitos otorgados en el marco de las leyes 22.431, 26.928 y 27.674», detalla la normativa.
Qué cambia y qué no cambia
A partir de esta medida, queda sin efecto el régimen de compensaciones económicas que, desde 2018, preveía el pago parcial por parte del Estado de los boletos gratuitos que las empresas debían otorgar a los beneficiarios de estas leyes.
Según establece la resolución, la modificación no afecta el derecho a la gratuidad de los pasajes previsto en esas leyes. Las empresas de transporte estarán obligadas a seguir otorgando este tipo de pasajes a los grupos mencionados. La diferencia es que ahora el Estado no les pagará a las empresas por esos boletos.
La argumentación del Gobierno
El texto oficial argumentó que la situación regulatoria del sector cambió de manera sustancial con la entrada en vigencia del Decreto 883/2024, el cual introdujo un nuevo marco normativo para los servicios de carácter interjurisdiccional, permitiendo a las empresas determinar libremente recorridos, horarios, precios, modalidades y duración.
Según la resolución, este cambio modificó la base jurídica y económica que justificaba la existencia del régimen de compensaciones. La Secretaría de Transporte sostiene que, al quedar superada la causa estructural que había dado origen a las compensaciones, la continuidad del sistema se vuelve innecesaria. El derecho de los usuarios a viajar sin costo «permanece plenamente vigente y exigible», afirmó el texto.
Quién controlará el cumplimiento
La resolución también estableció que la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) será la encargada de controlar y garantizar que las empresas cumplan con la emisión de los pasajes gratuitos para los beneficiarios. La CNRT deberá mantener los procedimientos necesarios para asegurar el cumplimiento efectivo de las obligaciones de gratuidad.
Además, la medida incorpora una cláusula transitoria para proteger situaciones devengadas con anterioridad a la entrada en vigencia de la resolución, resguardando los derechos y procedimientos ya iniciados antes de la publicación de la nueva normativa.
El contexto: tarifas del transporte por las nubes
La eliminación de los subsidios a los pasajes gratuitos para personas con discapacidad se da en un contexto de fuertes aumentos en las tarifas del transporte público. Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), el boleto mínimo de colectivo en el AMBA se multiplicó hasta 16 veces desde el inicio del gobierno de Javier Milei, con subas que oscilaron entre 1.221% y 1.545% según la jurisdicción.
En abril de 2026, quienes cobran el salario mínimo debieron destinar el 17,3% de sus ingresos al transporte, frente al 2,6% en diciembre de 2023. La suba de tarifas repercutió en la demanda: en febrero de 2026, el total de pasajeros transportados cayó un 12,9% interanual.
Un derecho que se debilita
El derecho a viajar gratis sigue vigente, dice el Gobierno. Pero sin la compensación económica a las empresas, la pregunta es si esas empresas seguirán otorgando los pasajes gratuitos con la misma fluidez. Para las personas con discapacidad, los trasplantados, los niños con cáncer y sus familias, el transporte es un derecho esencial. Con esta medida, el Estado se desentiende de su parte del costo. Y la carga, una vez más, recae sobre los hombros de los que menos pueden soportarla.
