La motosierra educativa: el presupuesto cayó casi 50% en dos años y las universidades siguen esperando
La educación fue uno de los sectores que más sufrió el ajuste del gobierno nacional. Un estudio del Instituto Interdisciplinario de Economía Política (IIEP) de la UBA calculó que el presupuesto educativo cayó 47,7% en el bienio 2024-2025. Una cifra que refleja la profundidad de la motosierra en un área sensible.
En 2024, la función Educación y Cultura presentó una contracción real de 43,2% respecto del año anterior y redujo su participación en el PBI en aproximadamente 0,6 puntos porcentuales. La caída se explica en gran medida por la discontinuación del Fondo Nacional de Incentivo Docente (FONID), que complementaba los salarios docentes en las provincias. Como consecuencia, las jurisdicciones debieron asumir una mayor responsabilidad financiera, reforzando el carácter descentralizado del sistema educativo argentino.
En 2025 se consolidó la tendencia con un retroceso de 7,9% en términos reales. «El ajuste volvió a concentrarse en algunos de los principales componentes del gasto educativo nacional, particularmente las transferencias destinadas a universidades y provincias y a programas de apoyo a estudiantes», destacó el IIEP. Las universidades siguen a la espera del cumplimiento de la ley de financiamiento aprobada en el Congreso y ratificada por la Corte Suprema.
Según lo proyectado para 2026, de no producirse nuevas ampliaciones de las partidas presupuestarias vigentes, el gasto en esta función volvería a registrar un descenso real de 12,7%. De concretarse ese escenario, el presupuesto educativo nacional acumularía tres años consecutivos con variaciones negativas en términos reales. La participación de Educación y Cultura tanto en el PBI como dentro del gasto total de la Administración Pública Nacional se ubicaría en mínimos desde el inicio de la serie.
Por programas, el panorama es demoledor. Las transferencias al financiamiento universitario mostraron una merma real de 5,4% interanual en 2025. Las becas estudiantiles se redujeron 42,5% y el programa de Gestión Educativa y Políticas Socioeducativas bajó 49,5%. La única excepción fue el Plan Nacional de Alfabetización, que incrementó su ejecución y se convirtió en una de las principales líneas de acción de la Secretaría de Educación.
El debate por el modelo de financiamiento
El informe del IIEP también analiza los distintos modelos posibles de financiamiento. Históricamente, el sistema se organizó en torno a un esquema orientado principalmente a la oferta, donde los recursos públicos se asignan a los sistemas provinciales y a las instituciones para garantizar infraestructura, cargos docentes y salarios. En contraste, la asignación por demanda —basada en vouchers, becas o transferencias directas a familias— se inscribe dentro de los cuasi-mercados educativos, donde la competencia entre instituciones y la libertad de elección funcionarían como mecanismos para mejorar la eficiencia y la calidad.
El IIEP advierte que, en contextos de fuerte desigualdad, los mecanismos de competencia pueden derivar en segmentación de la matrícula, debilitamiento de la oferta estatal y ampliación de brechas preexistentes. El Gobierno promueve esta discusión, pero el instituto señala que «dichas propuestas plantean interrogantes respecto de sus posibles efectos sobre la segmentación social, la desigualdad territorial y la fragmentación del sistema educativo».
En el plano fiscal, el cambio entre ambos modelos no es neutro. El financiamiento de la oferta permite orientar recursos según criterios de cobertura territorial, mientras que el de la demanda traslada parte de las decisiones de asignación hacia familias y estudiantes. Desde 2024 se aplican vouchers para familias con hijos en escuelas privadas subvencionadas, que alcanzaron a 830.000 estudiantes en 2024 y 504.808 en 2025. «Esta iniciativa no constituyó un sistema generalizado, sino una transferencia focalizada y orientada a cubrir parcialmente el pago de cuotas», aclaró el IIEP. Pero también subrayó que «la implementación del programa implicó un refuerzo a los recursos nacionales destinados a la educación de gestión privada, en un contexto de desfinanciamiento a la estatal».
El proyecto de «Libertad Educativa» propone transferencias a instituciones privadas. El IIEP advierte: «Si bien el objetivo es garantizar el derecho de los padres a optar por una educación acorde a sus valores, esto implicaría una nueva vía de refuerzo al financiamiento de las escuelas privadas en el marco de un retroceso de los recursos para la educación pública. Los cambios podrían profundizar la segmentación del sistema y tener efectos desigualadores en el acceso a la educación de calidad».
