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jueves 19 de noviembre de 2026
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El Gobierno nacional inyectó $15,6 billones al Presupuesto 2026 por mayor inflación

Finalmente, el gobierno de Milei tuvo que ampliar el Presupuesto 2026 en $15,6 billones a raíz de una mayor inflación efectiva a la proyectada. Para cumplir con obligaciones inminentes, la Casa Rosada emitió un DNU firmado por todo el Gabinete, incluido Luis Caputo. Resigna superávit para cumplir con obligaciones. La mayor parte de los recursos serán destinados al PAMI y al pago de deuda.

hace 6 h
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En ese sentido, el ministro de Economía tuvo que autorizar la resignación práctica de parte del superávit para ampliar en más de un 10% los créditos de gasto público disponibles. La mayor parte de los recursos serán destinados al PAMI, además del cumplimiento en el pago de las obligaciones de deuda asumida.
Respecto al desbalance inflacionario, el Presupuesto 2026 original proyectaba una aceleración de precios cercana al 18%. En efecto, esa estimación se quedó muy por detrás de la velocidad real de los costos, que actualmente se acerca al 33%.

Bajo ese contexto, casi todas las partidas estatales quedaron desfasadas, generando un riesgo creciente de conflicto múltiple. Algo que el Gobierno nacional querría evitar a toda costa, en especial para garantizarse un cierre de año tranquilo en vísperas al periodo de revalidación electoral.

"Resulta necesario adecuar el Presupuesto General de la Administración Nacional para el Ejercicio 2026 con el objeto de dotar a las áreas competentes de los recursos necesarios para el cumplimiento de sus funciones. Que, de no realizarse la adecuación del presupuesto de forma inmediata, peligraría la prestación de ciertos servicios esenciales cuyo responsable es el Estado Nacional", justificaron.

Inevitablemente, la ampliación del gasto de cara a fin de año sería financiado con parte del superávit proyectado. Se trata de un resultado sensible para el Ministerio de Economía, que defendió su preservación a toda costa, incluso disparando grandes problemas políticos para el Gobierno nacional. En ese sentido, el saldo positivo se reduciría en unos $7,5 billones. Además, los recursos corrientes y de capital aumentarían a un ritmo mucho menor que el gasto, apenas superando los $8 billones.

La presente adecuación presupuestaria contempla, entre otras cuestiones, el refuerzo de los créditos de gastos en personal, con el fin de atender necesidades vigentes en materia salarial, de gastos de funcionamiento, de inteligencia, equipamiento, así como de los créditos para pago de becas, compensaciones, transferencias varias y erogaciones que hacen al cumplimiento del cometido de las Jurisdicciones y Entidades de la Administración Nacional, anticipa el decreto.

Recursos para PAMI

Uno de los grandes aumentos de presupuesto empujados por la inflación serán destinados al PAMI. La obra social de jubilados y pensionados prevé un incremento de créditos en $10 billones, lo que representa casi el 66% de la ampliación autorizada. Esto último comprende la reacción oficial a los aumentos en un sector de alta sensibilidad social. Con problemas de prestaciones durante todo el año, el aumento de recursos para el PAMI intentaría contener uno de los focos de conflicto latente más graves para la Casa Rosada.

En segunda escala aparecen los gastos de deuda. En ese marco, el Gobierno amplió partidas en $3,9 billones para atender intereses y comisiones. También se expandieron partidas en Salud y Defensa. La mayor afectación de recursos estuvo dirigida a los Servicios Económicos, donde se redujeron créditos por aproximadamente $2,3 billones.

La ampliación del Presupuesto por $15,6 billones es una señal de que la inflación no se controló como se esperaba. ¿Qué implica esto para la meta fiscal? La pregunta es pertinente porque el Gobierno se enorgullece del superávit, pero ahora debe resignar parte de él.

Llama la atención que el 66% de la ampliación se destine al PAMI. ¿Es una medida de justicia social o una respuesta a la presión de un sector vulnerable? La pregunta apunta a la sensibilidad política de la medida.

El DNU firmado por todo el Gabinete sugiere urgencia. ¿Por qué no se discutió en el Congreso? ¿Se está evitando el debate parlamentario? La pregunta es clave para evaluar la calidad institucional de la decisión.
Los gastos de deuda aumentaron $3,9 billones. ¿Es sostenible? ¿O se está hipotecando el futuro? La pregunta es pertinente porque el endeudamiento es una carga para las próximas generaciones.

Finalmente, la pregunta de fondo: ¿qué pasa con las demás partidas? Salud y Defensa se expandieron, pero Servicios Económicos se redujo en $2,3 billones. ¿Se está priorizando el gasto social y la deuda en detrimento de la inversión productiva? La respuesta dirá mucho sobre el modelo económico en marcha.

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