Advierten que hay 50 mil familias en riesgo de perder sus ingresos por la crisis yerbatera: "Hoy el productor trabaja a pérdida"
Con costos dolarizados, caídas drásticas de rentabilidad y un fuerte impacto del DNU 23/70, las 50.000 familias que viven de la actividad yerbatera atraviesan su peor momento histórico. El precio pagado por kilo de hoja verde oscila entre 230 y 280 pesos, cuando debería ser de al menos 630 pesos para cubrir los costos de producción. "En la peor época de la historia de la Argentina, aun así ganábamos más que hoy", señalan.
El sector yerbatero atraviesa uno de los momentos más críticos de su historia reciente, marcado por una profunda devastación económica que pone en jaque la subsistencia de miles de familias agricultoras. Este escenario se agudizó tras la desregulación de las funciones del Instituto Nacional de la Yerba Mate (INYM), impulsada por el gobierno de Javier Milei, que eliminó la potestad del organismo para fijar precios mínimos de referencia.
Mientras la cosecha acumulada en 2026 registra una caída interanual superior al 5% y miles de pequeños agricultores enfrentan deudas o migran temporalmente a países vecinos para subsistir, las autoridades nacionales defienden el esquema de libre mercado al argumentar una baja en los precios al consumidor y un incremento en las exportaciones.
En diálogo con la Agencia Noticias Argentinas, el presidente de la asociación civil de productores yerbateros del norte ACPYN, Julio Petterson, trazó un diagnóstico alarmante sobre la rentabilidad y el funcionamiento de la actividad productiva en la provincia de Misiones.
Según señaló, las condiciones actuales obligan a trabajar por debajo de los costos reales de producción, en un contexto afectado por la fuerte inflación y los reiterados incrementos en el valor de los combustibles. "Nosotros tendríamos que estar revendiendo hoy un kilo de yerba a mínimo 630, 640 pesos el kilo de hoja verde, teniendo en cuenta los costos de producción, la inflación y las últimas subas de combustible que se han dado", manifestó al exponer los números que arroja la actividad en la chacra. En esa línea, advirtió que hoy en día el sector trabaja estrictamente a pérdida, lo que se traduce en un escenario donde producir equivale a fundirse.
Como núcleo central de esta problemática, apuntó contra el impacto del Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 2370, en referencia al marco de desregulación que afectó al rubro, al cual calificó como un verdadero certificado de defunción para los productores primarios.
Petterson aseguró que el precio pagado por kilo de hoja verde puesta en secadero oscila entre los 230 y 280 pesos. Esta cifra contrasta de manera dramática con los valores de referencia que estiman necesarios para cubrir la estructura de costos, al generar una brecha insostenible que margina por completo al eslabón primario de la cadena productiva.
Al contrastar la ganancia porcentual actual con períodos históricos complejos, el productor consignó que históricamente el sector nunca había bajado del 9 por ciento de participación sobre el valor del paquete en góndola, y recordó que durante la gestión de Carlos Menem se había alcanzado un piso del 8 por ciento. "En la peor época de la historia de la Argentina, aun así ganábamos más que hoy; en este momento estamos al 4 por ciento", enfatizó.
Petterson advirtió que los únicos beneficiados dentro de toda la cadena comercial son los grandes molinos y acopiadores, que según su relato "concentran el negocio y se quedan con las diferencias extraordinarias". En tanto, precisó que sobre un volumen estimado de mil millones de kilos de hoja canchada, la diferencia económica retenida por un grupo reducido de grandes actores representa una suma sideral que se drena lejos de las 50.000 familias que sostienen la actividad en la tierra colorada.
Por otro lado, analizó el comportamiento del mercado interno y externo e indicó que "si bien la exportación y el consumo interno muestran signos de crecimiento y buenos márgenes de rentabilidad global, ese éxito comercial no se traslada al precio que percibe el agricultor". En este sentido, lamentó que la yerba mate se haya convertido incluso en un sustituto de comidas para muchos sectores vulnerables ante la necesidad económica imperante, dado que quita el apetito y mantiene activo a quienes la consumen cotidianamente.
La crisis yerbatera plantea una pregunta de fondo: ¿cómo se explica que un sector con exportaciones crecientes y consumo interno sostenido deje a 50.000 familias al borde de perder sus ingresos? La respuesta está en la distribución de la renta a lo largo de la cadena: mientras los grandes molinos y acopiadores concentran las ganancias, el productor primario recibe solo el 4% del valor del paquete en góndola. ¿Es sostenible un modelo donde el eslabón más débil trabaja a pérdida? La desregulación del INYM eliminó la facultad de fijar precios mínimos de referencia, pero ¿qué mecanismos quedan para proteger a los pequeños productores? ¿Cómo se garantiza la competencia en un mercado dominado por pocos actores? Y en un contexto donde la yerba mate se ha convertido en sustituto de comidas para sectores vulnerables, cabe preguntarse: ¿qué dice esto sobre la situación social y alimentaria de la Argentina? El DNU 2370 es señalado como "certificado de defunción" para los productores primarios. ¿Qué alternativas existen: cooperativas, asociaciones, políticas provinciales? Misiones es la principal productora, pero el problema afecta a toda la cadena. ¿Qué rol le cabe al Estado nacional y al provincial en la búsqueda de soluciones? La migración temporal a países vecinos es una señal de desesperación. ¿Cuántas familias más tendrán que abandonar la actividad antes de que se tome una decisión estructural? El sector yerbatero no es solo una economía regional: es parte de la identidad y la cultura argentina. ¿Qué estamos dispuestos a hacer para sostenerlo?
