Capitanich propone emergencia ferroviaria con control parlamentario
El senador nacional Jorge Capitanich presentó un proyecto de ley para declarar la emergencia pública ferroviaria por tres años, con el objetivo de garantizar la seguridad operativa, preservar la integridad de usuarios y trabajadores, y recuperar la infraestructura y el material rodante de la red nacional.
La iniciativa, acompañada por Marcelo Lewandowski y Ana Marks, abarca servicios de pasajeros y cargas y busca otorgar rango legal a la emergencia vigente por DNU. Entre sus puntos centrales:
- Elaboración de un Plan de Recuperación en 60 días, con relevamiento de vías, puentes, señalamiento y material rodante, cronograma de obras y sistemas de seguridad como frenado automático.
- Prohibición de la “canibalización” de trenes, auditorías sobre material rodante detenido y restricciones al desguace o venta de unidades recuperables.
- Fondos intangibles para la emergencia, con informes trimestrales discriminados por empresa y línea.
- Revisión integral de las concesiones de cargas, con auditorías sobre inversiones y mantenimiento, cuyos resultados deberán remitirse al Congreso.
- Protección de puestos de trabajo y prohibición de cierre de ramales de pasajeros sin autorización legislativa.
- Creación de una Comisión Bicameral de Seguimiento integrada por ocho senadores y ocho diputados para controlar la ejecución del plan y las auditorías.
En los fundamentos, Capitanich recordó antecedentes como la tragedia de Once (2012) y el choque en Palermo (2024), y citó informes de la Auditoría General de la Nación que detectaron deficiencias en la línea San Martín.
Opinión
El proyecto busca institucionalizar la emergencia ferroviaria y trasladar el control al Congreso, con un esquema de auditorías y fondos protegidos. La propuesta refleja la preocupación por el deterioro del sistema y la necesidad de evitar privatizaciones o cierres sin debate parlamentario.
La discusión promete ser intensa: mientras algunos sectores valoran el control legislativo y la protección de los trabajadores, otros podrían cuestionar la viabilidad presupuestaria y el alcance de las restricciones a las concesiones privadas.
