Hace 60 años, Onganía cerraba 11 ingenios en Tucumán: 50 mil despidos, éxodo masivo y una herida que aún no cicatriza
El 22 de agosto de 1966, la dictadura de Juan Carlos Onganía inició un proceso que marcaría a fuego la historia de Tucumán. Ese día, el gobierno de facto dispuso el cierre de 11 de los 27 ingenios azucareros que funcionaban en la provincia, dejando alrededor de 50.000 personas sin trabajo y empujando a cientos de miles de tucumanos a abandonar su tierra. El decreto, presentado como una «reconversión necesaria», terminó siendo una herida que aún hoy, seis décadas después, sigue abierta en la memoria colectiva.
La medida y sus consecuencias inmediatas
La intervención inicial alcanzó a siete establecimientos, pero en apenas dos años la política de concentración económica terminó con las fábricas de Amalia, Esperanza, Lastenia, Los Ralos, Mercedes, Nueva Baviera, San Antonio, San José, San Ramón, Santa Ana y Santa Lucía. De los 27 ingenios existentes, solo quedaron 16: Tucumán perdió cerca del 40% de su parque industrial azucarero.
El ingenio no era solo una fábrica. Era el corazón económico y social de numerosas localidades: daba trabajo en la fábrica y en el surco, compraba la caña de los productores independientes y sostenía comercios, talleres, transportistas, escuelas, clubes y servicios sanitarios. Cuando las chimeneas dejaron de funcionar, también se apagó buena parte de la vida comunitaria construida alrededor de ellas.
El éxodo hacia Buenos Aires
Buena parte de las familias expulsadas por la crisis emigró hacia Buenos Aires y terminó asentándose en el conurbano bonaerense. Antiguos obreros de fábrica, zafreros y pequeños productores debieron comenzar una nueva vida en la construcción, la industria y empleos informales. Localidades tucumanas enteras perdieron población y quedaron marcadas por la pobreza, la desocupación y el desarraigo.
Las estimaciones sobre la emigración oscilan entre 200.000 y 300.000 personas. No todas se marcharon inmediatamente ni exclusivamente por el cierre de las fábricas, pero el derrumbe azucarero fue el principal motor de aquella sangría demográfica. Los tucumanos desplazados se asentaron principalmente en las zonas oeste y sur del Gran Buenos Aires, muchas veces en barrios sin servicios adecuados y viviendas precarias.
La resistencia y la represión
Los trabajadores no aceptaron pasivamente los cierres. La Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera (FOTIA) organizó paros, concentraciones, marchas, cortes de rutas y ocupaciones. En los pueblos comenzaron a funcionar ollas populares para alimentar a las familias que habían quedado sin ingresos. Las mujeres tuvieron un papel central: sostuvieron comedores, reunieron alimentos, participaron en las manifestaciones y enfrentaron a las fuerzas de seguridad.
Uno de los episodios más dramáticos ocurrió el 12 de enero de 1967 en Bella Vista. La Policía reprimió una concentración y abrió fuego. Hilda Guerrero de Molina, de 36 años, madre de cuatro hijos y esposa de un trabajador despedido del ingenio Santa Lucía, fue alcanzada por un disparo y murió. Su asesinato la convirtió en un símbolo de las mujeres y las familias azucareras que enfrentaron la política de Onganía.
La conflictividad no terminó con la clausura de las fábricas. La desocupación, el empobrecimiento y la represión alimentaron un proceso de radicalización política que confluyó con estudiantes universitarios, docentes y otros gremios, y desembocó en los levantamientos conocidos como los Tucumanazos, en noviembre de 1970 y junio de 1972.
Un antecedente de la militarización
La dictadura identificó a Tucumán como una provincia especialmente conflictiva. Durante los años siguientes aumentaron la vigilancia, las detenciones y la persecución de dirigentes gremiales. Varios trabajadores y militantes surgidos de las luchas contra los cierres fueron posteriormente asesinados o desaparecidos. En febrero de 1975, el gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón lanzó el Operativo Independencia para combatir a la guerrilla del ERP en Tucumán, un despliegue militar que estableció centros clandestinos, secuestros, torturas y desapariciones antes del golpe del 24 de marzo de 1976. El cierre de los ingenios no fue la causa única del terrorismo de Estado, pero sí un antecedente fundamental de la militarización provincial.
Sesenta años después: una herida abierta
Sesenta años después, las consecuencias todavía pueden reconocerse en numerosas localidades. Algunas lograron desarrollar nuevas actividades; otras nunca recuperaron la dinámica económica que habían tenido alrededor de los ingenios. Los predios cerrados siguieron destinos diferentes: algunos fueron desmantelados, otros quedaron abandonados o se transformaron en espacios públicos, educativos y culturales. Pero la huella más profunda permanece en la memoria de las comunidades.
En 2021, el Congreso sancionó por unanimidad la Ley 27.620, que instituyó el 22 de agosto como el Día Nacional del «Desagravio al pueblo tucumano por el cierre masivo de ingenios azucareros pergeñado por la dictadura militar de 1966». La norma reconoce oficialmente que Tucumán fue objeto de un daño histórico y ordena promover actividades destinadas a mantener viva la memoria colectiva sobre lo sucedido.
Nota final:
El 22 de agosto de 1966 no cerraron solamente once fábricas. Se destruyó una forma de vida, 50.000 personas quedaron sin trabajo y cientos de miles de tucumanos debieron abandonar su tierra. Aquel proceso modificó para siempre la estructura social, económica y política de Tucumán. A seis décadas de aquel decreto, el cierre de los ingenios continúa siendo una clave indispensable para entender el Tucumán contemporáneo: explica parte de la expansión de la pobreza urbana, el crecimiento de asentamientos, el despoblamiento del interior, el debilitamiento del sindicalismo azucarero y la concentración de la economía provincial. La herida sigue abierta, y la memoria, como las chimeneas que dejaron de humear, no se apaga.
