Confirmaron la Suspensión del Decreto que Buscaba Convertir al Banco Nación en Sociedad Anónima

La Sala III de la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, con el voto de los jueces Carlos Vallefín y Roberto Lemos Arias, ha confirmado la suspensión del decreto 116/2025, que buscaba transformar el Banco de la Nación Argentina (BNA) en una sociedad anónima. Esta decisión se enmarca en una acción legal promovida por trabajadores de la entidad, con el apoyo de la Asociación Bancaria como «amicus curiae», quienes cuestionaron las acciones oficiales destinadas a la privatización del banco.

Contexto y Decisión Judicial

El juez de primera instancia admitió el planteo de los trabajadores y decretó una medida cautelar que suspendía el decreto en cuestión. Esta decisión fue apelada tanto por el Estado Nacional como por el Banco de la Nación Argentina. Sin embargo, el tribunal de alzada confirmó la suspensión, argumentando que los trabajadores estaban legitimados para cuestionar la regularidad constitucional del decreto que buscaba transformar una entidad autárquica, gobernada por el derecho público, en una sociedad anónima.

Fundamentos de la Decisión

La Cámara Federal sostuvo que los requisitos para otorgar la medida cautelar se encontraban satisfechos, destacando la verosimilitud del derecho, el peligro en la demora y la no afectación del interés público. Además, se explicó que la privatización del Banco de la Nación Argentina fue excluida del proyecto original que culminó con la sanción de la ley 27.742 de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos.

Esta exclusión, según el tribunal, indica que el Congreso diferió a un juicio futuro la posibilidad de examinar la modificación de la condición jurídica del BNA, y que el trámite parlamentario no incluyó a dicha institución entre las entidades privatizables. Por lo tanto, la delegación que invoca el Poder Ejecutivo para transformar al BNA en una sociedad anónima no puede aplicarse a una entidad cuya naturaleza jurídica no fue habilitada para modificar por el Congreso.

Conclusión

Con estos fundamentos, el tribunal rechazó los recursos de apelación y confirmó la suspensión del decreto 116/2025, reafirmando la importancia de respetar los procedimientos legales y constitucionales en la transformación de entidades públicas.

Preguntas para la Reflexión y el Debate:

1. ¿Cómo puede la suspensión de un decreto afectar la planificación y ejecución de políticas públicas?
2. ¿Qué impacto tiene la participación de los trabajadores y las asociaciones gremiales en la defensa de los intereses públicos?
3. ¿De qué manera pueden las decisiones judiciales influir en la estabilidad y el funcionamiento de las entidades públicas?
4. ¿Cómo pueden los procesos legales asegurar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública?
5. ¿Qué papel juegan las medidas cautelares en la protección de los derechos de los trabajadores y la ciudadanía?

La confirmación de la suspensión del decreto refleja la importancia de los procesos legales y la participación ciudadana en la defensa de los intereses públicos. La colaboración entre los trabajadores, las asociaciones gremiales y las autoridades judiciales es esencial para asegurar la transparencia y la responsabilidad en la gestión pública.