El salario judicial vuelve a la agenda en una audiencia clave y los sindicatos temen un «desenganche»
Magistrados y funcionarios judiciales del Chaco se sientan hoy con representantes del Ejecutivo provincial para retomar una discusión que se extiende por más de dos décadas. El corazón del conflicto es el cumplimiento de la sentencia de la Corte Suprema en la causa «Alonso de Martina», que ordena garantizar la intangibilidad de los haberes judiciales. Los sindicatos, en alerta, advierten que un eventual «desenganche» del resto de los trabajadores podría significar la pérdida de hasta el 70% del haber para muchos empleados.
¿Qué está en juego en esta audiencia? ¿Por qué el salario de los jueces chaqueños se convirtió en un conflicto de dos décadas?
El origen del conflicto: la causa «Alonso de Martina»
El conflicto se remonta a 2005, cuando un grupo de magistrados y funcionarios judiciales chaqueños promovió una acción de amparo para reclamar una adecuación de sus haberes, argumentando que la inflación afectaba la garantía constitucional de intangibilidad de las remuneraciones . El proceso tuvo un hito en 2019, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación se pronunció sobre el caso, dejando sin efecto una decisión anterior del Superior Tribunal de Justicia chaqueño que había establecido un mecanismo de equiparación con la Justicia Federal .
En 2020, un Tribunal ad hoc del Chaco dictó la sentencia N°160/20, intimando a los poderes Ejecutivo y Legislativo a restablecer la garantía de intangibilidad mediante un mecanismo de recomposición salarial. Eso dio lugar a la sanción de la Ley 3424, que estableció una «media regional» para los salarios judiciales, tomando como referencia a las provincias de Corrientes, Formosa y Misiones .
El punto muerto: media regional vs. media nacional
La ley de media regional fue un paso intermedio, pero no logró cerrar el conflicto. Los magistrados demandantes sostienen que la equiparación debe ser con la media nacional de los jueces federales, argumentando que la garantía constitucional de intangibilidad no puede ser satisfecha con un parámetro regional .
Un fallo de 2024 del Superior Tribunal ad hoc del Chaco, que incluyó a los jueces Juan Martín Bogado, Sergio Cáceres Olivera y Adrián Farías, fue más allá y emplazó al Estado provincial para que, en el plazo de 90 días, cumpla con la media nacional . La sentencia de 2020 ya había declarado que el mecanismo de la Ley 3424 era «insuficiente» y no cumplía con la equiparación ordenada por la Corte Suprema .
La posición de los sindicatos: el temor al «desenganche»
Los sindicatos judiciales observan con preocupación estas negociaciones. Su principal temor es que un eventual fallo que otorgue a magistrados y funcionarios un aumento salarial para alcanzar la media nacional implique un «desenganche» del resto de los trabajadores judiciales, es decir, que los beneficios no se extiendan al conjunto del escalafón .
La movilización de los sindicatos se entiende porque el «desenganche» les representaría a la mayoría de los empleados no contar con al menos el 70% de su haber, que es lo que representa el ítem denominado «ajuste por revisión» . Desde 2021, la Ley 3424-A establece que los trabajadores judiciales perciben este ajuste calculado sobre su sueldo básico para equipararlos con la media regional .
La respuesta del Gobierno: recursos limitados y una nueva propuesta
Desde el Gobierno provincial, representado por el Ministerio de Hacienda y la Fiscalía de Estado, se argumenta que los recursos son limitados y que una extensión de la «intangibilidad» a todos los estamentos del Poder Judicial y otros sectores del Estado es inviable . En una audiencia previa, el ministro de Hacienda explicó que desde la nueva gestión se ha incluido al Poder Judicial en la paritaria general, lo que, al acumularse a los ajustes, achica la brecha . Sin embargo, esta postura no ha sido suficiente para los magistrados, que señalan que la escasez de recursos no es un argumento válido para sostener el incumplimiento de una sentencia judicial .
Reflexión final: una sentencia que la Provincia no puede ignorar
La discusión salarial en el Poder Judicial chaqueño es un conflicto de larga data que pone a prueba la relación entre los poderes del Estado. La sentencia de la Corte Suprema es clara, y los tribunales inferiores han reiterado que la ley de media regional no es suficiente. El desafío para el Gobierno es encontrar un mecanismo que cumpla con la manda judicial sin generar un impacto fiscal que considere insostenible.
¿Qué opinás vos? ¿Crees que el Estado chaqueño debe cumplir con la sentencia de la Corte Suprema sin importar el costo fiscal? ¿O la situación económica de la provincia justifica un incumplimiento?
