Bullying en el Chaco: no es delito, pero crece el reclamo por respuestas legales ante casos cada vez más graves

El bullying dejó de ser un problema limitado al aula y se convirtió en un fenómeno social que también avanza en redes sociales, grupos de WhatsApp y otros entornos digitales. En la provincia del Chaco, la preocupación crece, pero desde el punto de vista legal persiste una realidad que sorprende a muchas familias: el acoso escolar no está tipificado como delito.

Así lo explicó la abogada y capacitadora Romina Muro, quien advirtió que, pese a la gravedad de muchos casos, en Argentina no existe una figura penal ni contravencional específica para el bullying. «Muchas personas creen que pueden denunciarlo en una comisaría, pero se encuentran con que no constituye delito», señaló. «Llegan padres desesperados porque su hijo no quiere ir más a la escuela, porque le pegan, lo humillan, lo graban. Y cuando van a hacer la denuncia, les dicen que no hay delito. Esa frustración es enorme», agregó la especialista.

La normativa existe, pero no se aplica

En ese marco, el abordaje del problema recae principalmente en el sistema educativo. Existen leyes y resoluciones que establecen protocolos de actuación, como programas de detección y prevención del acoso escolar, pero en la práctica —según Muro— hay una gran falencia: la falta de capacitación docente para aplicar esas herramientas. «La normativa está, pero muchas veces no se implementa porque no hay formación suficiente. Eso hace que las situaciones desborden lo escolar y escalen a un problema social», explicó. «Los docentes no están preparados para detectar el bullying, y menos para intervenir. No es mala voluntad, es falta de herramientas», sostuvo.

Redes sociales: el bullying que no termina en la escuela

Uno de los aspectos más complejos es la continuidad del acoso fuera del ámbito escolar. Hoy, los conflictos siguen en internet, donde los límites de intervención son más difusos. En estos casos, las escuelas tienen menos margen de acción directa. «El docente no puede intervenir sobre dispositivos personales, pero sí debe registrar lo que ocurre y dar intervención a áreas como cibercrimen», indicó la especialista. «El acoso no termina en el timbre. Cuando el chico llega a su casa, lo esperan los mensajes en WhatsApp, los comentarios en redes, las fotos editadas. Eso es mucho más difícil de controlar», advirtió.

Aquí, el rol de las familias se vuelve clave como primera barrera de contención. Sin embargo, cuando la situación supera esa instancia, debería intervenir el sistema de protección integral de derechos —como la línea 102—, aunque también presenta limitaciones en la práctica. «Muchas veces la línea 102 deriva, pero no resuelve. Y mientras tanto, el chico sigue sufriendo», denunció Muro.

Cuando la escuela no alcanza, aparece la Justicia

Si bien el bullying no es delito, existen caminos judiciales alternativos. Muro mencionó el caso de una adolescente en Corrientes donde, ante un acoso sostenido por parte de un grupo de compañeros, la madre recurrió a la Justicia. El juez intervino, tomó medidas cautelares y dispuso que una de las agresoras reciba tratamiento psicológico y continúe sus estudios de forma virtual hasta estar en condiciones de volver al aula. «Ese abordaje permitió evitar un desenlace trágico», remarcó. Sin embargo, este tipo de intervenciones aún no es habitual en la provincia del Chaco. «Depende mucho de la sensibilidad del juez y del acompañamiento de los padres. No todos los casos tienen el mismo final», señaló.

Un sistema con normas, pero sin recursos

El diagnóstico es claro: hay legislación, pero faltan recursos humanos y económicos para aplicarla. La falta de capacitación atraviesa no solo al sistema educativo, sino también a otros actores que podrían intervenir, como la Justicia. Además, la reciente modificación en la edad de imputabilidad —que comenzará a regir en septiembre— abre nuevos debates, aunque no cambia la situación del bullying en sí. «Para que sea punible, tiene que estar tipificado. Hoy no lo está», aclaró Muro. «Bajar la edad de imputabilidad no sirve de nada si no hay una figura penal específica. El bullying sigue sin ser delito», explicó.

Mientras tanto, en otras provincias ya se analizan figuras contravencionales para abordar estos casos, lo que podría marcar el camino a futuro. «Santa Fe y Córdoba ya están estudiando proyectos. El Chaco no puede quedarse atrás», opinó la abogada.

Un problema que interpela a toda la sociedad

El bullying ya no puede pensarse como un conflicto menor ni aislado. Sus consecuencias pueden ser graves y, en algunos casos, irreversibles. La falta de respuestas concretas y coordinadas deja a muchas familias sin herramientas claras para actuar. «Esperar hasta el final no trae buenas consecuencias», advirtió la especialista, quien insistió en la necesidad de intervenir a tiempo. «Cuando un chico ya no quiere ir a la escuela, cuando se aísla, cuando llora sin motivo, algo está pasando. No hay que esperar a que sea demasiado tarde», concluyó.

El desafío, coinciden los especialistas, no es solo crear nuevas leyes, sino garantizar que las que ya existen se apliquen de manera efectiva. Mientras tanto, el reclamo por soluciones crece al ritmo de un problema que no deja de expandirse.

En primer lugar, el bullying no está tipificado como delito en Argentina, lo que limita las acciones judiciales. A continuación, las escuelas tienen protocolos, pero los docentes no están capacitados para aplicarlos. Además, el acoso en redes sociales escapa al control escolar y requiere intervención de cibercrimen. Por último, la línea 102 y el sistema de protección tienen recursos limitados para abordar estos casos.

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