Cierre de Vialidad Nacional y la controvertida licitación de u$s 2,4 millones en neumáticos: ¿Maniobra para beneficiar al sector privado?
El 7 de julio de 2025, el Gobierno de Javier Milei oficializó, mediante el Decreto 461/2025, la disolución de la Dirección Nacional de Vialidad (DNV), la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV) y la Comisión Nacional del Tránsito y la Seguridad Vial, argumentando ineficiencias y casos históricos de corrupción, como la causa Vialidad que condenó a Cristina Kirchner (Infobae, El Cronista). Sin embargo, el mismo día del cierre, la DNV, bajo la gestión de Marcelo Campoy, autorizó una licitación por u$s 2,4 millones para la compra de neumáticos (Resumen Latinoamericano, El Destape), una decisión que, junto a otra licitación previa por un sistema de vigilancia de $3.143.775.002, suma más de u$s 5 millones en gastos para un organismo en proceso de disolución. Estas operaciones han generado fuertes críticas y sospechas de irregularidades, en un contexto de deterioro de las rutas nacionales y tensiones económicas en el Chaco.
Contexto del cierre de Vialidad Nacional
El Gobierno justificó la disolución de la DNV, que empleaba a 5.184 agentes (1.091 en Casa Central y 4.053 en 24 distritos viales), argumentando que su estructura “compleja” y “jerárquica extensiva” generaba altos costos operativos y falta de agilidad en la ejecución de proyectos (LA NACION, El Cronista). Según el vocero presidencial Manuel Adorni, la medida generará un ahorro anual de u$s 100 millones y optimizará el mantenimiento de rutas mediante una mayor participación del sector privado, con funciones reasignadas al Ministerio de Economía y la Gendarmería Nacional (Infobae, Ámbito). Adorni vinculó el cierre a la causa Vialidad, destacando “contratos públicos amañados” y “adelantos financieros sin justificación” durante los gobiernos kirchneristas (Casa Rosada).
Sin embargo, la Cámara Argentina de la Construcción (CAMARCO) expresó “profunda preocupación” por el impacto en 30.000 km de rutas no concesionadas, alertando sobre la incertidumbre en la continuidad de obras y el empleo (Infobae). La Federación de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas (Fadeeac) señaló que el deterioro de las rutas, con un 75% menos de inversión entre enero y mayo de 2025 respecto a 2023, aumenta los siniestros viales y afecta la competitividad del transporte, que aporta $850.000 millones anuales vía el Impuesto a los Combustibles (El Cronista). Gremios como el Sindicato de Trabajadores Viales (STV) y la Federación del Personal de Vialidad (Fepevina) denunciaron un “deliberado desfinanciamiento” y el riesgo de “rutas nacionales de la muerte” (STVyARA).
La licitación de neumáticos: Detalles y críticas
El 7 de julio, Marcelo Campoy, administrador general de la DNV, autorizó la Licitación Pública Nacional N.° 46-0036-LPU25 para adquirir neumáticos por $2.899.136.361,36 (equivalente a u$s 2.415.946 al tipo de cambio de $1.200 por dólar). Un portavoz de la DNV justificó la compra por la “continuidad de obras de mantenimiento” durante el proceso de cierre, pero esta explicación fue cuestionada por sindicatos y gobernadores, quienes denuncian la paralización de trabajos en rutas nacionales (El Destape, Resumen Latinoamericano). Esta licitación se suma a otra por $3.143.775.002 para un sistema de monitoreo de personal con tecnología de inteligencia artificial y reconocimiento facial, revelada por El Destape a principios de julio (Cuestion Entrerriana).
Fabián Cattanzaro, secretario gremial de Fepevina, afirmó: “Están reequipando a una Vialidad Nacional disuelta. No tiene ninguna lógica ni racionalidad más que la de cerrar una compra que vaya uno a saber quién va a usufructuar” (El Destape). Graciela Aleñá, secretaria general del STV, comparó la situación con los años 90 bajo Carlos Menem, cuando se pavimentaban rutas para luego concesionarlas: “Nadie dice cómo va a ser la reestructuración. Si querían usar esa millonada debió ser para repavimentar o tapar los baches de las rutas que son un desastre” (Infogremiales). Los gremios sospechan que estas compras podrían facilitar el traspaso del parque automotor de la DNV a concesionarios privados o provincias, en contradicción con las leyes de Administración Financiera y Ética Pública (Resumen Latinoamericano).
Reacciones legales y gremiales
El STV, liderado por Aleñá, amplió una demanda ante el Juzgado Federal N° 6 contra el secretario de Hacienda, Carlos Guberman, por incumplimiento de deberes al no transferir fondos del Impuesto a los Combustibles, argumentando que las licitaciones demuestran la existencia de recursos (El Destape). Además, Aleñá presentó una acción de amparo en el Juzgado Nacional del Trabajo N° 23 contra el Decreto 461/25, calificándolo de “ilegal y arbitrario” por vulnerar derechos laborales y constitucionales, y por amenazar la seguridad vial al desmantelar organismos esenciales (Cuestion Entrerriana). Diputados como Esteban Paulón y Mónica Frade también presentaron un proyecto de ley para revertir la disolución, destacando el rol estratégico de la DNV en la infraestructura nacional (Ámbito).
Impacto en el Chaco
En el Chaco, donde el déficit financiero provincial alcanza el 8,5% (Politikón Chaco), el cierre de la DNV agrava las preocupaciones por el mantenimiento de rutas clave, como la Ruta Nacional 11 (Resistencia-Paraguay), que opera bajo un contrato de mantenimiento sin peaje (Wikipedia). La Federación Argentina de Entidades Empresarias del Autotransporte de Cargas reportó que las rutas chaqueñas, como muchas nacionales, presentan “cráteres, falta de señalización y banquinas deterioradas” (El Cronista), afectando la logística y la seguridad. La Canasta de Crianza ($411.201-$517.364, INDEC) y la pérdida del 32% del poder adquisitivo de las jubilaciones (CEPA) limitan la capacidad de las familias para enfrentar costos asociados al transporte. Iniciativas como la Feria Provincial del Libro y la Olimpiada Provincial Historia de Malvinas, presentadas el 16 de julio, buscan fortalecer la cohesión social, pero no abordan directamente el impacto del deterioro vial.
Reflexión y debate
La licitación de u$s 2,4 millones en neumáticos, junto al gasto en vigilancia, plantea serias dudas sobre la transparencia en el proceso de cierre de la DNV. ¿Es esta una maniobra para beneficiar a privados en detrimento del patrimonio estatal? ¿Cómo garantizará el Chaco el mantenimiento de sus rutas en un contexto de desfinanciamiento? Invitamos a los lectores a compartir sus perspectivas en los comentarios y a debatir sobre el futuro de la infraestructura vial en la provincia y el país.
Fuentes: El Destape, Resumen Latinoamericano, Infobae, El Cronista, Ámbito, LA NACION, Cuestion Entrerriana, Infogremiales, Wikipedia, Casa Rosada, @gkatopodis (X), @juliocobos (X)
