Catastro, un caos: ni por orden judicial hay respuestas

La falta de decisión política para ponerle un límite a los abusos gremiales convirtió en un pantano administrativo a un área clave para trámites y gestiones de mucho valor para miles de personas. La situación lleva años y ahora entidades profesionales vuelven  pedir una respuesta oficial.

Desde hace años la Dirección Provincial de Catastro es tierra de nadie. Una exasperante rutina gremial consistente en convocar a medidas de fuerza de manera permanente convirtió a esa dependencia en un territorio donde las gestiones y los trámites de miles de personas se empantanan y se tornan imposibles de concretar.

Si se tomaran en cuenta los días de funcionamiento normal de ese organismo, se llegaría a la conclusión de que una buena parte de su personal trabaja apenas algunos días al año. La situación dio lugar a reclamos enérgicos de entidades profesionales que cada tanto denuncian lo insostenible de la situación, pero jamás hubo en el gobierno saliente la decisión política suficiente como para ponerle un punto final a los perjuicios que padecen miles de personas, incluidas familias que no pueden completar documentación necesaria para transferencias de casas y otras operaciones.

NI POR ORDEN JUDICIAL

Ante la frustración cotidiana de trámites, la Federación de Profesionales Universitarios del Chaco difundió ayer una declaración en la que vuelve a expresar su «preocupación institucional» por el recurrente colapso de Catastro, que se convirtió en una dependencia fantasma del Estado, que existe pero no permite gestionar nada.

Por eso la Fepuch habla de una «crítica y anárquica situación que atraviesa la Dirección de Catastro y Cartografía Provincial», en razón de que el organismo «no cumple con las funciones públicas que conforman su competencia, en tanto su personal ha resuelto adoptar medidas de fuerza sin término y sin garantizar ninguna guardia mínima, como corresponde siempre que se trate de una función esencial del Estado».

El tema de las guardias mínimas es todo un asunto dentro del problema, ya que ni siquiera órdenes impartidas por la justicia provincial para que las mismas se dispongan -como debe suceder siempre con medidas de fuerza en servicios esenciales- han sido acatadas por los gremios que actúan en Catastro. La disposición de esas atenciones mínimas funcionó en algunas ocasiones, pero la Fepuch dice en su comunicado que ahora «la paralización del catastro provincial es total».

SERIOS PERJUICIOS

Sobre las consecuencias de ello, la federación profesional apunta que se está provocando «una severa y perjudicial restricción a la regularización dominial,  a la libre transmisión del dominio sobre bienes inmuebles y una lamentable afectación colectiva a la seguridad jurídica de todo el pueblo chaqueño». 

«Por supuesto que esta paralización del catastro tiene además una incalculable repercusión económica negativa, para el presente y para el futuro -advierte luego-. En el hoy significa obstruir cualquier proyecto inmobiliario en la provincia, con el consecuente lucro cesante para el amplio sector de empresarios, profesionales y trabajadores que obtienen su sustento de esa actividad económica. Pero además hoy también se perjudica todo el pueblo chaqueño porque el Estado provincial obtiene sustantivos ingresos fiscales por el tráfico inmobiliario y por las derivaciones productivas y comerciales que desencadena la actividad inmobiliaria. Esos recursos que hoy no se recaudan porque el Estado no presta debidamente una de sus funciones públicas, se traduce en bajas o reducciones de los recursos que siempre son escasos para atender las crecientes y urgentes necesidades de una sociedad que sufre como calamidad la crisis económica y social que el país atraviesa». 

La Fepuch dice que, mirando hacia adelante, «la paralización de este vital servicio público nos perjudicará  por medio de las consecuencias perniciosas que para toda sociedad en el año 2023 provoca la ausencia de seguridad jurídica: perderemos atractivo como destino de las inversiones, incluso de las locales que ya hoy prefieren invertir en otras provincias e incluso en algún país limítrofe. Nadie se arriesga a invertir (que es lo mismo que decir que nadie pondrá su dinero) en una provincia donde la ley no se cumple y los trabajadores públicos deciden cuándo el Estado cumple con sus funciones que, teóricamente, deberían ser obligatorias y continuas siempre». 

JUSTICIA IGNORADA

El conglomerado de entidades profesionales (que representa a escribanos, agrimensores, abogados, arquitectos, ingenieros, corredores inmobiliarios, martilleros, entre otros) añade que el cuadro de situación «tiene, como si fuera poco, el agravante de que la paralización del catastro provincial se hace incluso en violación y sin respetar dos sentencias judiciales» dictadas por tribunales de la provincia en acciones iniciadas por entidades que buscaron en el Poder Judicial las respuestas que no podían hallar en el poder político. 

En esas actuaciones, recuerda la Fepuch, «se han dictado dos medidas cautelares que hasta ahora se venían cumpliendo y permitían una mínima, aunque no satisfactoria, prestación del servicio catastral. Por la primera de ellas se imponía una guardia mínima esencial ante las recurrentes medidas de fuerza adoptadas por el personal. A través de la segunda se precisaba que ese servicio mínimo no podía ser alterado ni afectado por las movilizaciones y ruidos que se producían por el ejercicio de los reclamos laborales del mismo personal. Hoy el personal no garantiza guardias mínimas ni respeta la exigencia de no entorpecer ni molestar a quienes sí quieran trabajar». 

«Nos han ganado las vías de hecho, estamos perdiendo el respeto a la ley y el reconocimiento de su carácter su obligatorio,  a la par que pareciera que creemos que las sentencias judiciales son indicaciones no imperativas, cuyos destinatarios pueden decidir si las acatan o las siguen violando», lamenta la federación.  

SIN LÍMITES

«Los hechos que denunciamos constituyen una violación colectiva de los derechos del pueblo chaqueño con repercusión perjudicial comunitaria que trasciende en daño y en magnitud a los derechos que puedan invocar quienes reclaman por mejoras laborales sin ningún límite frente al resto de los derechos que violentan», agregan las entidades profesionales.

En el final de la declaración, la Fepuch dice que expone la gravedad de lo que sucede en Castastro «ante el inminente cambio de gobierno provincial» a fin de plantear «nuestro más firme reclamo para que la situación crítica que denunciamos sea abordada con las notas típicas de la emergencia, porque se trata de una real y trascendente circunstancia de crisis que provoca afectaciones masivas de derechos y que por tanto debe ser tratada con medios proporcionalmente eficaces y enérgicos». 

«Necesitamos volver al camino del cumplimiento de la legalidad, única seguridad que tendremos de que todos los derechos serán igualmente respetados y que nadie impondrá mediante la fuerza, el atropello o la violencia sus intereses a la colectividad o sus necesidades egoístas frente a las legítimas aspiraciones del resto a ejercer igualmente sus propios derechos», dicen.

«Si se emprende ese camino de regularización mediante la rendición de todos ante la ley, nosotros estaremos para acompañar y apoyar desde el sector profesional privado, convencidos como estamos de que la salida de los males que nos impiden progresar solo se encuentra en la cooperación social y en el convencido cumplimiento de la legalidad», expresa la declaración institucional.