El proyecto sobre falsas denuncias y el retroceso en derechos
Las declaraciones de la jueza Martha Altabe, integrante de la Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA), ponen en evidencia la tensión que genera el proyecto legislativo impulsado en el Congreso para agravar el delito de falsas denuncias en contextos de violencia de género. Su advertencia es contundente: de aprobarse, “el propio Estado estaría cuidando el honor de violadores, pederastas y violentos”.
Un proyecto cuestionado
La iniciativa, presentada por la senadora Carolina Losada (UCR) y con dictamen favorable de comisión, busca endurecer las penas por denuncias consideradas falsas. Sin embargo, Altabe sostiene que se trata de un proyecto “regresivo” y “vacío de contenido”, basado en un argumento irreal: que las denuncias falsas son frecuentes.
Las estadísticas oficiales
Los datos del Observatorio de Violencia de Género contradicen esa premisa. Entre 2023 y 2025, en 17 provincias se relevaron más de 8 millones de casos. El resultado:
- Falsas denuncias: apenas el 0,09% (un caso cada mil).
- Falso testimonio: 0,025% (un caso cada 4 mil).
Estos guarismos muestran que el fenómeno es marginal y que el riesgo real es desalentar a las víctimas a denunciar.
Consecuencias sociales
Altabe advierte que, de aprobarse, muchas víctimas no se animarán a denunciar por miedo a ser acusadas de falsas denunciantes. También se vería afectada la disposición de testigos y peritos a intervenir en causas sensibles. En sus palabras, se trata de un “uso regresivo del Derecho Penal” que podría violar pactos internacionales de protección de derechos humanos.
Lo que está en juego
- Protección de víctimas: garantizar que el sistema judicial no desaliente la denuncia de abusos.
- Estereotipos de género: combatir prejuicios que afectan la credibilidad de las víctimas.
- Cumplimiento internacional: evitar retrocesos que contradigan compromisos asumidos por Argentina.
- Responsabilidad estatal: no legitimar prácticas que protejan a agresores en lugar de a las víctimas.
Conclusión
El debate sobre las falsas denuncias no puede desligarse de la realidad estadística ni del impacto social que tendría endurecer penas en un terreno donde las víctimas ya enfrentan enormes obstáculos. La advertencia de Altabe resume el riesgo: un Estado que, en lugar de proteger a quienes sufren violencia, termine resguardando el honor de quienes la ejercen.
