El Gobierno prepara una reforma judicial para achicar Comodoro Py y reforzar los juzgados federales en las fronteras
El Gobierno nacional ultima los detalles de un proyecto de reforma judicial que promete modificar en profundidad la estructura de la Justicia Federal. La iniciativa, que sería enviada al Congreso en septiembre, busca redistribuir recursos y capacidades dentro del sistema judicial, con dos ejes centrales: achicar los tribunales de Comodoro Py y la Cámara Federal de Casación Penal, y reforzar los juzgados federales en las zonas de frontera, especialmente aquellas afectadas por el narcotráfico y el crimen organizado .
Según fuentes oficiales, el proyecto contempla reducir de 12 a 8 los juzgados federales de primera instancia que funcionan en el tradicional edificio de Comodoro Py, en la Ciudad de Buenos Aires. También se analiza disminuir de 13 a 9 los integrantes de la Cámara Federal de Casación Penal . Ambas modificaciones requieren el paso por el Congreso, ya que implican cambios en la Ley de Organización de la Justicia Federal .
El diagnóstico detrás de la reforma
El ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, viene planteando públicamente la necesidad de esta reorganización. En sus intervenciones, calificó como «catastrófico» el nivel de vacantes en la Justicia Federal del interior, y puso como ejemplo que una jueza federal de La Pampa debe subrogar actualmente el Juzgado Federal de Tartagal, en Salta . La evaluación oficial indica que existen jurisdicciones fronterizas con una carga de trabajo vinculada al narcotráfico que tienen estructuras insuficientes, mientras que otros sectores mantienen cargos que pueden reducirse o reorganizarse .
No se trata únicamente de eliminar tribunales. Según fuentes cercanas al proyecto, también se prevé la creación de nuevos juzgados y estructuras judiciales en las zonas que se busca fortalecer, aunque todavía no se definió cuáles serán ni cómo quedará conformado el nuevo esquema .
El plan de cobertura de vacantes y el orden de prioridades
La reforma se enmarca en una agenda más amplia del Ejecutivo para cubrir las numerosas vacantes en el Poder Judicial. El Gobierno informó que ya envió 203 pliegos al Senado en lo que va del año, con prioridad en juzgados de primera instancia y cámaras . El objetivo es alcanzar unas 300 postulaciones antes de fin de año y reducir la vacancia judicial, que actualmente ronda el 35%, hasta aproximadamente el 27% .
Sin embargo, la reforma se presentará después de que el oficialismo avance con los pliegos para la Cámara Federal porteña. El Ejecutivo propuso a Pablo Bertuzzi y Pablo Yadarola para dos vocalías de la Sala I, y busca cerrar primero esa negociación antes de abrir la discusión por la reorganización de los tribunales .
En ese contexto, la Corte Suprema quedó relegada de la agenda inmediata. A pesar de que Milei reconoció públicamente que estudia nombres para cubrir los dos lugares vacantes, en la Casa Rosada descartan impulsar nuevas postulaciones en esta etapa. «Antes de todo eso, se va a avanzar con los juzgados electorales. Falta mucho», expresan en Nación . La misma cautela alcanza a la Procuración General de la Nación, donde el Gobierno duda en avanzar en el corto plazo con un candidato para reemplazar definitivamente al procurador interino Eduardo Casal .
Un capítulo sensible: los juzgados electorales
Uno de los aspectos que genera especial atención dentro del proyecto es la situación de los juzgados con competencia electoral. La cuestión adquiere relevancia debido a que 2027 será un año de elecciones presidenciales, y estos tribunales cumplen funciones fundamentales durante los procesos electorales, como la oficialización de listas, el reconocimiento de partidos políticos y las personerías partidarias . Por ese motivo, el Ejecutivo analiza con especial cautela cualquier modificación que pueda afectar su estructura .
Una reforma que ya genera controversia
El plan oficial, que también apunta a reducir la cantidad de expedientes en trámite y limitar el uso de jueces subrogantes , ya despertó críticas en distintos sectores. La diputada Marcela Pagano, del bloque Coherencia, denunció que cada voto en el Congreso se pagó a gobernadores en una maniobra ilegal, y que el dinero proviene de la caja del impuesto al combustible [ver nota anterior]. La reforma judicial se suma así a una lista de iniciativas del Gobierno que generan fuerte controversia política y judicial.
Nota final:
El Gobierno quiere reordenar el mapa judicial argentino. Achicar Comodoro Py y la Casación, reforzar las fronteras y postergar a la Corte Suprema: ese es el plan que el ministro Mahiques llevará al Congreso en septiembre. Pero detrás de los números y los organigramas, lo que está en juego es una disputa política de larga data: quién controla el aparato que decide qué causas avanzan y cuáles se archivan. En un año preelectoral, con el Código Penal frenado y la Justicia en el centro del debate, la reforma promete ser un campo de batalla más.
