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jueves 19 de noviembre de 2026
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La Cámara de Casación le redujo la condena por abuso sexual a José Alperovich

La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional redujo dos años la pena al exgobernador de Tucumán, condenado por abuso sexual. La nueva sentencia establece 14 años de prisión e inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos. El tribunal rechazó los cuestionamientos de la defensa sobre la valoración de las pruebas y mantuvo la condena por los nueve episodios.

hace 57 min
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La Cámara Nacional de Casación en lo Criminal y Correccional le redujo dos años la pena a José Alperovich, condenado por abuso sexual. "Fijar la nueva pena a imponer al imputado en catorce (14) años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos a nivel nacional, provincial y municipal, accesorias legales y costas", indicaron los camaristas Daniel Morin, Horacio Leonardo Días y Eugenio Sarrabayrouse.

La defensa de Alperovich había cuestionado tanto la valoración de las pruebas como la calificación legal de los hechos y la proporcionalidad de la pena impuesta. Uno de los aspectos centrales de la decisión está relacionado con los criterios utilizados para determinar la cantidad de años de prisión. Los camaristas revisaron los agravantes y atenuantes considerados por el juez Juan María Ramos Padilla, quien había condenado originalmente a Alperovich a 16 años de cárcel.

Entre los factores que habían incrementado la pena se encontraban la gravedad de los episodios, la reiteración de las agresiones, las consecuencias físicas y psicológicas para la víctima y el aprovechamiento de la posición de poder que ocupaba Alperovich como gobernador y senador nacional. También se ponderó el vínculo familiar y laboral entre ambos, así como la exposición pública de la identidad de la denunciante.

Los argumentos de Casación

Por mayoría, Casación entendió que no correspondía utilizar en contra del acusado el contenido de su estrategia defensiva durante el proceso. En particular, cuestionó que determinados argumentos de su descargo hubieran sido considerados como un elemento agravante al momento de establecer la sanción. Al respecto, el juez Días sostuvo que "el imputado no tiene obligación de decir la verdad, y que, en el marco de la licitud, toda estrategia procesal es válida". En esa línea, consideró que penalizar la postura asumida por el acusado durante su defensa podía afectar garantías constitucionales.

El tribunal también ponderó las circunstancias personales de Alperovich, entre ellas su avanzada edad, su estado de salud y el vínculo con sus cuatro hijos. Tras analizar estos elementos junto con la gravedad de los delitos, el juez Días concluyó que correspondía establecer una pena menor. Sarrabayrouse adhirió a ese criterio.

Sin embargo, la reducción no implicó una revisión favorable sobre la responsabilidad penal del exgobernador. Casación rechazó los cuestionamientos de la defensa respecto de la valoración de las pruebas y mantuvo la condena por los nueve episodios. También confirmó la inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos en los ámbitos nacional, provincial y municipal. Este último punto tiene especial relevancia: los jueces entendieron que Alperovich se había valido de su función pública y de la asimetría de poder derivada de su posición para cometer los delitos, por lo que correspondía mantener la sanción prevista en el artículo 20 bis del Código Penal.

La causa

La denuncia contra Alperovich fue radicada en 2019 por una sobrina, 35 años menor que el tres veces ex gobernador, que trabajaba para él en la campaña política electoral que intentaba reubicarlo por cuarta vez en la gobernación de Tucumán en las elecciones de 2019.

Según la investigación, los delitos ocurrieron entre el 14 de diciembre de 2017 y el 26 de marzo de 2018, en las ciudades de San Miguel de Tucumán y Yerba Buena, y en un departamento de Alperovich en el barrio porteño de Puerto Madero, momento en el que ocupaba una banca en el Senado nacional. "En todos los casos, mediando para su comisión intimidación, abuso de una relación de dependencia, de poder y de autoridad", se sostuvo en la acusación.

Para el fiscal, Alperovich se valió de su superioridad para concretar los abusos. "Avasalló totalmente a la víctima, la convirtió en un objeto de su placer sexual", se afirmó. En los fundamentos de la condena, el tribunal afirmó que "medió violencia, abuso coactivo e intimidatorio de una relación de dependencia, de autoridad y de poder, aprovechándose de que la víctima no haya podido consentir los actos. Alperovich abusó de su sobrina segunda, valiéndose de la asimetría de poder que tenía frente a ella. Él era su jefe, detentaba un poder político de inmensa magnitud en la Provincia".

La reducción de la pena de 16 a 14 años generó indignación en amplios sectores. ¿Es proporcionada la nueva condena? ¿Se valoró adecuadamente la gravedad de los hechos y el abuso de poder? La pregunta es pertinente porque el propio tribunal reconoció la asimetría de poder como agravante.

Llama la atención el argumento de Casación sobre la estrategia defensiva. ¿Es legítimo que el acusado no diga la verdad? Sí, es un derecho. Pero ¿debería eso beneficiarlo con una reducción de pena? La pregunta apunta a la tensión entre garantías procesales y reparación de las víctimas.

La edad y el estado de salud de Alperovich fueron considerados atenuantes. ¿Es justo que un condenado por abuso sexual reciba un trato más benigno por su edad? La pregunta es incómoda, pero necesaria.

La inhabilitación perpetua se mantuvo, lo que es una señal importante: los delitos cometidos desde el poder no pueden quedar impunes. ¿Se cumplirá efectivamente? ¿O hay mecanismos para eludirla?

Finalmente, la pregunta de fondo: ¿qué mensaje envía esta sentencia a las víctimas de abuso sexual? La reducción de pena puede interpretarse como una revictimización. La lucha contra la violencia de género requiere decisiones judiciales que no retrocedan. La condena se mantiene, pero la reducción duele.
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