Las deudas de los argentinos: las cifras de mora de familias y empresas, los planes de los bancos para reducirlas y lo que espera el Gobierno

5 de Julio, 2026

La morosidad en los créditos familiares y comerciales se disparó a lo largo de los últimos meses y rompió todos los registros de los últimos veinte años. El último informe de la Central de Deudores del Banco Central mostró que la irregularidad en el cumplimiento de obligaciones financieras subió del 12,1% en abril al 12,7% en mayo. En empresas, el ratio avanzó del 3,3% al 3,5%, mientras que el total de préstamos al sector privado alcanzó el 7,7%. Estos datos sitúan a la Argentina en un escenario de alerta para el sistema financiero y para las posibilidades de recuperación del consumo interno.

El deterioro de la capacidad de pago de las familias se refleja en que más del 27% de quienes accedieron a un préstamo dejó de ser sujeto de crédito. Esta exclusión afecta a casi siete millones de personas, que no pueden acceder a nuevas líneas de financiamiento ni regularizar su situación por los canales tradicionales. La suma de saldos en mora, tanto en entidades bancarias como no bancarias, evidencia una pérdida de solvencia extendida en todo el entramado social.

El impacto de la crisis crediticia difiere por franja etaria. Los jóvenes aparecen como el segmento más golpeado: el 40% de las personas menores de 35 años con créditos activos tiene al menos una obligación en situación irregular. Entre los deudores de 18 a 25 años, el nivel de morosidad escala al 42,8%, mientras que en el grupo de 26 a 35 años llega al 39,3%. En las siguientes franjas, la proporción desciende, aunque se mantiene elevada: el 31% de quienes tienen entre 36 y 45 años y el 23,5% de quienes tienen entre 46 y 55 años registra algún atraso.

En el segmento de entidades no financieras, donde se concentra cerca del 17% del total de créditos a familias, el nivel de mora alcanzó el 32,2% en mayo, comparado con menos del 10% un año y medio atrás. Esta dinámica refuerza la idea de que la crisis trasciende el circuito bancario tradicional y se expande hacia alternativas de financiamiento informal, con consecuencias directas para la estabilidad de los hogares.

El deterioro de los indicadores crediticios ocurre en paralelo a una drástica reducción de la oferta de préstamos por parte de los bancos privados. Estas entidades optaron por limitar la concesión de nuevos créditos, endurecer los requisitos de aprobación y evitar la actualización de límites en productos como tarjetas de crédito. La decisión obedece a la necesidad de «limpiar» sus carteras, priorizar la liquidez y reducir el nivel de riesgo en un contexto de retracción del consumo y alta volatilidad macroeconómica.