El Gobierno oficializó el Programa de Seguridad Migratoria y crea unidades especiales en las fuerzas federales
El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo Programa de Seguridad Migratoria que formaliza un enfoque de control más riguroso sobre los extranjeros en el país, en línea con las políticas impulsadas por Donald Trump en Estados Unidos . La medida fue oficializada a través de la Resolución 551/2026, publicada este viernes en el Boletín Oficial con la firma de la ministra de Seguridad Nacional, Alejandra Monteoliva .
Creación de unidades especializadas en las fuerzas federales
El corazón del programa es la creación de Unidades de Seguridad Migratoria dentro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA) . Estas unidades funcionarán como una policía auxiliar de la Dirección Nacional de Migraciones y se encargarán de tareas de «prevención en áreas de control migratorio; mantenimiento de seguridad y orden público en áreas migratorias; detección, inteligencia e investigación de ilícitos migratorios; y tareas subsidiarias de control migratorio» .
Según la resolución, estas unidades tendrán un carácter funcional y no implicarán la creación de nuevas estructuras administrativas . El personal afectado al programa portará un distintivo de «Seguridad Migratoria» que identificará sus funciones específicas dentro del sistema .
Un enfoque securitario sobre la migración
En sus considerandos, la norma sostiene que los movimientos migratorios «pueden estar acompañados por actividades de organizaciones criminales» que se «infiltran» en el país y «constituyen una amenaza para la seguridad nacional» . Este enfoque implica un cambio de paradigma: el control migratorio deja de ser una tarea administrativa para pasar a estar estrechamente vinculado a la seguridad y las fuerzas federales .
La ministra Monteoliva, al presentar la iniciativa, fue contundente: «Quien no cumple la ley, no entra» . El programa se estructura en siete ejes estratégicos que incluyen la actualización de la formación del personal de Migraciones, la capacitación de las fuerzas federales, la mejora de los mecanismos de prevención e investigación de delitos migratorios, y la ampliación de la cooperación internacional .
Críticas de la Iglesia Católica
La decisión de institucionalizar esta política generó críticas, especialmente de la Iglesia Católica argentina. Durante el Tedeum del 25 de Mayo, los obispos sostuvieron que los supuestos operativos de control «parecieran responder más a una estrategia de comunicación política que a la acción de un estado garante de derechos» y que la incertidumbre en los procesos de regularización «genera un temor constante a la expulsión, obstaculizando el acceso a derechos fundamentales como el documento de identidad, la salud, la educación y el trabajo digno» .
Preguntas para el lector
- ¿Crees que la creación de estas unidades de seguridad migratoria mejorará el control fronterizo o generará un clima de persecución y temor entre los inmigrantes?
- ¿Qué impacto crees que puede tener esta política en la imagen de Argentina como un país abierto a la inmigración?
Análisis periodístico
La securitización de la migración como eje de la política: El Programa de Seguridad Migratoria representa un giro radical en la forma en que el Estado argentino concibe y gestiona los flujos migratorios. Al trasladar el control migratorio de la órbita civil (Migraciones) a la órbita de la seguridad (con participación de todas las fuerzas federales), el gobierno de Milei adopta un enfoque que prioriza la vigilancia, el control y la deportación por sobre la integración y el respeto de los derechos humanos. Este enfoque, inspirado en el ICE estadounidense, ubica al migrante irregular como una amenaza a la seguridad nacional, una categorización que en sí misma es debatible y que ha sido cuestionada por organismos de derechos humanos .
La delegación de funciones y los riesgos operativos: La resolución otorga a las fuerzas de seguridad la capacidad de realizar tareas de «inteligencia e investigación de ilícitos migratorios» de manera subsidiaria o en situaciones de emergencia. Esta delegación de funciones, que en principio parece operativa, abre una zona gris sobre qué mecanismos de supervisión existirán para evitar abusos de poder o actuaciones fuera de los procedimientos establecidos. La historia de las fuerzas de seguridad en Argentina en materia de control social no es un antecedente menor, y la implementación de este programa requerirá protocolos claros y un control riguroso para evitar que la «seguridad migratoria» se convierta en una excusa para la discriminación o la persecución de comunidades enteras.
El contexto de las expulsiones masivas: La puesta en marcha del programa se da luego de que el Ministerio de Seguridad informara que durante los últimos seis meses fueron expulsados 14.000 extranjeros en el marco de los operativos migratorios desarrollados por el Gobierno nacional . Esta cifra, presentada por el Ejecutivo como un logro, evidencia que el control migratorio ya venía siendo una prioridad de la gestión, y que el nuevo programa viene a darle un marco institucional y operativo más robusto a una política que ya se estaba implementando.
La reacción de la Iglesia y la sociedad civil: La crítica de la Iglesia Católica, un actor con fuerte influencia en el debate público argentino, anticipa un escenario de confrontación. El cuestionamiento a la política migratoria del Gobierno no es menor, y sugiere que este programa podría generar una polarización similar a la que se observa en Estados Unidos con el ICE. La sociedad civil y las organizaciones de derechos humanos seguramente se sumarán a esta crítica, especialmente si se documentan casos de deportaciones injustas o de violación de los derechos de inmigrantes que se encontraban en proceso de regularización.
