Alerta nacional: la deuda de PAMI con las farmacias pone en riesgo el acceso a medicamentos de jubilados
Una crisis silenciosa pero de alto impacto se está gestando en las farmacias de todo el país. El atraso en los pagos de PAMI, que según el sector adeuda cerca de un mes y medio de facturas por la provisión de medicamentos a jubilados y pensionados, está al borde de afectar la continuidad del servicio.
El problema: las farmacias bancan con su caja la deuda del Estado
Si bien la atención a los afiliados sigue funcionando, el mecanismo es cada vez más frágil:
- Las farmacias están sosteniendo la prestación con fondos propios, generando un grave estrés financiero.
- Esto impacta directamente en su línea de crédito con las droguerías, dificultando o imposibilitando la reposición de medicamentos.
- «Cuando el crédito con la droguería se limita, se hace imposible reponer los productos necesarios», advirtieron desde el sector.
Un pago parcial que no alcanza
En las últimas horas ingresó un pago parcial, pero los farmacéuticos aclaran que aún quedan vencimientos pendientes a nivel nacional y que no es un problema aislado de una provincia, sino generalizado.
La advertencia es clara: la prioridad es no afectar a los afiliados, pero si la situación no se regulariza pronto, la continuidad del servicio podría verse comprometida no por falta de voluntad, sino por limitaciones económicas concretas.
El riesgo final: el jubilado sin remedios
Hoy, la entrega de medicamentos depende de la situación financiera particular de cada farmacia. Algunas podrán aguantar más tiempo, otras menos. Pero si la deuda se extiende, el escenario es que farmacias, especialmente las más chicas, se vean obligadas a negar la dispensación por no poder reponer stock.
Es una alerta roja para el sistema de salud pública: el principal organismo de cobertura de adultos mayores está generando, por demoras en el pago, un cuello de botella que podría dejar a los más vulnerables sin acceso a sus medicamentos esenciales.
La pelota está ahora en el tejado de PAMI y del gobierno nacional. La regularización urgente de los pagos no es solo una cuestión contable, sino una emergencia sanitaria y social que no admite más demora.
