Condenan a Contrabandistas que se Tirotearon con la Policía y Deberán Pagar una Multa de $343 Millones
El Tribunal Oral Federal de Resistencia resolvió un caso en el marco de un juicio abreviado, condenando a dos hombres a un año de prisión en suspenso y a pagar una multa de $343 millones por delitos de encubrimiento de contrabando, adulteración de numeración de vehículos y resistencia a la autoridad.
Detalles del Caso
El 3 de enero de 2025, los dos hombres fueron interceptados en el kilómetro 1041 de la Ruta Nacional 11, en Chaco, mientras transportaban 5,992 brezas de cigarrillos de la marca Rodeo sin aval aduanero, valuados en $85,805,046.86. Al intentar evadir el control policial, iniciaron una persecución que culminó con su detención tras un enfrentamiento en el que se intercambiaron disparos.
Los vehículos utilizados, una Toyota Hilux gris y una Toyota SW4 blanca, presentaban numeraciones de chasis y motor adulteradas, vinculadas a autopartes robadas.
Sentencia del Tribunal
El viernes 6 de junio pasado, el Tribunal Oral Federal de Resistencia condenó a P.A.G., de 31 años, y a J.A.V.P., de 43 años y nacionalidad paraguaya, a un año de prisión en suspenso y una multa millonaria. Los condenados admitieron su responsabilidad en un juicio abreviado, evitando un proceso prolongado.
El juez Juan Manuel Iglesias determinó que ambos actuaron como coautores y aplicó una pena de un año de prisión en suspenso, bajo reglas de conducta como fijar domicilio legal y abstenerse de consumir alcohol o drogas. Además, se les imputó resistencia a la autoridad por huir y desobedecer órdenes policiales.
Multa y Decomiso
El fallo destacó que, aunque no se probó su participación directa en el ingreso clandestino de los cigarrillos, sabían que la mercancía era ilícita. Se fijó una multa de cuatro veces el valor de la mercancía incautada, es decir, un monto total de $343,220,187.44.
Además, el juez dispuso el decomiso de los vehículos, $33,200 en efectivo y dos teléfonos celulares. Los condenados deberán pagar la multa en 10 días y regularizar las tasas judiciales. La causa fue remitida al Juzgado de Ejecución Penal y se notificará a Migraciones por la nacionalidad paraguaya de uno de los condenados.
Preguntas para la Reflexión y el Debate:
- ¿Cómo pueden las sentencias judiciales contribuir a la disuasión del contrabando y otros delitos relacionados? Las sentencias judiciales pueden contribuir a la disuasión al imponer penas significativas que reflejen la gravedad de los delitos, promoviendo así el cumplimiento de la ley y desalentando futuras actividades ilegales.
- ¿Qué impacto tienen las multas millonarias en la economía de los infractores y en la sociedad? Las multas millonarias pueden tener un impacto significativo en la economía de los infractores al reducir sus recursos financieros, y en la sociedad al enviar un mensaje claro sobre las consecuencias de participar en actividades ilegales.
- ¿De qué manera pueden las autoridades mejorar la efectividad de los controles para prevenir el contrabando? Las autoridades pueden mejorar la efectividad mediante la implementación de tecnología avanzada para la detección de mercancías ilegales, la capacitación continua de los agentes y la promoción de campañas de concientización sobre las consecuencias del contrabando.
- ¿Cómo pueden las comunidades apoyar los esfuerzos de las autoridades en la lucha contra el contrabando? Las comunidades pueden apoyar mediante la denuncia de actividades sospechosas, la participación en programas de prevención y la promoción de valores de respeto a la ley y a las instituciones.
- ¿Qué estrategias podrían implementarse para asegurar la rehabilitación de los infractores condenados? Para asegurar la rehabilitación, es importante implementar programas de reinserción social, ofrecer oportunidades de educación y capacitación laboral, y promover la participación en actividades comunitarias que fomenten la reintegración positiva en la sociedad.
Este caso refleja la importancia de la aplicación de la ley y la imposición de penas significativas para combatir el contrabando y otros delitos relacionados, asegurando así la protección de la economía y la seguridad pública.
