Fumigaciones en zonas no permitidas: en casi dos meses se recibieron nueve denuncias
El caso más reciente ocurrió en Campo Largo, con una fumigación cerca de una escuela rural, donde ya tomó intervención el área de Fiscalización Ambiental con visita al lugar y recolección de muestras y testimonios.
Entre diciembre de 2022 y lo que va de enero de este año, la Dirección de Fiscalización Ambiental, en el ámbito de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad del Chaco, recibió nueve denuncias por fumigaciones con agroquímicos en zonas rurales no permitidas y cercanías de viviendas o escuelas.
El subsecretario del área, Tomás Camarasa, explicó a NORTE el procedimiento que se realiza en cada denuncia recibida, para verificar la afectación al ambiente vegetal y animal, y a las personas, y aplicar las sanciones que son parte de la Ley Provincial de Biocidas.
«La denuncia más reciente que recibimos fue el miércoles 18 de enero, desde el Lote 31, en el paraje Pampa Oculta, Campo Largo, en cercanías de la Escuela Rural Nº 265″, confirmó el funcionario, destacando a la vez que al día siguiente, el jueves 19, personal de Fiscalización Ambiental visitó el lugar para la toma de muestras.
En ese sentido, precisó que las nueve denuncias en estos casi dos meses (diciembre-enero) provinieron de pobladores de Napenay (tres), Campo Largo (tres), Pampa del Infierno (una), Los Frentones (una) y Hermoso Campo (una).
En la provincia, según describió Camarasa, son tres los puntos «calientes» de donde surgen la mayor cantidad de denuncias por aplicaciones terrestres y aéreas: la zona de Pampa Oculta, en Campo Largo (sudoeste provincial), Las Palmas y La Leonesa, y en Pampa del Indio- Presidencia Roca.
«Estamos trabajando para dar la mejor respuesta posible. Estoy en el cargo desde hace poco más de dos meses y este es uno de los aspectos en los cuales vamos a trabajar», resaltó.
Reveló además que, al margen de las denuncias, el área actúa también por procedimientos habituales haciendo inspecciones, sobre todo en época de siembra, verificando registros y habilitaciones de equipos fumigadores.
El protocolo
En concreto, el subsecretario repasó el procedimiento. «La respuesta que damos es por protocolo: cuando recibimos una denuncia (en la Línea 105, la principal vía), enviamos un equipo a verificar y a tomar muestras. Por ejemplo, el miércoles 18 de enero recibimos la denuncia de fumigación en cercanías de una escuela rural, y el jueves la fiscalización ambiental estaba poniéndose en contacto con la denunciante y tomando las muestras correspondientes del material vegetal y del agua», precisó.
La actuación del equipo fiscalizador, en el terreno, además de tomar muestras, consiste en realizar «una serie de averiguaciones sobre quiénes fueron los responsables (de la fumigación)», agregó Camarasa. «En casos de afectación a la salud de las personas, puede proceder una denuncia penal, dependiendo de la gravedad, lo que requiere que la persona afectada haga la denuncia. Nosotros podemos dar la asistencia y, en caso de una afectación colectiva, podemos hacer la presentación judicial», indicó.
Recordó, además, que «las muestras se envían a analizar y, dependiendo de la concentración (del producto agroquímico) se procede a sancionar conforme a la Ley 2026 de biocidas (reformada por la ley 3311)».
El 2022 fue récord en recaudación
Con respecto a las sanciones aplicadas, y a los reclamos que provienen por lo general de organizaciones ambientalistas por el lento accionar del Estado, Camarasa resaltó que «lo más difícil es cobrar esas sanciones». También resulta complejo determinar cabalmente quién fue el responsable de la fumigación: «Muchas veces sabemos de dónde viene pero de ahí a tener pruebas fehacientes es otro procedimiento administrativo», expuso.
En esa línea, destacó que el 2022 fue un año con recaudación récord por multas provenientes de sanciones ante incumplimientos a la Ley de Biocidas, con un total de $15.104.925.
«Desde que asumí, en noviembre, le estamos dando impulso a la tramitación de infracciones, con un equipo de abogados designado para esa tarea», reveló, y acotó: «Hay limitaciones dentro de lo que permite la propia ley. La sanción máxima son 10 mil litros de gasoil y, dependiendo la escala de la operación de la empresa que haya hecho la fumigación, puede ser mucho o poco».
Estamos trabajando para dar la mejor respuesta posible. Estoy en el cargo desde hace poco más de dos meses y este es uno de los aspectos en los cuales vamos a trabajar.
Una ley con sanciones ejemplificadoras
«Entiendo los reclamos, pero lo que no puede hacer el Estado es prohibir completamente las fumigaciones», dijo Camarasa al referirse a los cuestionamientos que habitualmente surgen desde las organizaciones y grupos ambientalistas, muchas veces apoyos para las denuncias que quedan registradas por pulverizaciones fuera de las áreas permitidas por la ley.
«Nos vendría bien si la ley es un poco más severa para dar sanciones más ejemplificadoras», sostuvo. A la vez, dijo que «las denuncias no siempre se condicen con lo que realmente sucede».
En cuanto al equipo de la Subsecretaría de Ambiente y Biodiversidad para monitorear el cumplimiento de la Ley de Biocidas, el funcionario reveló que cuenta con dos ingenieros agrónomos, que hacen los recorridos para fiscalizar, y tres abogados, además de la directora de Fiscalización Ambiental y personal administrativo que tramita los expedientes de las denuncias. «Este es el principal cuello de botella (por personal escaso), y además deberíamos poder abrir una delegación en el interior», indicó.
