Conflicto de tierras en Avia Terai: denuncian «capricho judicial» en violento operativo de desalojo

En una entrevista exclusiva con Radio La Red, Nicolás Saboñik, propietario afectado, denunció que la jueza interviniente ordenó el desalojo de su hijo mayor a pesar de contar con la adjudicación oficial del Instituto de Colonización. El conflicto, que involucra una disputa familiar, mantiene en vilo a la zona rural del Lote 13. La tensión crece en el departamento Independencia. Lo que comenzó como una disputa familiar por la tenencia de parcelas productivas ha escalado a un conflicto judicial que movilizó un imponente despliegue policial en el Lote 13 de Avia Terai. Nicolás Saboñik, un productor de 76 años que atraviesa un delicado estado de salud, relató en diálogo con Radio La Red 92.9 MHz el mal momento que vive su familia ante una orden de desalojo que considera totalmente injusta e irregular.

Según explicó Saboñik, «la Dra. Filipchuk dictó una orden de desalojo en apenas 48 horas, sin permitir presentaciones ni brindar explicaciones previas». El operativo policial, que incluye infantería, caballería y bomberos, apunta contra las parcelas 21, 22, 23 y 24. Sin embargo, el foco del conflicto se centra en la parcela 21, la cual, según el entrevistado, pertenece legalmente a su hijo mayor, Ariel Nicolás Saboñik, quien posee la adjudicación correspondiente emitida por el Instituto de Colonización. El denunciante sostiene que «la jueza está actuando bajo un error al confundir los derechos de su hijo mayor con las pretensiones de su hijo menor, Alcides Gabriel. Él quiere ir por todo… no sé si hay un arreglo entre la jueza y los abogados», disparó Saboñik, subrayando que Alcides es en realidad un empleado de la empresa familiar y no posee títulos sobre esas tierras.

Uno de los puntos más polémicos del relato de Saboñik fue el trato recibido por su abogada, la Dra. Liliana Falcón. De acuerdo con el testimonio, la letrada intentó presentar la documentación que acredita la propiedad de Ariel Nicolás esta misma mañana, pero la jueza se negó a recibirla. «Le cerró la puerta en la cara», afirmó Saboñik, y agregó que la respuesta de la magistrada a través de su secretario fue: «Yo soy dueña de mi juzgado y a mí nadie me va a enseñar». Para el productor, esta actitud demuestra un ensañamiento personal. La urgencia de la familia Saboñik no es solo legal, sino también económica. El campo ya está trabajado y la siembra debería comenzar en un plazo de diez días. «Si nos desalojan, ¿quién se hace responsable de que no se va a poder sembrar y vamos a perder una campaña?», cuestionó Nicolás, quien también advirtió que la jueza prometió resolver el fondo del asunto en tres días, justo antes de que inicie el receso judicial, lo que dejaría a la familia sin margen de maniobra.

No es la primera vez que la familia Saboñik enfrenta esta situación. A principios de año, Nicolás y su esposa ya habían sufrido un intento de desalojo del Lote 28, el cual lograron frenar. En esta ocasión, el ataque se ha desplazado hacia las tierras de su hijo mayor. Hacia el final de la entrevista, el productor pidió que el caso tome estado público para que las autoridades provinciales y el Instituto de Colonización tomen cartas en el asunto. «Que la gente se entere cómo se está trabajando acá en Sáenz Peña», concluyó, agradeciendo el espacio brindado por la radio para visibilizar lo que considera un atropello judicial.

El conflicto de tierras en Avia Terai expone la fragilidad del sistema de tenencia de la tierra en el Chaco, donde una orden judicial puede poner en jaque años de trabajo y la inversión de una familia entera. La denuncia de Saboñik, con la documentación del Instituto de Colonización en mano y el testimonio de una abogada que no pudo ser recibida, plantea serias dudas sobre el proceder de la jueza. La combinación de un desalojo exprés en 48 horas, la negativa a recibir pruebas y un operativo policial de gran envergadura genera un escenario de indefensión que recuerda los conflictos de tierras que suelen estallar en el interior del país cuando la Justicia y la administración de la tierra no logran ponerse de acuerdo. La pregunta que queda es si la Justicia chaqueña actuará con celeridad para evitar que una campaña se pierda y una familia quede en la calle, o si el «capricho judicial» denunciado terminará por consumar un desalojo que podría haberse evitado con una audiencia justa. ¿Creés que la jueza actuó de forma arbitraria o hay elementos de la disputa que no se conocen? ¿Qué debería hacer el Estado para evitar que los conflictios de tierras terminen en desalojos violentos? Dejanos tu comentario.