Expulsión inédita en Mendoza: quién es Janina Ortiz, la diputada que admitió haber robado
La Legislatura la destituyó con 46 votos tras su condena por el desvío de fondos en Las Heras. Es la primera expulsión desde 1983 y, pese a admitir los delitos, reclama cobrar 30 meses de sueldo.
La política mendocina sumó este miércoles un capítulo inédito. Por primera vez desde el regreso de la democracia, la Legislatura provincial expulsó a una de sus integrantes, después de haber admitido quedarse con fondos del Estado. La carrera política de Janina Ortiz terminó de la peor manera: después de ocupar uno de los cargos de mayor poder en la Municipalidad de Las Heras y de llegar a la Cámara de Diputados de Mendoza, la dirigente quedó fuera de la función pública de manera definitiva.
Su caída comenzó con una investigación por el desvío millonario de fondos municipales, continuó con una condena judicial que también alcanzó a su pareja, el exintendente Daniel Orozco, y terminó este miércoles con una votación que marcó un precedente. Ambos llegaron a sus cargos con la alianza La Unión Mendocina, un bloque opositor que había congregado en 2023 a un sector disidente de la UCR con dirigentes del Partido Demócrata.
La Cámara de Diputados aprobó su destitución con 46 votos a favor y una ausencia, dos semanas después de que Ortiz aceptara su responsabilidad penal en un juicio abreviado por el desvío de fondos públicos de la Municipalidad de Las Heras, uno de los departamentos más poblados del Gran Mendoza.
El caso de corrupción. Durante la gestión de Orozco como intendente de Las Heras (2015-2023), su pareja ocupó el cargo de secretaria de Gobierno. La investigación descubrió que, entre 2021 y 2023, desde el municipio se habían transferido más de 35,5 millones de pesos a la Cooperativa de Trabajo Manos a la Obra Limitada. El dinero debía usarse para pagar servicios de limpieza y otras tareas municipales que, según determinó la investigación, no se realizaban como figuraba en la documentación. Para justificar los pagos se utilizaron contrataciones, facturas y planillas que simulaban prestaciones. La causa, conocida en Mendoza como el escándalo de las cooperativas fantasma, alcanzó a distintos integrantes de la administración municipal.
Cómo evitaron ir a prisión. Orozco y Ortiz optaron por reconocer los hechos y aceptar un juicio abreviado. El 20 de octubre, la jueza Marina Martín homologó el acuerdo y los condenó a tres años de prisión en suspenso y a la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer cargos públicos. La pena implica que no deberán cumplirla en una cárcel mientras respeten las condiciones legales, pero quedaron impedidos de por vida de ocupar funciones públicas. En el caso de Ortiz, la condena abarcó cuatro hechos de peculado, uso de documento público falso y coacciones.
El reclamo por los salarios. Pese a haber reconocido los delitos, Ortiz mantiene un reclamo judicial para que el Estado provincial le pague alrededor de 30 meses de salarios legislativos, más intereses: los haberes que dejó de percibir desde marzo de 2024, cuando la Cámara decidió suspenderla sin goce de sueldo. La exdiputada sostiene que aquella sanción fue inconstitucional porque se adoptó antes de que existiera una sentencia penal. El planteo está en manos de la Suprema Corte de Justicia de Mendoza.
El conflicto se concentra en un aspecto legal: si la Legislatura tenía facultades para quitarle el sueldo a una diputada que todavía no había sido condenada. Para Ortiz, se vulneró su presunción de inocencia; para la Cámara, la suspensión sin goce de haberes fue una decisión válida, adoptada conforme a la Constitución provincial. La Cámara declaró improcedente su pedido, pero será la Suprema Corte la que tendrá la última palabra.
Una expulsión inédita. Los legisladores consideraron que, tras la condena penal y la inhabilitación perpetua, Ortiz había perdido las condiciones constitucionales necesarias para continuar representando a los ciudadanos. La expulsión fue aprobada por unanimidad y la Cámara declaró vacante la banca. La dirigente del PRO María Belén Castillo aparece como la próxima integrante de la Legislatura, de acuerdo con el orden de la lista electoral de 2023. Según las autoridades legislativas, no se registraba una expulsión de esta naturaleza desde la recuperación democrática de 1983.
Para reflexionar
Si una condenada por corrupción reclama 30 meses de sueldo, ¿qué dice eso sobre los incentivos del sistema y sobre el costo que asume el Estado frente a sus propios funcionarios?
¿La suspensión sin goce de haberes antes de una condena firme vulnera la presunción de inocencia o es una atribución legítima de la Legislatura?
Con una expulsión inédita en más de 40 años, ¿estamos ante un precedente que fortalecerá el control político o ante un caso excepcional que no se repetirá?
